¿Mediante qué mecanismo el dinero que los españoles pagan con sus impuestos va a parar a mediáticas denuncias en la Audiencia Nacional? ¿Cómo el dinero destinado supuestamente a ayudar a los más necesitados se acaba destinando a violentas campañas publicitarias contra Israel y de apoyo al régimen genocida de Hamás? Puede ser legal utilizar la devaluada Audiencia Nacional para denunciar lo que uno considere apropiado, aunque lo sea por quienes están más cómodos con Hamás que con un gobierno occidental; lo que no lo es, es que el soporte sea el dinero de todos los españoles. No es escandaloso que los activistas de la flotilla presenten las denuncias que crean oportunas; lo que sí lo es, es que sus organizaciones se lleven el dinero que podría ir a parar a proyectos verdaderamente cooperantes y humanitarios. Urge un control para saber a quién y para quién van a parar los fondos públicos. Una cosa es que éstos se dediquen a organizaciones dedicadas a la construcción de canalizaciones, casas, escuelas, o a la alfabetización de niños y adultos, y otra bien distinta que millones y millones vayan a parar a grupos de activistas caracterizados por hacer propaganda de la violencia contra razas o pueblos, que además han mostrado su voluntad de volver a llevar la tensión y el enfrentamiento a aguas israelíes.
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