Desde siempre ha habido sectores económicos que se han resistido al cambio y que se han acercado al poder político para conseguir favores. El gran Adam Smith ya constataba en La Riqueza de las Naciones que los empresarios se reunían era para conspirar y, si se les dejaba, subir los precios. En la actualidad, las cosas no han cambiado demasiado: los productores ineficientes se aproximan al Gobierno para reírle las gracias y obtener prebendas a costa de las libertades de todos los ciudadanos.
En este sentido, el caso del cine español es paradigmático. Tanto se ha aislado de la realidad y de los gustos de los españoles que en los últimos años las subvenciones públicas que recibe han superado la recaudación en taquilla. Escandaloso dato que pone de manifiesto tres cosas: una, que los gobiernos de derecha han sido lo bastante pusilánimes como para no acabar de raíz con este latrocinio organizado a costa de todos los contribuyentes; dos, que los gobiernos de izquierda han comprendido bastante bien el uso electoralista que, No a la Guerra o ¡Hay Motivo! mediante, pueden darle a este ejército de propagandistas a sueldo; y tres, que todos los españoles, por la fuerza, pagamos las entradas de unas películas que no queremos ir a ver.
No satisfechos con el expolio, sin embargo, nuestros cineastas se alzaron con una nueva reivindicación para distraer la atención de su propio fracaso: al parecer, los españoles no acudíamos a sus proyecciones, no por la escasísima calidad de las mismas, sino porque las descargábamos de internet. Motivo que, al parecer, justificaba el cierre inmediato de las páginas que enlazaran con semejante contenido. Sólo había un problema: dado que esas páginas no albergaban contenido alguno, los tribunales se negaban sistemáticamente a clausurarlas, por cuanto ello supondría un atentado contra los derechos fundamentales.
Fue para superar semejante escollo –escollo llamado Estado de Derecho– para lo que se colocó a González Sinde al frente de Cultura y para lo que se aprobó –gracias al auxilio reformista del PP– la nefasta ley que lleva su nombre y que permite el cierre administrativo de webs. Por fortuna, tras semejante atropello a los derechos de los españoles y al sentido común más elemental, se han levantado numerosos colectivos de ciudadanos y algún que otro cineasta honrado, rara avis en ese circo de arribistas que es el mal llamado "mundo de la cultura" español.
Ayer, durante la gala de los Goya tanto unos como otro se lo hicieron saber a los políticos. Mientras que González Sinde fue recibida con abucheos y pitadas, Álex de la Iglesia fue bienvenido entre vítores. Tal vez por tratarse de unos de los pocos directos españoles que intentar hacer películas que agraden al público, el ex presidente de la Academia parece haber aprendido la lección: internet no es la tumba sino la salvación del cine. Claro que es mucho suponer que la mayoría de sus colegas reputen sus películas como algo distinto a un medio para acceder a la subvención pública. Lo que les preocupa no es la difusión de su obra artística, sino conservar su parcela en el cortijo del presupuesto público. Por eso carecen de todo incentivo para adaptarse a los nuevos tiempos y por eso confunden una oportunidad con una amenaza que debe ser aplastada por sus amigos los políticos.
