Representar no es un oficio; es un deber moral entre hombres libres. Al que cualquier sujeto digno debiera aspirar. Del cual ningún sujeto libre debiera extraer un céntimo. Tampoco perderlo. Sea. De otro modo, cortaríamos en seco la aspiración de los perjudicados. Pero eso no plantea problema técnico: el Estado debiera garantizar a los representantes electos la continuidad de la media de ingresos percibidos en su privado oficio, conforme a su declaración de la renta de los últimos años; y cargar, además, con las dietas y gastos extraordinarios -religiosamente justificados- que el ejercicio del cargo genere. Y ni un céntimo más. Ni uno menos.
¿Habrá algún polítco "profesional" dispuesto a defender esto?
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