domingo, 15 de marzo de 2009
sábado, 14 de marzo de 2009
Torquemada en Nueva Zelanda
Antonio José Chichetru en Libertad Digital
No tengo el placer (o la desgracia, nunca se sabe) de conocer a ningún adolescente de Nueva Zelanda. Sin embargo, algo me dice que a pesar de situarse en las antípodas geográficas de España en ciertas cosas deben de ser muy parecidos a los de la vieja piel de toro. Al fin y al cabo, los jóvenes de todo el mundo que todavía no han llegado a la mayoría de edad comparten una amplia gama de aficiones y gustos. Y entre todos ellos están, que duda cabe, consumir productos de entretenimiento destinados a adultos.
La mayor parte de los adolescentes de todo el mundo comparten varias pasiones: las escenas ficticias de violencia (sobre todo los chicos); la imagen de señoritas o mozalbetes, depende del sexo y los gustos de cada uno, de buen ver con la mayor superficie posible de piel a la vista; las conversaciones subidas de tono... En definitiva, todo lo que se suele clasificar como apto sólo para mayores de edad. Y la cuestión de estas clasificaciones, a pesar de que estemos acostumbrados a ellas, resulta más peliaguda de lo que podría pensarse en un principio.
No hay nada que objetar cuando se limitan a recomendaciones, sobre todo si surgen de la iniciativa privada, o se trata de autolimitaciones impuestas por el propio sector en cuestión (el cinematográfico, el de los videojuegos, etc.). Otra cosa muy diferente es cuando el Estado se mete por medio e impone prohibiciones. En estos casos se trata de una intromisión directa en el ámbito del hogar. Son los padres, y no un funcionario, los que deben considerar si unos contenidos audiovisuales, fotográficos, electrónicos o de cualquier otro tipo son los adecuados para sus hijos.
Tan sólo por eso resulta demencial la pretensión del censor jefe del Gobierno neocelandés (de hecho, resulta demencial el hecho de que en un país democrático exista ese cargo) de meter en la cárcel a los padres de menores que se entretengan con videojuegos para adultos. Lo que pretende este señor es que aquellos progenitores que no eduquen, o no puedan hacerlo, a sus hijos como los políticos creen que deben hacerlo terminen con sus huesos en prisión. Pero hay más. Bill Hasting, que es como se llama este moderno Torquemada austral, justifica su pretensión con la excusa de que la cárcel es una buena manera de obligar a los padres a aprender lo suficiente sobre tecnología para poder controlar a sus retoños.
Tal vez debería preocuparse menos por la moral ajena y más por desarrollar su propia inteligencia y sentido común. ¿Se le ocurriría a Hasting meter en la cárcel a un padre analfabeto por el hecho de que un hijo suyo que sí ha estudiado lea una novela erótica? ¿Y encarcelar a una madre que no sabe bloquear el DVD para que no reproduzca contenidos pornográficos o violentos, suponiendo que el aparato lo permita? O, incluso, ¿condenaría a un ciego por no saber cómo impedir que su hijo mire fotos de chicas desnudas? Porque la argumentación en la que basa su propuesta, aunque la aplique sólo a los videojuegos, justificaría todas esas tropelías.Yo también quiero reflexionar
Pablo Molina en Libertad Digital
El responsable de cultura del Neopepé está muy preocupado por la catástrofe de la cinematografía española y se pregunta retóricamente qué está pasando con nuestro cine para que, a pesar de su evidente calidad (sic, cágate lorito), cada vez menos espectadores se atrevan a pagar una entrada. En efecto, prácticamente ni Dios va a ver una película española, entre otras cosas porque el Altísimo tiene otras muchas ocupaciones y además le gustan las películas de Schwarzenegger, hechas para atraer a la audiencia como Él manda. Esto demuestra que el razonamiento de Lasalle es un ejemplo claro de falacia pues llega a una conclusión cierta (cada vez menos espectadores van a ver cine español) a través de un argumento erróneo (el cine español es un producto de calidad). A menos que Lasalle suponga que los españoles padecen un brote agudo de cretinismo, que les lleva a consumir productos infumables pudiendo elegir otros excelentes por el mismo precio, habrá que concluir que si la gente va cada vez menos a ver películas españolas es porque son... ¿cómo decirlo sin ofender demasiado? ¿Una puñetera castaña, Lasalle?
El cine español, como cualquier otra actividad subvencionada fuertemente por los poderes públicos, no responde a los gustos de los consumidores a los que supuestamente va destinado, sino a las exigencias estéticas e ideológicas de quien ocupa el poder y tiene el mando del grifo de la subvención pública. Es normal, por tanto, que la inmensa mayoría de las películas que se hacen en España sean un ejercicio de onanismo sectario técnicamente mediocre, estéticamente lamentable e ideológicamente insultante, cuyo único objetivo es contribuir a la promoción de la agenda ideológica de la izquierda zapateril.
Los zejateros han conseguido la dudosa hazaña de hacer que la recaudación de las películas españolas sea inferior a la cuantía de las subvenciones directas que reciben del Estado, que no son sólo los famosos 88 millones de euros del fondo para la cinematografía, sino alrededor de doscientos cincuenta millonazos, una vez sumado el impuesto revolucionario que se exige a las televisiones españolas a través del famoso cinco por ciento de los beneficios que obligatoriamente deben destinar a la promoción del cine español. Para que se entienda bien la magnitud del expolio, es como si Zapatero subvencionara cada coche que sale de la factoría de SEAT con un importe superior al precio que el cliente paga por él cuando lo adquiere. Un despropósito de tintes delictivos y un insulto a la inteligencia, que sin embargo los políticos de todos los partidos dan por bueno siempre que en lugar de un utilitario con cambio automático se trate de una película que ataque virulentamente las creencias de más de la mitad de los resignados contribuyentes.
No deja claro el gran Lasalle cuál es la solución que propone el Neopepé para arreglar "el problema" del cine español, pero a tenor de la trayectoria reciente del partido, suponemos que consistirá en darle aún más dinero a la casta de mediocres subvencionados que viven del cuento cinematográfico, con la única condición de que en vez de tocarse la ceja durante la campaña electoral de 2012 se pongan una barba postiza en honor de Rajoy y aparquen momentáneamente el famoso cordón sanitario.
En cambio, la mayor parte de los votantes del PP seguramente preferirían que el responsable de cultura del partido hiciera gala de una mayor contundencia en sentido contrario. Con que tratara a los cineastas españoles como hizo con su compañera María San Gil sería suficiente.
viernes, 13 de marzo de 2009
jueves, 12 de marzo de 2009
miércoles, 11 de marzo de 2009
Ateísmo e islam, las religiones en boga
José Brechner en Libertad Digital
La decadencia de Occidente, a la que unos asisten con alborozo, otros con indiferencia y otros horrorizados. La mayoría, preocupada o idiotizada (alienada, diría un marxista) por otras cosas, ni se entera. Pero es un hecho.
La decadencia de Occidente, a la que unos asisten con alborozo, otros con indiferencia y otros horrorizados. La mayoría, preocupada o idiotizada (alienada, diría un marxista) por otras cosas, ni se entera. Pero es un hecho.
Por un ADSL más barato
Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital
Hay campañas e ideologías de las que hay que desconfiar por sistema. Son aquellas que intentan convencerte exponiendo únicamente sus metas, sin especificar cómo han de alcanzarse ni, sobre todo, a qué precio. Los ecologistas son especialistas en eso. ¿Quién no va a querer árboles más verdes, aire más respirable, menos contaminación? El problema es que jamás se detienen a explicarte qué nos va a costar todo eso. Y en ese ámbito, como en tantos otros, funciona la ley de rendimientos decrecientes: sale relativamente barato dejar de tener nieblas artificiales como la de Londres, creadas por la polución, pero rebajar los pesticidas de un microgramo por litro de agua a un nanogramo puede resultar astronómicamente caro, además de inútil para nuestra salud y nuestro bienestar.
Con esa lupa hay que examinar la campaña "Por un ADSL más barato". Evidentemente, estoy a favor de los objetivos, ¡cómo no estarlo! Aunque sólo fuera por el interés egoísta de tener una población de internautas más amplia y, por tanto, más lectores potenciales de Libertad Digital, nada podría gustarme más que una rebaja en el precio del ADSL que supondría, cabe esperar, una mayor demanda. Tampoco tengo ninguna objeción a un aumento de las velocidades de subida y bajada, pese a que por supuesto no las piense utilizar con el eMule, porque como bien saben quienes vieron en su día Conectados, ni Fabián C. Barrio ni yo empleamos jamás esas cosas. Y eso sin hablar del dinero que me ahorraría.
Pero cuando llegamos al apartado de la "brecha digital", ya empieza uno a mosquearse. En España cuando se menciona este concepto se refiere a la diferencia de acceso a la banda ancha entre el campo y la ciudad. Es inevitable con las tecnologías actuales que sea más caro conectarse en las zonas rurales, más dispersas, donde en ocasiones hay que tirar kilómetros de cable para llegar a un puñado de casas. Para evitar que eso supusiera un coste prohibitivo para los consumidores rurales, piden que el fondo para garantizar el acceso telefónico a todos los españoles que pagan las operadoras, y que por tanto sale de lo que nos cobran a los consumidores de ciudad, se amplíe para garantizar el acceso en banda ancha de los consumidores rurales.
Francamente, si a mí no me pagan la gasolina para llegar al trabajo ni el elevado precio de los pisos no sé por qué debo pagarles el ADSL ni, ya que estamos, la ayudas al campo de la UE. Pero aunque se pudieran calcular todos los subsidios cruzados y fueran ellos quienes nos están subvencionando a nosotros, la solución sería eliminar todos esos pagos, no aumentarlos.
Y una vez abierta la desconfianza, pues claro, habrá que sospechar también de cómo se pretende conseguir esa reducción de precio y mejora de velocidad del ADSL. ¿Aumentando la competencia? ¿Incrementando los incentivos de invertir en redes a esas empresas que no ofrecen nada más que revender las infraestructuras de Telefónica? Permítanme dudarlo. Seguramente lo que pretendan es que la CMT regule los precios y la oferta minorista de Telefónica, perdón, Movistar ADSL. El problema práctico es que esto es comida para hoy y hambre para mañana. Las empresas invierten porque esperan obtener beneficios. Pero si temen que les va a pisar la bota regulatoria, ¿para qué mejorar el servicio?
Como recordaba recientemente Fernando Herrera, el regulador modelo de todos los reguladores europeos, el británico Ofcom, después de un cuarto de siglo de obligar a BT a someterse a condiciones cada vez más draconianas, ahora estaría considerando la posibilidad de volver a nacionalizarla. Ya saben, aquello de esperar más de un año para que te instalen la línea. ¿O es que no se acuerdan de aquello? Se ve que no, porque siempre hay quien está dispuesto a volver a estatalizar empresas, aunque sea mediante una lenta asfixia.
martes, 10 de marzo de 2009
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