ES 21 de mayo de 2007. Cinco meses después del atentado en la T4. La delegación de ETA, reunida con la del Gobierno español «en una ciudad europea», plantea su «última propuesta» de abrir «la tercera fase» —la pactada como conclusiva— en la negociación que se abriera el 2005. Fracasa. Extractos de las «actas» de aquello, a lo cual sus protagonistas se referirán elípticamente como «el proceso», serán publicados por Gara un mes más tarde, entre el 21 y el 24 de junio de 2007. De allí las tomé yo, al escribir en 2008 mi libro Contra los políticos. Pero cualquiera pudo consultarlas en estos años sin más que visitar la hemeroteca. Recuerdo cuatro pasajes:
—«El 21 de mayo se celebró la reunión definitiva… Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Dos días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores internacionales, a desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares, si se lograba un compromiso global y el proceso llegaba hasta el final».
El «compromiso global» se asienta sobre dos cesiones que ETA explicita en su documento:
—«La unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro».
Fija también ETA un procedimiento de reforma constitucional, consensuado con el Gobierno, para conducir sin traumas ese trayecto:
—«Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio».
La propuesta de culminar el camino de dos años era ya irrealizable: los dos cadáveres de Barajas pesaban demasiado. Llegarían tiempos mejores algún día. Es lo que, en su despedida ante los observadores internacionales, formula la delegación de ETA:
—«La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo».
Eso sabemos desde la primavera de 2007. Casi todo. Cuadra con los pasajes nuevos que ahora se hacen públicos de esas mismas «actas». El Gobierno de Zapatero siguió manteniendo conversaciones con ETA tras la T4. El hombre clave de ese juego, a caballo entre legalidad y delito, fue un ministro con larga experiencia en esa variedad de la «razón de Estado» que imperó en los años GAL de Felipe González: Alfredo Pérez Rubalcaba. Dar por toda respuesta que «ETA no es creíble» es tomarnos por idiotas: las actas de ETA no están dirigidas a nadie al cual engañar; son una constancia interna, y engañarse deliberadamente a sí mismo es un oxímoron.
Pero no podemos tampoco sorprendernos ahora. O hacer como que nos sorprendemos. Podemos y debemos confesar que, durante cinco años, nadie se ha atrevido a formular lo que los hechos imponen: que, una vez más, un poder socialista se puso fuera de la ley y actuó sin atenerse a norma. Avisar a los del «Faisán» del riesgo que corrían, les debió parecer una minucia después de todo lo hecho… También Al Capone tenía por minucia no pagar a Hacienda.
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