Que el Tribunal Constitucional se descomponga ahora, precisamente ahora, cuando se ha demostrado que la solemne institución es la suprema instancia de las componendas, podría interpretarse, en el mejor de los supuestos, como un nítido ejemplo de justicia poética. Podría, en condicional, porque ya no se puede. Después de que el monstruo que pusieron en suerte se cobrara en las urnas el salario del miedo nos encontramos ante un nuevo caso de justicia patética. Sea por un súbito arrepentimiento ante la irrupción de Bildu, sea para apañar una nueva mayoría o sea porque aún queda el trágala de Sortu para las elecciones autonómicas, la renuncia de tres magistrados del Constitucional es la última, que no definitiva, evidencia de la disciplina política del poder judicial. Y la penúltima prueba de un descrédito que arranca con el embotellamiento estatutario, quilombo socialista que ha quedado en imposición sutil y versallesca ante las escandalosas dimensiones del enjuague bildunero.
Señalados por los más que previsibles brotes de cólera proetarra, la mayoría de los magistrados del TC son la carne de cañón del ministro de Interior, el comando de operaciones especiales del Gobierno, un grupo de hombres sin piedad ni atributos que cumplen órdenes. De ahí la estupefacción de Pascual Sala, el presidente del Tribunal, ante las críticas jurídicas a la sentencia de Bildu. Como si los hubiera puesto el ayuntamiento para hacer cumplir la ley en lugar de para interpretarla a conveniencia y capricho de sus patrocinadores. En ese contexto, hasta los votos particulares acaban por convertirse en parte del truco, una coartada de pluralidad y sana discrepancia, por mucho que también constituyan actas notariales de la ignominia.
Tal vez la cuesta abajo se aceleró antes de que De la Vega abroncara en público a la entonces presidenta del Constitucional María Antonia Casas, pero la plasticidad del instante (durante el desfile del 12 de Octubre) aportaba sobrados indicios sobre las relaciones de poder y un punto de partida para el análisis forense de la segunda muerte de Montesquieu. El fallo sobre Bildu confirmó el desmoronamiento de la independencia judicial, con lo que tal lunes como ayer nos fue dado ver otro acontecimiento jurídico inédito, el segundo eclipse judicial en 24 horas; que prosperara en el Supremo el recurso contra cinco magistrados, cinco, de Baltasar Garzón en relación a su ajuste de cuentas con el mismísimo Franco.
Sostener a estas alturas que la justicia es igual para todos no es una broma de mal gusto. Ni siquiera es una broma. La estructura institucional podría colapsar con tan sólo un soplido mientras Rubalcaba protege a los indignados e insiste en que la policía está para evitar problemas, pero en el sentido de ni olerlos. Con los restos de ese naufragio se construyen los campamentos al sol, el último hervor de unas asambleas a la que el Gobierno presta más atención que a una reunión de magistrados nombrados, naturalmente, a dedo.
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