Pablo Molina en Libertad Digital
Supongamos que un concejal de urbanismo tiene la brillante idea de colocar un vertedero justo al lado de un colegio público. Es una barbaridad, claro, pero resulta que los dueños de esa empresa de tratamientos de basuras mandan mucho en el partido del concejal, y de su apoyo depende que en la próxima legislatura siga apareciendo en las listas electorales. El expediente para la construcción se inicia, los padres de los alumnos acuden lógicamente a los jueces y obtienen una sentencia que declara la ilegalidad de construir ese tipo de industrias junto a un centro de enseñanza en virtud de la legislación actual sobre urbanismo e industria. Los padres de los niños correrían al concejal a gorrazos por las calles del pueblo, el tipo no volvería a presentarse a las elecciones y aquí acabaría la historia.
Acabaría ahí, en efecto, salvo que en lugar de un concejal y un juzgado ordinario se trate de Zapatero y el Tribunal Constitucional, en cuyo caso se procede a cambiar la legislación todo lo necesario para llevar a cabo la instalación declarada inicialmente ilegal, aunque la consecuencia sea la indefensión de todos los afectados.
La gravísima responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en el enjuague legislativo que el PSOE tiene previsto realizar a cuenta del estatuto de Cataluña no debería pasar inadvertida para los españoles. Se trata, ni más ni menos, de que el presidente del Gobierno está dispuesto a cometer un enorme fraude de ley, por más que el juego de las mayorías parlamentarias avale el despropósito.
El deterioro de la imagen de España en el exterior no puede ser muy profundo porque ya está suficientemente dañada en todos los órdenes, pero es evidente que muy pocos inversores van a confiar su dinero a un país cuyo principal mandatario vulnera los principios constitucionales que ha jurado cumplir y hacer cumplir. Sin seguridad jurídica no hay confianza y sin ésta, pocas posibilidades de contar con dinero de fuera. A ver cómo consigue Zapatero, después de consumar su operación del Estatut, que nos llegue un solo euro a un precio no demasiado astronómico.
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