La izquierda que encarna Zapatero tiene un proyecto ideológico muy definido para tratar de subvertir las costumbres y las instituciones sociales de corte más tradicional. Con su obsesión por crear un hombre nuevo que pueda ser sometido y manejado con mayor facilidad por el Estado, se ha colocado como misión erradicar todos aquellos contrapesos que existan frente a la expansión de su discrecionalidad; y uno de ellos es esa presunción moral que tanto disgusta a nuestra izquierda de poner en valor la vida frente a la muerte y, por tanto, al ser humano frente a cualquier otro tipo de consideraciones que justifiquen la actuación estatal.
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Esta ley debería dirigirse, en todo caso, a proteger a los individuos de la injerencia de las autoridades políticas y sanitarias (o incluso de sus propios familiares) en unos momentos críticos de su vida. Es decir, debería constituirse en un impedimento para que cualquier otra persona distinta de la interesada pudiera tomar una decisión tan trascendental como es la de seguir con vida o no.
Sin embargo, todo indica que el Gobierno busca justo lo contrario: reducir las garantías con las que cuenta el individuo para defenderse de la arbitrariedad de otras personas para poner punto final a su vida. A falta de que el PSOE concrete su propuesta, existe un enorme riesgo a que se institucionalice –a imagen y semejanza del derecho al aborto– un derecho a la eutanasia por parte de médicos y familiares, aun con oposición activa o por omisión de la víctima.
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