domingo, 1 de marzo de 2009
sábado, 28 de febrero de 2009
Prepotencia legislativa
Antonio José Chinchetru en Libertad Digital
La legislación española, como muchas otras, está plagada de pequeños atentados contra la libertad de expresión. No suelen percibirse como tales pero lo son y, por ese motivo, deberían desaparecer de la normativa legal. Un ejemplo es la prohibición, vía artículo 69.7 de la Ley Electoral, de publicar encuestas de intención de votos los cinco días previos a la celebración de unos comicios. Quienes sí pueden, en cambio, acceder durante esas jornadas a estos sondeos son los partidos políticos. De esta manera, se establecen dos categorías de españoles con diferentes derechos. Por una parte, los electores, que ven recortada su libertad de acceso a información, y, por otra, están aquellos que aspiran a ser elegidos.
En la actualidad, como sostienen desde la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública, internet ha convertido la citada prohibición en obsoleta y discriminatoria. Antes ya era lo último, al negar a los electores un derecho que sí tienen los elegibles, pero ahora lo es de manera diferente y con menos perjudicados. A través de la red, como ya ocurrió en las últimas elecciones generales, cualquiera puede visitar periódicos y otros sitios informativos extranjeros en los que se publiquen encuestas de intención de voto en España. En la actualidad, por tanto, los discriminados son aquellos ciudadanos que no tienen acceso a internet frente a los que sí se conectan, así como los medios de comunicación españoles frente a los foráneos, al competir los de aquí con unas restricciones legales a las que no están sujetos los de fuera.
La prohibición se fundamenta en una gran prepotencia por parte de los legisladores. Se considera que la publicación de los sondeos durante los últimos días puede afectar a la decisión sobre a quién votar o incluso a la de si acudir a hacerlo o no. Puede ser cierto, pero también lo es que influye el cómo se desarrolle la campaña durante sus últimas jornadas, y los datos de las encuestas escatimadas a los ciudadanos son claves a la hora de que cada partido decida su estrategia para esos momentos finales tan importantes. Así, desde el Estado se selecciona qué elementos debe tener en cuenta el elector y cuáles no a la hora de decidir su voto.
Por mucho que les disguste a los legisladores, todos los elementos que influyan en el voto son legítimos mientras no exista coacción. Algunos pueden ser equivocados, pero eso no justificaría que a través de la Ley se tratara de impedir su influencia. A nadie se le ocurriría prohibir sacar fotos o imágenes televisivas de los candidatos para evitar que algunas personas votaran al que consideran más guapo o que viste mejor. Tampoco hay nadie tan loco como para proscribir las intervenciones radiofónicas de políticos por el hecho de que ciertos votantes pudieran elegir a aquellos que tienen una voz más cálida o les transmite una mayor confianza. Por tanto, tan sólo la prepotencia de los legisladores puede explicar su prohibición.
El artículo 69.7 de la Ley Electoral es un atentado contra la libertad de información y comunicación desde el momento mismo en el que se redactó, pero en la actualidad se nota mucho más. Por lo tanto, si esta mayor visibilidad del recorte de tan fundamentales derechos sirve para que se derogue, otra cosa buena que habremos sacado los españoles de internet.Prontuario para no iniciados
Pablo Molina en Libertad Digital
Los políticos tienen tendencia a disfrazar su incompetencia con un lenguaje cada vez más ampuloso, pero en unos momentos de crisis brutal el maquillaje léxico se convierte en una necesidad perentoria. Los políticos, por regla general, tienen un gran talento para gastar el dinero, pero muy poco para trasladar sus "logros" a los ciudadanos en un lenguaje inteligible, así que las administraciones necesitan la colaboración de los varios miles de agencias privadas especializadas en imagen corporativa, cuya facilidad para dar una sensación grandiosa a cualquier chorradita ideada por el político de turno hace que sus servicios estén cada vez más solicitados.
Los cartelones con que el Gobierno de Zapatero está publicitando su famoso Plan E son una pieza magnífica del agit-prop posmoderno, pero lo que sorprende es que lleguen a extremos que pueden calificarse sin desdoro como un insulto a la inteligencia de los contribuyentes. Hay algunas obras incluidas en el plan de reactivación del empleo municipal cuyo importe no llega al coste de instalación del cartel que las anuncia, pero como lo que importa es la imagen y no el bien público, probablemente nos toque ver algunos carteles con leyendas como las que se detallan a continuación.
- Reestructuración del dispositivo de hidrocanalización perimetral del templete ubicado en zona de esparcimiento: Han reparado la cañería de la cantina del parque.
- Instalación de dispositivo de sellado en acceso al sistema subterráneo de higienización pública: Han colocado una tapa de alcantarilla.
- Acción coordinada para la ecosostenibilidad del sistema lumínico en dispositivo regulador del tráfico urbano: Han cambiado las bombillas de un semáforo. Las nuevas son de bajo consumo.
- Instalación de colector de residuos con sistema de clasificación para reciclaje en zona de especial interés paisajístico: Han puesto una papelera en el mirador del pueblo. Lleva dos bolsas, una de ellas para el plástico.
- Reforma e integración en las modernas tendencias estéticas de la imagen frontal del edificio de la concejalía de juventud. Han pintado un graffiti.
- Modernización de acceso peatonal al centro de educación ciudadana y adaptación a las nuevas disposiciones en materia de seguridad vial. Han pintado de rojo el paso de peatones del cole.
- Reubicación estratégica del dispositivo público aglutinador de las acciones destinadas a la mejora de la salud reproductiva: Han cambiado de sitio la máquina de condones. Ahora está pegada al instituto.
viernes, 27 de febrero de 2009
jueves, 26 de febrero de 2009
miércoles, 25 de febrero de 2009
La inútil y dañina lucha contra el P2P
Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital
Si en algo insistimos frecuentemente los liberales es que el Gobierno debería procurar limitarse a sus funciones esenciales, esto es, la seguridad y la justicia; algunos incluso consideran que éstas podrían llevarlas a cabo empresas privadas. Pero al margen de esa discusión, a día de hoy puramente académica, lo que sí parece claro es que cuanto más abarque el Gobierno, más desatenderá aquello que le da razón de ser, la causa última de su existencia. De modo que tenemos embajadas regionales pagadas con dinero de los impuestos, pero los delincuentes campan a sus anchas y los procesos tardan años en dirimirse en los tribunales.
Un ejemplo bien claro de todo esto lo estamos viendo en internet. Tras largos años de preocupación por lo que la lucha contra el terrorismo podría hacerle a nuestras libertades y nuestra intimidad en la red, es la acción de un lobby la que más daño les está haciendo. Su último éxito es Irlanda, donde ha logrado que las operadoras se plieguen a sus intereses bajo la amenaza de obligarlas por la vía judicial. Ya no será un sistema de tres avisos, sino sólo de dos. Las discográficas ya han amenazado a la competencia, y es de esperar que ésta no tarde en unirse al acuerdo.
Aquí, en España, los rumores de un acuerdo entre Redtel y la SGAE son cada vez más insistentes. Sería un pacto evidentemente forzado por la amenaza latente de que el Gobierno de los titiriteros, aun prefiriendo no asomar demasiado la cabeza en este asunto, asumiría su responsabilidad para con los suyos si fuera necesario. Así, no sería de extrañar que en breve se anuncie un sistema similar al adoptado en cada vez más países de Europa.
Y, aún así, no constituiría más que un pequeño bache para los internautas que sería solventado con la misma facilidad con que lo fue el cierre de Napster. Las últimas estadísticas muestran que el P2P se ha estancado debido al creciente auge de los servicios de descarga directa como Megaupload o Rapidshare y también a que parte de los contenidos que antes se buscaban en las redes de pares ahora están disponibles en la web de forma gratuita en forma de streaming, es decir, que se pueden ver pero no descargar. Para que luego digan que es imposible competir con lo gratis. Muchos usuarios parecen dispuestos a tragarse anuncios a cambio de la comodidad y facilidad de uso de estos servicios.
Además, el ataque contra las redes P2P lo único que conseguirá es que los usuarios pasen a alternativas que cifren los datos y "engañen" a las operadoras mediante la llamada ofuscación de protocolo, que hace ver que en lugar de bajarnos una peli porno por BitTorrent estamos leyendo El País.com, tarea tan progresista que sin duda hará pensar a las operadoras que estamos con Teddy y no somos de temer.
¿La vida seguirá igual, entonces? Bueno, para los lobbys sí. Después de intentarlo todo seguirán necesitando cambiar la manera en que se explotan los contenidos musicales y audiovisuales, algo que deberían haber hecho hace una década, cuando aún no estábamos acostumbrados a no pagar por nada. Pero no seguirá igual para internet. Las operadoras tendrán no sólo el permiso sino la obligación de husmear en nuestro tráfico. La relativa intimidad y anonimato del que disfrutábamos en internet habrá acabado. Parece un precio demasiado alto para no lograr absolutamente nada a cambio.
martes, 24 de febrero de 2009
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