¿Para quién se legisla?

José Luis Requero en La Razón

Hace ya tiempo que nuestra legislación puso coto al paternalismo en la forma de entender las relaciones entre médico y paciente. Hoy día esa relación se ha reequilibrado y se basa en la autonomía y libertad del paciente, en su madurez, de ahí la importancia de la información médica y del consentimiento informado. Aún así hay muchos y variados matices y ese consentimiento informado presenta no pocos problemas prácticos, pero no es el momento de abordarlos.

Como ningún derecho es absoluto, esa autonomía tiene sus excepciones y sus límites, entre ellos el impuesto por la pericia, por la responsabilidad profesional y moral del médico. Un paciente no puede exigir un tratamiento contraindicado ni contrario a la ética profesional. En esos casos el médico no es que pueda, es que está obligado a no atender esas decisiones; del mismo modo tampoco puede atender las determinaciones del paciente si duda de que la ha adoptado con plena conciencia de lo que hace o cuando su decisión se basa en una información errónea.
En estas estábamos cuando el Gobierno remite al Congreso el proyecto de Ley de de Derechos del Paciente ante el Proceso Final de la Vida, es decir, en caso de situación terminal y de agonía. Si el derecho del paciente a ejercer su autonomía tiene hoy día una regulación satisfactoria, ¿qué añadirá a lo que ya es ley?: pues una nueva manera de entender la relación entre el médico y el enfermo. No añade nada que su objetivo sea garantizar el respeto a la libre voluntad del paciente en el proceso final de su vida, lo novedoso es que incorpore un adjetivo: ese respeto debe ser «pleno» y es obligación del médico que sea así. A cambio el proyecto le exime de toda responsabilidad.

La consecuencia es que el proyecto, machaconamente, recuerda una y otra vez que su objetivo es, ante todo, satisfacer deseos erigidos en derechos absolutos e ilimitados, es más, crea nuevos derechos, como el derecho a la sedación terminal. Desaparece la posibilidad de que el médico se oponga a ejecutar esos deseos porque sean contrarios a la lex artis –es decir, la pericia médica– o a la deontología profesional, aunque el paciente ignore que hay alternativas o que su decisión es precipitada. Las prevenciones surgen para lo contrario: si el médico propone una intervención es cuando ya se invoca la lex artis, cuando se le limita; además su criterio deberá ser contrastado con otros facultativos si es que propone un esfuerzo terapéutico.

A estos efectos es clave que el proyecto reforme expresamente la ley de 2002, norma que regula satisfactoriamente la autonomía del paciente como derecho y se reforma para suprimir ya con carácter general el límite de la lex artis en el llamado «testamento vital». A partir de ahora, para todo tipo de intervención, el legislador le dice al médico que debe estar a la voluntad del paciente: del paternalismo médico pasamos a la tiranía del paciente. El médico se erige en una amenaza latente a la libertad del paciente; ni apelando a sus convicciones morales puede oponerse a ejecutar sus decisiones, aunque sean erradas. El único límite a esa voluntad soberana del paciente vendría de la sospecha de que está viciada, de que es un incapaz de hecho, pero en ese caso se sustituye la voluntad del enfermo por la de su representante.

El proyecto responde a la misma mentalidad que anima a la ley del aborto: ya sea la voluntad de acabar con la vida del no nacido como con la propia, es un derecho que no puede impedirse. Estamos ante otro monumento al individualismo feroz, pero maticemos: me pregunto si no beneficiará también al médico que no ha dejado de ejercer un paternalismo sutil, que desliza consejos a enfermos o familiares angustiados o interpreta sus deseos. A partir de ahora la ley le exculpará, luego será una norma legalizadora. La del aborto es una norma de encargo que legaliza el negocio del aborto libre; el proyecto lo será de unas prácticas de las que ya hay antecedentes conocidos, luego ¿se legisla para el interés general, para el bien común o para guardar las espaldas a unos pocos, para legalizar sus abusos?