Faisán

Alfonso Ussía en La Razón

Se habla y se discute del problema sucesorio en la cúpula del PSOE. Se habla y se discute de los tiempos previstos y los momentos oportunos. Pudiera darse el caso de que los planes se derrumbaran por completo si se confirma la verdad de las actas etarras de la negociación. El faisán, a punto de ser abatido. Sistema democrático y Estado de Derecho son sinónimos. Independencia de los tres Poderes, con mayúscula. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro, que el Gobierno haga pública las suyas–, el Poder Ejecutivo ha ayudado, a espaldas de la sociedad, al poder terrorista, aún después del atentado de la T-4 de Madrid. Según las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro que el Gobierno nos muestre las suyas–, el Poder Ejecutivo ha invadido sin sobresaltos ni prudencias los espacios reservados al Poder Judicial. No sólo se trata de la repugnante gravedad que se reúne en un Gobierno que ha podido colaborar con la ETA. Se trata de un atentado contra el sistema democrático, al intentar convertir al Poder Judicial en un títere del Poder Ejecutivo. No es fácil, como recogen las actas, porque siempre existirán jueces honestos y decididos dispuestos a mantener intacta la independencia de la justicia. El antiguo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional no ha tenido reparos en ser claro y contundente: «Fui cesado por exigencias de los terroristas». Hasta aquí podíamos llegar. Un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional es cesado porque así lo exige una banda terrorista. Se ha confirmado la presencia del comisario Ballesteros en el Bar Faisán el día del soplo. Y se habla de la sucesión, de los tiempos oportunos, de las cajas de ahorro del plutonio del reactor de Fukushima, de la guerra de Libia y del patatal del estadio lituano donde va a jugar la Selección española. Se habla de todo, cuando de confirmarse el contenido de las actas de los terroristas –hora es, por su bien y el de todos los españoles, que el Gobierno las desmienta con las suyas–, nos hallaríamos ante el atentado antidemocrático más grave de nuestros tiempos de libertad. Más aún que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, de tan infausto recuerdo. Un Gobierno pactando con la ETA y avisando a los terroristas de los movimientos policiales que podrían dar lugar a su detención, es decir, un Gobierno que procura la fuga de los asesinos humillando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es un Gobierno que no puede continuar ni un día más con la responsabilidad de gobernar España. Entonces, de confirmarse la veracidad de las actas etarras, ni sucesión, ni tiempo, ni oportunismo ni reforma laboral ni vainas. Ese Gobierno, en una nación normal y democrática, caería por su propio peso de irresponsabilidad en menos de veinticuatro horas.

No confío en algunos jueces y fiscales, pero sí en la Justicia. La independencia de la Justicia personalizada en un juez que no se deja atemorizar ha sido la vía que ha abierto la puerta del escándalo. Eso y, no podemos olvidarlo, la impecable e implacable investigación de un periódico, «El Mundo», que ha suplido la nula investigación oficial. ¿Cómo va a investigar el investigado?
¿Cómo va a pretender que resplandezca la verdad quien no ha hecho otra cosa que mentir? Si el Gobierno de España no demuestra fehacientemente que las actas de la ETA son burdas mentiras –y no parecen tener ese cariz–, la única solución es la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y todos a la calle. El problema es que más de uno puede terminar en la cárcel.