La ley del silencio

César Vidal en La Razón

Recuerdo la primera vez que vi «La ley del silencio» de Elia Kazan. Fue en la adolescencia, por televisión y con cortes publicitarios, pero aún así me impresionó profundamente. La causa no fue tanto la interpretación, quizá la mejor de su carrera, de Marlon Brando ni la valentía del sacerdote encarnado por Karl Malden. No, lo que me dejó abrumado fue descubrir que podía haber canallas como el interpretado por Lee J. Cobb que decidían quién trabajaba y quién no y, aún peor, que la mayoría, ovejunamente sometida, no se enfrentara con ellos. Pocas imágenes me han oprimido más el corazón que la secuencia final en que Cobb daba una paliza fenomenal a Brando ante una masa paralizada. Poco podía yo imaginar que a lo largo de mi vida contemplaría ese vil espectáculo vez tras vez. Durante años el PSOE y los partidos nacionalistas han gustado de utilizar a determinados segmentos sociales en sus movilizaciones. Para poder tener a su lado a gays, feministas o gente del mundo del espectáculo, todos esos partidos han recurrido además a entregarles de manera generosa el dinero que, previamente, han arrancado de nuestros bolsillos. Puede que a la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie no les guste la inmensa mayoría de las producciones del cine español o que no se sientan identificados con las metas de la agenda gay o feminista. Ha dado igual. Millones y millones de euros se han entregado a todos estos lobbies para poder movilizarlos a toque de silbato cuando se consideraba conveniente. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que semejante entrega de dinero de todos, incluso en época de crisis como ahora, ha venido siempre unida a la exigencia de una obediencia servil y absoluta. El director, la actriz o incluso la feminista o el homosexual que en un momento determinado no obedece, no habla o no guarda silencio cuando así lo desea el poder socialista o nacionalista no tiene la menor posibilidad de recibir un céntimo. En muchos casos, eso equivale ni más ni menos que a no poder trabajar en determinadas profesiones. Estos días de atrás la china recayó sobre un colectivo homosexual como Colegas, excluido del Plan Anti-SIDA por sus críticas a la ministra Pajín y sobre un director de cine como Alex de la Iglesia nada convencido de que la ley Sinde sea buena. En ambos casos, la respuesta ha sido simplemente la represalia desde el poder. Se trata de una represalia que lleva implícito un mensaje más claro que el agua: «Si quieres trabajar, si quieres comer, calla y habla cuando y como yo te diga». Sólo un ignorante o un ciego no se percata de que determinados sectores de la sociedad están controlados desde hace años por comportamientos indignos como los perpetrados estos días por Sinde y Pajín y que los que no se pliegan o incluso tienen la osadía de protestar quedan convertidos en parias o en sujetos sobre los que se descarga cualquier tipo de inmundicia. Frente a esa tiranía digna del totalitarismo más miserable sólo existe una solución, la de enfrentarse a semejantes mafias como en «La ley del silencio». Es peligroso, pero también es la única manera de sacudirse de encima un despotismo que encima se ejerce en nombre del progresismo o de una supuesta construcción nacional.

En dos años, todo "arreglado"

José García Domínguez en Libertad Digital

Pierre Poujade, el Lenin de los tenderos en la Francia del existencialismo, cimentó su gloria efímera con un número que luego habrían de imitar todos los populistas que en el mundo han sido. Y es que para aquel mesías de las clases medias con tresillo de skay, la política económica resultaba un quehacer prosaico por pueril. Al punto de que el asunto se resumía en agarrar una lechuga y explicar al respetable público que, si le votaban, la noble hortaliza iba a bajar de precio en el acto; al tiempo, los salarios subirían y los impuestos serían derogados de facto; mientras tanto, los servicios estatales procederían a multiplicarse a imagen y semejanza de lo acontecido en su día con el célebre milagro de los panes y los peces.

Y ello merced a las virtudes telúricas de un único catalizador mágico: la universal confianza generada por su propia persona. Ni Marx, ni Keynes, ni Friedman, ni Stiglitz, pues. Con la varita del mago Houdini había más que de sobras con tal de poner orden en el cuadro macroeconómico de la República. Por cierto, es el poujadismo droga dura en la que siempre termina por caer una derecha tan pobre en defensas intelectuales como la que gastamos a este lado de los Pirineos. Don Mariano, sin ir más lejos, desoyendo la sabia máxima de que en boca cerrada no entran moscas, viene de cometer unas declaraciones en El Mundo que desprenden su inconfundible aroma.

Quizá engallado por los flashes, Rajoy, que es hombre del viejo paradigma, o sea varón aún ajeno a la sádica memoria de Google, ha "arreglado" la economía en dos años. Una tontería impropia. Y más si se repara en la indigencia argumental sobre la que trata de apuntalar semejante temeridad. Como muestra, un botón. Siempre fiel al Evangelio de Mateo –"que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda"–, pretende el de Pontevedra que, entre otras extravagancias, sobran los diecisiete defensores de la pedanía ahora asentados en sus respectivas ínsulas baratarias. Lástima que haya sido él mismo quien acaba de ratificar su muy perentoria necesidad en las sucesivas reformas estatutarias que han ido pasando por el Congreso. En fin, lo dicho, Poujade en estado puro.

Parte de guerra

Gabriel Albiac en ABC

La pureza es, en política, asesina. Como tal, la constituyó la edad moderna. Robespierre enunció su axioma: un Estado puede sólo asentarse sobre dos fundamentos: la corrupción o el terror, que es el nombre político de la virtud. Entre 1789 y 1794, terrorista y virtuoso fueron lo mismo; lo mismo virtuoso e «incorruptible». No han cambiado las cosas. Las palabras, sí.

Basta ponerse ante un mapa de la costa sur mediterránea para entender el actual envite. Para entender también su origen. De los Balcanes al Caspio, de Argel hasta la Meca, el Imperio Otomano desplegó su máquina de despotismo teocrático, ajena a fronteras nacionales. La nación y el Estado son conceptos cristianos que el Islam rechaza como aberraciones contra la umma, comunidad de los creyentes, a la cual da soporte el Califato. Al desmoronamiento del Imperio, siguió la imposición colonial, desplegada sobre las arbitrarias líneas de la administración otomana. Tras la segunda guerra mundial, la descolonización se ajustó a su plantilla. Y ninguno de los países que salió de ella era un país. Como mucho, una provincia al frente de la cual se buscó entonces poner a uniformados títeres a sueldo de las metrópolis. Una sola excepción iba a complicar las cosas: Israel, en la medida misma en que Israel era un Estado democrático europeo asentado sobre la costa sur del Mediterráneo. Como tal, ningún problema tuvo para construir su modernidad al modo de los regímenes parlamentarios de un occidente al cual, más allá de geografías, pertenecía de pleno derecho. Como tal, fue odiado por sus vecinos.

El ascenso del islamismo está ligado a ese desajuste. ¿Cómo una sociedad elegida por Alá y que se rige por su libro, puede haber fracasado frente a la patulea de los kafires, cafres incrédulos que nadan en humillante riqueza? Los egipcios de la Hermandad Musulmana fueron los primeros (desde 1928) en dar respuesta a la paradoja: una diabólica conspiración de judíos y cristianos se afanaba en torcer el designio divino. El proyecto hitleriano de borrar a los judíos fue así saludado como designio de Alá. La derrota nazi y la consolidación de Israel tras la guerra del 48 fueron golpes terribles en el inconsciente musulmán. Las sucesivas derrotas militares y la progresión vertiginosa en la ruina certificaron la hondura de las raíces satánicas del mundo moderno. Un doble error de los contendientes en los años finales de la guerra fría abrió la grieta que es hoy abismo: Irán y Afganistán. En el primero, la estupidez de Jimmy Carter, asentó una hasta entonces inimaginable república sacerdotal. Afganistán anudó la doble necedad de los rusos metiéndose en un avispero y de los americanos amartillando una máquina militar incontrolable: la de Bin Laden. La fascinación yihadista se abrió camino en todo el mundo musulmán.

Asistimos en estos meses al derrumbe de los últimos títeres postcoloniales. Es dulce hacerse, desde la ciega Europa, idílicas imágenes de democracia que viene. Es mentira. En Egipto, como en Argelia o Túnez, se afrontan los únicos poderes reales en el mundo árabe: corruptos militares y virtuosos clérigos; ladrones consumados y asesinos en ciernes; corrupción o terror. ¿Europa? En la inopia. Y tan contenta.

¿Para qué hacen leyes que no sirven?

Víctor Domingo en Libertad Digital

Que la adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible, denominada Ley Sinde, era una aberración jurídica de corte totalitario era claro y notorio; de ahí que su rechazo por el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre fue la reacción lógica de un legislador que crea firmemente en el Estado de Derecho. Pero qué poco nos dura la alegría en casa de los pobres.

Esta semana hemos asistido y seguido, paso a paso, aún con el telón bajado, a cómo no se debe legislar en una democracia. A puerta cerrada y en un par de tardes, Gobierno y PP han reanimado la adicional que el Congreso echó a la papelera.

Si la adicional rechazada tenía como objeto esquivar la tutela judicial efectiva y dar categoría de autoridad competente a una comisión política afecta al Ministerio de Cultura, con esta adicional –y parece ser que gracias a la aportación del Partido Popular– nos encontramos que ahora hay dos jueces para esquivar y así justificar por los pelos el argumento de que las actuaciones censuradoras de la comisión garantizan la tutela judicial efectiva.

Lo explica en términos jurídicos muy claramente Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid:

Ustedes dicen que es necesaria una autorización judicial para requerir, cuando para requerir basta con un notario o, más barato, con un burofax. Porque requerir es pedir con cierta vehemencia: nada más. Pero resulta que si el juzgado de lo contencioso-administrativo autoriza a pedir, el efecto no es poder pedir legítimamente, sino estar obligado a acceder a lo que se pide por la administración. En vez de ese retorcimiento, ¿no podían sus señorías haber establecido que se instara o solicitara del juez el requerimiento, exigiendo, claro es, que estuviesen justificadas esas solicitudes dirigidas al juez? ¿No podían haber dispuesto que fuese el juez quien requiriese?

Podían, pero muy probablemente no sabían o bien, lo que sería aún peor, han querido que la sujeción del presunto infractor de la propiedad sea a una autoridad administrativa, lo que constituye una perversión jurídica de primera categoría especial.

Es evidente que el espíritu de prohibicionismo de nuestro Gobierno ha calado profundamente en el Partido Popular, quien en contra de la opinión de muchos de sus votantes ha protagonizado este paripé de corte totalitario.

Pero no sólo por lo ya enunciado; además, la adicional segunda incorpora un punto para reformar el canon digital en el plazo de tres meses. A eso se dedica el Partido Popular, en lugar de a pedir al Gobierno que cumpla con el dictamen de Tribunal de Justicia Europeo, exima inmediatamente a las Administraciones Públicas y a las empresas del pago de esta arbitraria e indiscriminada tasa y exija la devolución del el dinero ilegalmente cobrado desde el año 2003 por este concepto. En contra de lo que están pidiendo decenas de alcaldes, muchos de ellos del Partido Popular, va ahora y avala esta tomadura de pelo al interés general.

Así las cosas, y para colmo del elogio a lo imperfecto, el diario El País, cuya sección de cultura ha liderado desde el pasado 22 de diciembre una campaña de acoso y derribo contra tod@s para que en el Senado prosperara la adicional rechazada, editorializaba esta semana bajo este titular: Conflicto abierto, que inmediatamente subtitulaba así: Aprobar la 'ley Sinde' es una buena noticia, aunque por sí sola no solucionará el problema. ¿Alguien puede explicarme dónde está la buena noticia de aprobar una ley que no soluciona el problema por la que unos pocos se han dejado tantos pelos en la gatera? Luego que nadie se extrañe de que la sociedad civil se aleje de los partidos políticos, los cuales a pesar de tod@s y contra tod@s se empeñan en leyes de encargo que, además, no sirven para nada.

Luz de enero

José Jiménez Lozano en La Razón

Aparece muy clara la civilizada imagen de quien cuida sus animales y los hace bendecir, que resulta bastante distinta, por cierto, de la otra imagen de quienes deciden la explotación animal industrial sin muchos escrúpulos y ahí parecen experimentar lo que luego puede hacerse con los seres humanos también organizados como una granja productiva. No había granjas tecno-científicas ni de animales ni de hombres en los tiempos pasados, aunque en ellos tampoco era idílico el mundo, que nunca lo ha sido; pero, al menos, no se mostraba ningún interés especial, como sucedió después, en arrebatar a hombres y animales la alegría de vivir.

Perfil bajo

Ángela Vallvey en La Razón

Hace casi 2500 años, la democracia brilló en Atenas y propició una gloria que aún recordamos. Desde Maratón, en 490, hasta la muerte de Pericles, en el año 429 a. D. C., cuentan los historiadores que la mayor fortuna de Atenas no radicaba en sus minas de plata del Láurium, sino en la abundancia de grandes hombres. Las reformas de Clístenes habían estipulado que la democracia ateniense se regiría por un Consejo de quinientos ciudadanos elegidos al azar, por sorteo. Incluso los nueve jueces del Areópago eran designados así: saliendo milagrosamente escogidos de entre los nombres que contenía una urna. Sin embargo, otros cargos, los de generales o «estrategos», no se confiaban a la casualidad: estaban reservados para los más dotados, ciudadanos de talento que, sin embargo, carecían de privilegios o preeminencias que los distinguieran del resto de sus compatriotas. Formaban una élite, pero sin prerrogativas, supremacías ni subvenciones inherentes a sus cargos. Ponían su genio al servicio de Atenas, de los ideales de la democracia de su época, y dirigían el Estado de manera notable. Dicen que Pericles, al salir de casa cada mañana para ir a su oficina en el Ágora, se repetía a sí mismo: «Acuérdate de que eres un jefe de los griegos, de estos griegos que son hombres libres dentro de una Grecia libre».

Hoy día, desde nuestra perspectiva, podemos poner todos los reparos que nos de la gana a aquella época. Demasiadas obras públicas, expediciones militares, populismo, teatro, riqueza, filosofía… Aristófanes ya se burló de la «suntuosa Atenas» y del gobierno democrático con «sus artes tiránicas y sus malas artes». Pero aquel fue sin duda un momento de la historia extraordinario. (Lo que aconteció después, no tanto). De logros y conquistas humanas, y de más de un hombre valeroso que «sin ser político de profesión se preocupó por saber cuál era la mejor forma de gobierno».

Han pasado los milenios: del siglo de Pericles al de los periclitados (el XXI, el nuestro). Las estatuas de Fidias que decoraban el Partenón ahora son polvo; apenas quedan restos de su viejo esplendor, de la antigua belleza que, hoy como ayer, aún estremece al que la contempla. La humanidad ya no es la misma. Pocas personas con grandes virtudes y formación elevada sienten atracción e interés por los asuntos del gobierno. La política es un oficio bien remunerado, aunque poco prestigiado socialmente. Aquella Atenas era pequeña y rica. Hoy, somos muchos y cada día más pobres. Nuestros próceres, en estos tiempos difíciles, no quieren dar grandes pasos al frente. Huyen despavoridos ante la dificultad. Adoptan un perfil bajo en la tormenta política, social y económica que nos zarandea sin piedad. No quieren destacar, sólo pasar inadvertidos, resistir. Gobierno, oposición, sindicatos, banqueros… Ya ni Rubalcaba da la cara. Todos callados, en lo posible, esperando a que pase el temporal (pero en vez de temporal puede ser definitivo, y a ver qué hacemos…).

Estamos sobrados de pusilanimidad y faltos de «estrategos». Montaigne, tan práctico como lúcido, diría: será mejor, entonces, que nos vayamos acostumbrando cuanto antes...

Viñeta de Montoro en La Razón

El rey tartaja

Antonio Burgos en ABC

La frase del día: "Cuantas más películas españolas veo, más me gusta el cine inglés."

"Si llamas a alguien «mongolo» o «retrasado mental», tienes inmediatamente que presentar excusas. Pero si te burlas de los tartajas contando el chiste del naufragio y el marinero tartamudo («mi capitán, mejor que zo,zo,zobre que no que fa,fa,falte»), todo el mundo ríe la gracia."

El cine subvencionado no admite disidencias

Editorial de Libertad Digital

Para demérito de sus protagonistas, responsables de su mediocridad, y desgracia de los contribuyentes españoles, que hemos de financiarlo, el cine español rechaza prácticamente sin excepciones someterse al criterio de los consumidores para que, en uso de su libertad, decreten el éxito de cada producto. El principal problema del cine español es que, en lugar de ganar el favor del público con su talento, los cineastas prefieren cultivar las relaciones políticas para hacer que las subvenciones públicas permitan la subsistencia de una industria que difícilmente podría sostenerse por sí misma.

Siendo ésta la situación de nuestro cine, el ejemplo del director Alex de la Iglesia adquiere una mayor relevancia por lo que tiene de inusual en un sector distinguido por el monolitismo con que ha defendido siempre sus privilegios injustificados.

De la Iglesia ha sido el único presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que se ha atrevido a exigir a sus afiliados un mayor respeto a las preferencias del público español, única fórmula válida para crear una industria sólida sin necesidad de recurrir a la limosna estatal. Ocurrió en la Gala de los Premios Goya del año anterior, ocasión que tradicionalmente ha sido utilizada por los cineastas y actores para mostrar su inquina política hacia la derecha o reclamar mayores subvenciones y, a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos en torno a la Academia de Cine, parece que hay un sector de la profesión dispuesto a cobrarse también aquella afrenta.

Por si fuera poco, el dimisionario presidente de la Academia ha tenido la sensatez de escuchar a los internautas acerca de la peliaguda modificación legal impulsada por la ministra de cultura, y la honestidad de apoyar en conciencia la posición que ha considerado más leal para con los ciudadanos, que dista notablemente de la tesis impuesta por el gobierno socialista y aplaudida por un sector empeñado en no prescindir de las gabelas de que goza gracias a la coacción estatal.

En efecto, Alex de la Iglesia, como les ocurre a los espíritus libres, no era muy popular en el mundo de la cinematografía, rebaño pastoreado con cayado de hierro por una ministra de cultura, que considera a una institución privada como la Academia de cine una simple terminal cuya misión es apoyar sin fisuras el proyecto liberticida del Gobierno Zapatero.

De la Iglesia abandona obligado por las circunstancias, pero no antes de celebrar la entrega de los Premios Goya de este año en fecha inminente, y ya saben sus compañeros de profesión cómo se las gasta el bilbaíno cuando se trata de defender lo que cree mejor para la industria española del entretenimiento. A poco que la torpeza conocida de la ministra y las maniobras de su fieles en la institución sigan enturbiando el ambiente, la gala de este año va a ser un espectáculo digno de verse.

Los piratas y la señora Sinde en Debates en Libertad -29/01/11 (esRadio-LDTV)

Hubiera sido más interesante sin la prescindible presencia de la señora Rodríguez Salmones, que ni se entera de lo que dice, ni de lo que le dicen, ni de lo que ha votado su partido. O sí lo sabe y está intentando darnos gato por liebre, que es peor. En definitiva, una buena muestra del PP marianista y de la clase política actual en general. Así nos va...

César Vidal entrevista a Juanjo Puigcorbé - 28/01/11 (esRadio-LDTV)

El paro, la tragedia que no cesa

Editorial de Libertad Digital

Es hora de acometer reformas en profundidad sobre el rígido y obsoleto sistema de relaciones laborales que impera en España desde tiempos del franquismo. Un sistema que fomenta la improductividad, nos condena a liderar siempre y en cualquier circunstancia las listas de desempleo de la OCDE y que, por culpa de los privilegios adquiridos, envía de un modo masivo al paro a las generaciones más jóvenes, provocando un síndrome de expectativas disminuidas como los que padece la juventud de muchos países del Tercer Mundo.

Lo que nos debe quedar claro es que el problema del paro, que ya ha adquirido tintes de tragedia nacional, no se va a solucionar solo ni aplicando viejas recetas. Un desafío para nuestra clase política que, de una vez por todas, debe abandonar las supercherías autocomplacientes en las que retoza desde hace más de treinta años. Ha llegado el momento de que nuestro mercado laboral haga la transición a la democracia.

Viñeta de Montoro en La Razón

Los internautas criminales

Juan Manuel de Prada en ABC

A Manuel Gutiérrez Aragón se le ha atribuido una frase la mar de simpática: «No hay que dar ninguna tregua a los internautas, porque es como pactar con los terroristas». Frase que tal vez sea apócrifa, pero que desde luego es inconsecuente, pues si hay algo que distinga a terroristas e internautas es que con los primeros se ha pactado repetidamente.

(...)

La llamada «ley Sinde» será un fracaso sin paliativos, porque no se puede poner puertas al campo ni mantener artificialmente la respiración de un muerto; a menos, claro está, que se pretenda encerrar a todos los internautas en un inmenso, desquiciado, pesadillesco campo de concentración, para intentar mantener vivo al zombi. Que eso es, al fin y a la postre, lo que pretenden quienes identifican a los internautas con criminales: convertir el mundo en una cárcel orwelliana.

Rubalcaba apunta a internet

Antonio José Chinchetru en Libertad Digital

Es un mal asunto que Rubalcaba vincule la existencia de internet con la del terrorismo "internacional". No se ha limitado a señalar algo que todos sabemos, que los terroristas utilizan la red para comunicarse y difundir sus mensajes (al igual que usan los teléfonos para hablar, los coches para desplazarse o las casas para esconderse). Muy al contrario, ha afirmado que sin la red no existiría ese tipo de terrorismo al que desde el Gobierno tanto cuesta calificar de "islamista" o "islámico" (sin que esto último quiera decir que todos los musulmanes sean miembros de Al-Qaeda, Hamas, Hizbollah y otras organizaciones similares).

Lo que ha hecho el ministro del Interior es criminalizar la red en su conjunto sin fundamento alguno. Las redes de terroristas que actúan en diversos países, con independencia de sus objetivos y naturaleza ideológica, existen desde mucho antes de la invención de internet. Grupos como la OLP y Septiembre Negro se dedicaban a asesinar, secuestrar aviones o barcos y capturar rehenes en todos los continentes desde antes de que se hiciera algo parecido a comunicar unos ordenadores con otros a través de la línea telefónica. Y no sólo eso. Durante la segunda mitad del siglo pasado, grupos terroristas como ETA, IRA, la Fracción del Ejército Rojo o las FARC colaboraban entre sí y con muchos otros sin necesidad de páginas web y correo electrónico.

Incluso limitándonos al terrorismo islamista, este es también anterior a la red. Sólo por poner un ejemplo, el iraní Hizbollah se fundó entre 1977 y 1979. De hecho, su patrocinador, el régimen de los ayatolás, lleva apoyando a grupos similares en varios países desde que Jomeini tomara el poder en Irán en 1979.

Pero lo más preocupante de las declaraciones de Rubalcaba no es la falta de conocimiento de la historia del terrorismo de la que hace gala. Lo peor es que si un ministro del Interior señala a "internet" como una de las causas de dicho terrorismo, puede tener en mente medidas coactivas para la libertad en la red. Durante la década pasada, y con la alarma mundial causada por los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, en todo el mundo se impusieron normas (en gran medida todavía vigentes) que lesionan los derechos de los ciudadanos en internet (como el secreto de las comunicaciones o la intimidad) al tiempo que no ofrecen una gran eficacia. Máximo ejemplo de eso son la Patriot Act en Estados Unidos junto a la directiva de retención de datos en Europa y su transposición a la legislación de los estados miembros de la UE.

Por tanto, nada bueno se puede esperar. Y menos aún si se tiene en cuenta el poco respeto por los derechos de los ciudadanos en internet que ha demostrado este Gobierno –con el apoyo final de un PP que ha preferido ponerse del lado de los cantantes y demás "culturetas" en vez de junto al resto de los españoles– en todo el asunto de la Ley Sinde.

Esperemos que la declaración de Rubalcaba se quede en una de esas muchas cosas (en numerosas ocasiones escritas por asesores) que numerosos políticos dicen en una conferencia para rellenar tiempo y no señale futuras normas lesivas para la libertad en internet. En definitiva, que tras una "Ley Sinde" con la excusa de los derechos de autor no venga una "Ley Rubalcaba" que traten de justificar con la lucha contra el terrorismo. También en internet hay que luchar contra el terror, por supuesto, pero sin dañar la libertad de expresión o la intimidad de los ciudadanos.

Méndez, Toxo y ZP nos hacen un "chamosa"

Pablo Molina en Libertad Digital

El régimen público de previsión social, eso que los pusilánimes llaman "uno de los vértices del Estado del Bienestar", es una estafa piramidal en función de la cual el Gobierno te roba una parte de tu salario para pagar los subsidios actuales, a cambio de la promesa de que cuando tú te jubiles habrá los suficientes pardillos en activo como para hacer lo propio contigo. En el proceso desaparece el ochenta por ciento de todo lo que has pagado a lo largo de tu vida laboral, pero asombrosamente es un robo que el español medio acepta con la mejor de sus sonrisas, porque encargarse de su propia jubilación le produce un pánico insuperable.

Queremos que López i Chamosa gestione nuestra jubilación y luego nos escandalizamos de la magnitud del latrocinio, una reacción absurda porque es lo que ocurre invariablemente cuando entregamos a los políticos la capacidad de decidir sobre nuestras finanzas. Si, además, en el conciliábulo parlamentario en que se decide la cuantía del robo una de las voces autorizadas es la de la oronda académica del PSC, el resultado no puede ser otro que el que finalmente han rubricado los sindicatos y ZP tras la tradicional cena copiosa y los dos paquetes reglamentarios de tabaco.

Es preocupante que los chamosas decidan cuándo tenemos que dejar de trabajar y a cambio de cuánto dinero, pero mucho más lo es que el borrador de intenciones surgido de la comisión parlamentaria de la que forman parte deba ser validado por los sindicatos llamados mayoritarios. Méndez y Toxo, junto al presidente del "sindicato de productores" y ZP, acuerdan la reforma del sistema público de pensiones aumentando la intensidad del robo institucional, y asombrosamente no hay una manifestación espontánea de los dieciocho millones de cotizantes actuales exigiendo a los cuatro que saquen sus sucias manos de nuestro dinero.

Está visto que la estafa de las pensiones públicas va a perdurar en España durante muchas generaciones, por eso lo único que cabe exigir es que nos dejen fuera del sistema a los que no queremos permanecer en él ni un segundo más. Queremos sufrir los rigores del capitalismo y depositar nuestro dinero únicamente en planes de ahorro privados como ZP, que los contrata a pares. Y si nos arruinamos lo asumiremos con gallardía. Preferimos compartir el destino financiero de ZP a continuar sometidos al despojo solidario del clan de los chamosas. Cuestión de gustos.

Álex, el enemigo del pueblo

Cristina Losada en Libertad Digital

La jefa de la Cultura oficialista le condena por no comulgar con "una decisión democrática" adoptada por tres partidos políticos con millones de votantes. De modo que, según esa mentalidad rudimentaria y antiliberal que equipara las decisiones de la mayoría con la razón y la verdad, hay que colgarle al díscolo el sambenito de "enemigo del pueblo". Si esto fuera Inglaterra, una pediría que al cineasta desafecto se le concediera el título de Sir. Como no lo es, que se le ponga su nombre a alguna calle. Aunque sólo fuera por el gesto excepcional de dimitir.

Recuperar la verdad

Juan Manuel de Prada en ABC

Una sociedad que reniega de la verdad que la constituye se convierte, inevitablemente, en pasto de ingeniería social; se convierte en barro moldeable en manos del político que, a cambio de exaltar sus caprichos y conveniencias, puede instaurar un reinado de la mentira sin violencias ni sobresaltos, sabiendo que quienes lo sostienen no se rebelarán, pues previamente han sido sobornados.

Orwell en la España de Zapatero

José Carlos Rodríguez en Libertad Digital

Las 33 páginas del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación nos llevan, ya desde el tí­tulo, a un mundo orwelliano. sin ironías ni como una denuncia, sino como un objetivo deseable. En el planeta pajillesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.

Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en... bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos"de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.

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Mienten los calendarios, estamos en 1984.

El PSOE prepara su ley de blasfemia

Victoria Llopis en Libertad Digital

Desde que Moncloa emitió el 7 de enero la nota de prensa informando del anteproyecto de ley "antihumillaciones" impulsado por la ministra Pajín, la red se ha desparramado con todo tipo de chanzas al respecto: "multarán por llamar feo", prohibirán los piropos... Pero según se va leyendo más gente el siniestro anteproyecto, van saltando las alarmas: los colegios con la opción pedagógica de educación diferenciada serán excluidos de los conciertos, no podrás negarte a alquilar tu casa a, por ejemplo, un inmigrante sin trabajo, podrán cerrarse empresas que "discriminen", etc, etc. Como bien apunta la redactora de la noticia, teniendo en cuenta que esta ley se aplicaría prácticamente en todos los ámbitos –empleo, asociaciones de todo tipo, educación, sanidad, servicios sociales, bienes y servicios y medios de comunicación–, no habrá parcela libre de la amenaza de cierre o fin de actividad si comete una infracción que sea considerada como "extraordinaria".

Como la motivación oficial, al parecer, es evitar las humillaciones a los españoles, nos preguntamos: ¿es que hasta el anteproyecto Pajín los españoles estábamos humillados? ¿No teníamos quién nos defendiera? Es obvio que la Constitución española y su ordenamiento jurídico tenían suficientes instrumentos para impedir y castigar humillaciones y discriminaciones objetivas en cualquier campo. Por ahí no va el tema, pues. Lo confirma también el hecho de que esté contemplada una "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación", que al artículo 38 del anteproyecto prevé sea "organismo público de carácter unipersonal", y que –échense a temblar– tendrá potestad para investigar, por iniciativa propia, la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad o relevancia. También tendrá la facultad de ejercitar acciones judiciales, de solicitar la intervención de las administraciones y la Fiscalía. O sea, un super-comisario político, por encima del sistema judicial. Para rematar la amenaza, se contempla la llamada "inversión de la carga de la prueba", es decir, fin de la presunción de inocencia; cualquier acusado de haber discriminado a alguien, tendrá que demostrar que no lo ha hecho.

Algunos empiezan a ver que, curiosamente, gracias a esta ley-Pajín, se tendría que derogar, por ejemplo, la actual ley antitabaco, porque los fumadores estarían discriminados si quisieran fumar en cualquier local público, y eso no se puede consentir. La esquizofrenia y pulsión totalitaria de estos necios lleva a estas paradojas.

Como la Sra. Pajín invocó para presentar las bondades de su anteproyecto, ¡cómo no! a los países de nuestro entorno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de qué se hace por Europa y Estados Unidos con normas de este tipo llevadas hasta el extremo por los particulares talibanes que las promueven e interpretan. Y digo talibanes porque éste es justamente el punto clave: la motivación última es impedir en la sociedad la libertad de opinar, actuar y moverse con criterios diferentes de los propugnados por la "nueva religión" que empieza a imponerse en Occidente, y que gira en torno a tres parámetros fundamentales: laicismo agresivo con tintes cada vez más claros de cristianofobia, feminismo de género con promoción de la agenda del lobby gay, y odio a la sociedad abierta y el libre mercado.

Uno de los primeros casos que ya en 2004 alcanzó notoriedad fue el del pastor luterano Ake Green, que fue condenado a la cárcel por predicar en su iglesia sobre el pasaje de la Carta de San Pablo a los Corintios sobre la homosexualidad. Aunque se limitó a exponer la doctrina de San Pablo, fue denunciado y condenado por "incitación a la violencia".

En marzo de 2007 una asociación metodista de New Jersey no quiso dejar sus locales privados, que tenían unas bonitas vistas al mar, a unas lesbianas para que celebraran en ellos su "boda". El tribunal falló que la asociación había violado las leyes anti-discriminación de New Jersey, aunque admitía que se trataba de una propiedad privada.

En febrero de 2008, se multó con 63.000 euros a un obispo anglicano que se negó a contratar como monitor de jóvenes a un hombre homosexual, entendiendo que era una discriminación por razón de orientación sexual, sin atender a las razones del obispo: no quería contratar para cargos de confianza en las actividades de su iglesia a personas que están en contra de la moral cristiana.

El año pasado, un padre de familia americano terminó siendo encarcelado por pedir que en el colegio no inculcaran a su hijo de 5 años que las uniones homosexuales eran moralmente aceptables, porque eso iba a contra de sus convicciones.

Hace un año, la ministra de Igualdad británica soltó un globo-sonda similar, anunciando un proyecto de ley que expresamente tenía en el punto de mira a la Iglesia Católica en el país, y pretendía obligar a la jerarquía a no impedir que sus sacerdotes puedan casarse, tener abiertas conductas homosexuales, realicen operaciones de cambio de sexo, mantengan estilos de vida abiertamente promiscuos o realicen cualquier otro tipo de actividades que sean reconocidas como formas legales de expresión sexual. Y naturalmente, no podrán rechazar como candidatas a mujeres que se presenten para ser ordenadas. No hemos vuelto a tener más noticias del tema; suponemos que se debe a que la sociedad y la clase política británica no han perdido completamente la cordura.

Sin haberse aprobado aún la ley Pajín, en España ya es palpable que no hay libre circulación de ideas, si éstas chocan con la "nueva religión", como ha ocurrido también hace unos días en la Universidad de Sevilla, donde se ha impedido que se promocionara el libro de un terapeuta americano. La diputada Rosa Díez, el escritor Pío Moa, y otros muchos relevantes "disidentes" del discurso oficial hace tiempo que son violentamente acallados en sedes universitarias. Las razones son distintas del motivo tratado en este artículo, pero el clima que los propicia es hijo del mismo humus ideológico talibán que inspira a la Sra. Pajín y al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

"¿Qué ha hecho Mahoma por vosotras?". Esta simple pregunta ha condenado a muerte a la cristiana Asia Bibi, a tenor de lo que prevé la ley de blasfemia que marca en Pakistán una línea roja: todo lo que cuestione al islam, merece la muerte.

En España, todo lo que cuestione al laicismo radical, al lobby gay, al intervencionismo estatal asfixiante va a merecer la cárcel, la multa, la muerte civil.

El PSOE prepara su ley de blasfemia. Si se aprobara, la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y el derecho a la propiedad privada habrán muerto definitivamente en España.