Lo que se debe buscar en un estatuto son normas, lo más claras y menos numerosas posibles, acordes todas ellas a la ley suprema que es la Constitución. Pretender, por el contrario, que los estatutos sean una especie de programas de Gobierno –para colmo sumamente intervencionistas– es convertirlos en mamotretos políticos que, lejos de limitarse a señalar claramente a lo que deben atenerse las comunidades autónomas, parecen invitarles a inmiscuirse en cosas tan ridículas como el folclore o, por no salirnos del tema, la regulación de los caudales de los ríos que las atraviesan.
jueves, 22 de abril de 2010
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