Pío Moa en Libertad Digital
No sé si Vilches cree compatible con la democracia liberal la marea de incendios de iglesias, registros de la propiedad, periódicos y sedes de la derecha, asesinatos culminados en el del líder de la oposición, ilegalidades del gobierno y amparo de éste a la oleada de crímenes, etc. Por mi parte no creo en esa compatibilidad.
(...)
El apoyo mayoritario a Franco no es un tópico, sino una realidad. Quienes luchamos contra el franquismo lo sabemos por experiencia, y lo he explicado en Franco para antifranquistas. Una razón de peso es que la gente había sufrido en sus carnes las "maravillas", de la república y el Frente Popular, con las que la gente identificaba, erróneamente, la democracia liberal; confusión en la que siguen cayendo muchos hoy, a izquierda y derecha, incluyendo al señor Vilches, según parece. Otra razón es que el franquismo derrotó el aislamiento, reconcilió al país y lo elevó a la mayor prosperidad en siglos, cosas que el señor Vilches desdeña pero que los españoles de entonces apreciaban mucho. Otra razón es que aunque las libertades políticas estaban restringidas –no anuladas– existía una gran libertad personal y el estado se entrometía menos que ahora en la vida particular de las personas.
miércoles, 15 de junio de 2011
Los indignados tardíos del TC
Pablo Molina en Libertad Digital
A los tres magistrados dimisionarios del Tribunal Constitucional les ocurre como a los ex acampados en la Puerta del Sol: la decisión que han tomado está justificada pero llega con muchos meses de retraso, lo que desvirtúa esa pretendida intención de regenerar las instituciones de unos y otros si es que alguna vez fue sincera.
Está bien que los tres indignados del TC dimitan de sus puestos con su mandato más que agotado y bloqueado el mecanismo de renovación, pero exactamente los mismos motivos concurrían antes de la sentencia sobre el nuevo Estatuto de Cataluña y, de forma más evidente aún, en el dictamen que ha permitido a la franquicia terrorista de la ETA alzarse con el poder en muchas instituciones locales del País Vasco. En ninguno de los dos casos los ahora dimisionarios renunciaron a entender de asuntos para los que carecían de la legitimidad que debería exigir la pertenencia al más alto tribunal de una nación, así que sus apelaciones a la pulcritud en su composición y funcionamiento llegan demasiado tarde.
Fruto de esa decisión extemporánea, que evita a los tres protagonistas la vergüenza de seguir perteneciendo a un órgano completamente desprestigiado, comienza ahora el no menos degradante proceso en virtud del cual socialistas y populares, con el aditamento nacionalista exigiendo también su alícuota representación, se disponen a repartirse los cargos que habrán de ser renovados por orden de José Bono antes del último día de este mes.
La soberanía de la nación reside en el pueblo español pero tal exigencia constitucional no parece extenderse a los máximos órganos jurisdiccionales, cuya composición depende de lo que opinen al respecto las cúpulas de los principales partidos políticos y los acuerdos que lleguen en cenáculos extraparlamentarios. El espectáculo es tan infamante que, abandonada la legitimidad de ejercicio con sentencias contrarias al derecho como las últimas que hemos padecido, el Tribunal Constitucional se despoja una vez más de la legitimidad de origen para que la corrupción en el organismo sea completa.
Ahí tienen los paladines de la regeneración democrática evacuados de las acampadas callejeras un motivo excelente para manifestarse a las puertas de las sedes de PP y PSOE. Si fueran sinceros ya estarían allí aporreando perolas de grandes dimensiones. A ver si terminan de acosar a los alcaldes del PP y encuentran un hueco.
Del odio a los políticos
José García Domínguez en Libertad Digital
Esa estampa castiza de los telediarios, la plebe acosando a los electos, remite a una perplejidad antigua, aquélla misma que manifestó Ortega en España invertebrada, allá por 1922. De dónde, se interrogaba ya entonces, la unanimidad con que las distintas clases expresan su repugnancia feroz contra los políticos. Una ira ecuménica, la de la muchedumbre vociferante, ante la que acaso cabría inferir que los políticos constituyen excepción única a la norma general hispana. Así, frente a una sociedad admirable por el ejemplar cumplimiento de sus deberes, los cargos institucionales encarnarían justo lo contrario: una casta vil lastrada por todas las taras, estigmas y vicios conocidos.
"Diríase", apostillaba, "que nuestra Universidad, nuestra industria, nuestra ingeniería, son gremios maravillosamente bien dotados y que encuentran siempre anuladas sus virtudes y talentos por la intervención fatal de los políticos". Extraña anomalía ésa tan crónica en nuestro país. Una nación ejemplar que, oh fatalidad, se obstina por sistema en ceder la cosa pública a una ristra de rufianes. Raro asunto en verdad. Al respecto, se condena de los partidos su alergia corporativa a la meritocracia. Ese enfangarse en la endogamia de cuyo corolario resulta una selección inversa de las elites: la promoción de los mediocres ante la forzada exclusión de los mejores. Como si idéntica tara no se repitiera, solo que corregida y aumentada, en lo que aún tenemos la humorada de seguir llamando universidad.
O como si el tono medio del periodismo se situase muy por encima de esa triste indigencia intelectual que se achaca a los profesionales de la política. ¿Y qué decir de nuestros empresarios? ¿Dónde está el Steve Jobs patrio? ¿Alguien lo conoce? ¿Dónde aquí los arriscados innovadores capaces de izar fortunas sin necesidad de untar a un concejal de urbanismo? Para qué continuar. Por lo demás, e igual hoy que ayer, los políticos apenas constituyen mero reflejo de la comunidad que los alumbró. Con las excepciones de rigor, gentes no peores que el resto. En fin, más inquietante que coincidir con la pregunta orteguiana a un siglo vista, es hacerlo con su respuesta. Se les detesta, sostuvo, porque los políticos simbolizan la necesidad de todos los grupos de contar con los demás. "A quienes en el fondo se desprecia o se odia", concluiría.
La horda
Antonio Burgos en ABC
Aquí en Sevilla, cuando vinieron unos barandas del G-7 o cosa así, la Policía tomó la ciudad y cercaron con vallas el Hotel Alfonso XIII donde los jerarcas se alojaban. Los antisistema quedaron a dos kilómetros de su objetivo y nadie dijo que eso fuera antidemocrático. El sábado, no. El sábado los tuvimos en plan «mírala cara a cara que es la primera», en los talones, como Gary Cooper a los indios de la tribu de los mamones, al grito de «no nos representan». ¿De qué y de cuándo? Los que tomaban posesión nos representaban entre los tres partidos a 289.274 votantes, cifra que estos perrofláuticos no reúnen ni aunque repartan porros gratis. Lo que hay que preguntar es a quién representan los del 15-M. ¡Mira cómo no había un solo indignado insultando ante los ayuntamientos entregados por el Constitucional a los proetarras de Bildu! Esos cojones, en San Sebastián, hijos míos.
Aquí en Sevilla, cuando vinieron unos barandas del G-7 o cosa así, la Policía tomó la ciudad y cercaron con vallas el Hotel Alfonso XIII donde los jerarcas se alojaban. Los antisistema quedaron a dos kilómetros de su objetivo y nadie dijo que eso fuera antidemocrático. El sábado, no. El sábado los tuvimos en plan «mírala cara a cara que es la primera», en los talones, como Gary Cooper a los indios de la tribu de los mamones, al grito de «no nos representan». ¿De qué y de cuándo? Los que tomaban posesión nos representaban entre los tres partidos a 289.274 votantes, cifra que estos perrofláuticos no reúnen ni aunque repartan porros gratis. Lo que hay que preguntar es a quién representan los del 15-M. ¡Mira cómo no había un solo indignado insultando ante los ayuntamientos entregados por el Constitucional a los proetarras de Bildu! Esos cojones, en San Sebastián, hijos míos.
El que siempre miente
Gabriel Albiac en ABC
En política, gana el que mejor miente. Axioma. Pero, ¿cuál es la clave del buen mentir? Que no se note. Nunca. En el siglo XVII, Blaise Pascal daba este irónico ideal de verificación: un sujeto del cual supiéramos que miente siempre, sería infalible criterio de verdad. Bastaría invertir sus enunciados. Y el filósofo se lamenta de que tal sujeto exista sólo por hipérbole. Pero, cuando Pascal, no había Felipe González.
Vivimos en una maraña de ocultaciones. Estamos arruinados; sabemos que nadie podrá sacarnos indoloramente de esta ruina; que se va a requerir una larga paciencia y un gigantesco cúmulo de sabiduría para poner los cimientos de una recuperación sólida. Lo peor aún no ha llegado. Queda por delante una áspera travesía, antes de que la economía española pueda plantarse de vuelta en la casilla cero.
Mientras tanto, todos los que saben mienten. Los políticos más que ningún otro. Porque también el sueldo de los políticos corre riesgo. Y porque sólo un bien protegido engaño los pone a salvo de la ira ciudadana. En la penumbra de los selectos cenáculos a los cuales ningún común mortal puede tener acceso sin ser parte de la casta que prosperó a la sombra del erario público, se juega la serie de partidas cruzadas de un ajedrez cuyas piezas sobre el tablero chirrían como navajas. De esa red de partidas, la más mortífera es la que se está desplegando en el interior del PSOE. Por motivo muy prosaico. Dentro de un plazo máximo de nueve meses, un nutrido ejército de profesionales de la política con carné socialista quedará en la calle. Por primera vez en la vida de buena parte de ellos, el trueque equitativo de afiliación por sueldo perderá vigor. Por primera vez, toda esa gente habrá de buscar trabajo. Sin experiencia laboral. Sin más currículum que el de la perruna sumisión al jefe. Que se trueca en odio homicida, cuando el jefe aparece como principal causante de la ruina propia. Hasta hace nada, Zapatero era el líder amado por quienes en sus favores pacían. Hoy es el blanco a liquidar para salvar —si es que aún se puede— algo de la pitanza.
Rubalcaba —y quienes tras él mueven pieza con sigilo— necesita enterrar deprisa al apestado. Y hacerse con una Secretaría General del partido, sin el control de la cual la inminente derrota en las urnas pondría punto final a su propia biografía política. El preocupante estado mental de Zapatero lo empecina en fosilizarse hasta un final de legislatura, de llegar al cual ha hecho cuestión de honor. Nadie en el PSOE, salvo un presidente ya sin pie en la realidad, ignora que la última fecha electoral para minimizar costes es el otoño, cuando las estadísticas de paro sean las menos malas del año; y que, a partir de ahí, cada mes de prórroga irá reduciendo a arena la cuarteada fortaleza socialista. Pero no es fácil clavar la estaca en el corazón del jefe. Aunque el jefe esté muerto.
Nada es todavía claro. Algo se movió anteayer, sin embargo: Felipe González proclamaba su enfática convicción de mantener hasta marzo a Zapatero. Traducción más verosímil: verano de afilar cuchillos. Y los «idus de marzo» segarán cuello en septiembre. Expresión invertida —¿conocimiento o deseo?— de este raro prodigio: un sujeto que siempre miente.
Violencia ni en la cama
Martín Prieto en La Razón
Parte de la izquierda, lo que en la jerga oportunista del PSOE llamarían «izquierda extrema», deriva hacia el estacazo y el dicterio, la coacción y la turbamulta, olvidadas las flores y las bellas palabras. Como el Ministerio del Interior está vacante, entregado Rubalcaba a más duros menesteres, es lógico que se produzcan grietas en el orden público que alteran movimientos sociales ajenos a los parados, únicos con derecho a perder los papeles. Si hay dejación interesada de responsabilidades que recuerde la dirección socialista que el desorden siempre vota a la derecha.
Parte de la izquierda, lo que en la jerga oportunista del PSOE llamarían «izquierda extrema», deriva hacia el estacazo y el dicterio, la coacción y la turbamulta, olvidadas las flores y las bellas palabras. Como el Ministerio del Interior está vacante, entregado Rubalcaba a más duros menesteres, es lógico que se produzcan grietas en el orden público que alteran movimientos sociales ajenos a los parados, únicos con derecho a perder los papeles. Si hay dejación interesada de responsabilidades que recuerde la dirección socialista que el desorden siempre vota a la derecha.
Queremos trabajo
Ángel Vallvey en La Razón
Llevamos casi 8 décadas impidiendo la creación de riqueza, de trabajo; se ha convertido al mercado laboral español en un coto vedado en el que sólo «algunos» trabajadores tienen derechos, y donde casi únicamente el Estado posee el monopolio de la creación de empleo, pues a la «iniciativa privada» históricamente se la mira mal. «Ante la posibilidad de que el capital quiera explotar al trabajador, lo mejor será evitar que exista capital», parecen decir nuestras leyes. El resultado es el previsto: la iniciativa privada no crea gran volumen de trabajo, sólo el Estado abastece de trabajo «bueno», bien protegido. Situación propia de los Estados no liberales, «anti-liberales». En los liberales se procura que el Estado intervenga sólo donde la iniciativa privada fracasa; pero pretender algo así en España es casi un delito: lo privado tiene mala reputación. El empresario teme contratar porque, con la rigidez de las leyes, se puede arruinar si fracasa. Para paliar ese miedo, y la inmovilidad del mercado, en las últimas décadas se han ido haciendo «añadidos» chapuceros a la Ley que únicamente han logrado dividir a los trabajadores españoles en dos clases bien diferenciadas: «funcionarios y trabajadores con contrato indefinido», que gozan de todos los derechos y son «relativamente» inmunes a la crisis, y «becarios, temporales, precarios, desempleados…» que por culpa de las atrasadas leyes laborales españolas ya conforman un batallón de trabajo que se lumpeniza rápidamente y al que nadie defiende, ni los sindicatos de clase ni la Ley. Queriendo ser justos, estamos fomentando una gran injusticia social. Se achaca a «la presión de los mercados» los recortes de derechos sociales ejecutados por el Gobierno. Puede que tales recortes se deban a su propia incompetencia más que a la presión exterior. Nadie explica que es perfectamente compatible preservar los derechos de los trabajadores, que ahora están ultra-protegidos, con facilitar la creación de «nuevo» empleo para que esa neo-clase lumpen que es consecuencia de la injusticia de nuestras leyes antiguas y obsoletas tenga acceso a trabajo digno y no continúe siendo la víctima, el resultado del sacrificio social que hacemos para mantener un mercado laboral absurdo, propio de los autoritarismos de entreguerras. El primer derecho para un trabajador debería ser poder encontrar trabajo. Liberar el mercado para millones de trabajadores supondría, eso sí, que los «intermediarios» (sindicatos, patronal, administración…) que ahora lo controlan perderían influencia. Ése es el gran problema.
Aquello de la guerra
Alfonso Ussía en La Razón
Resulta curioso que la guerra civil se mantenga anclada en el páncreas o los ánimos de los que no la sufrieron, ni la ganaron, ni la perdieron, mientras sus ya pocos supervivientes tratan aquel período con una sensatez pasmosa. Hace pocos días tuve el privilegio de compartir mesa y mantel con dos veteranos de nuestra guerra. Uno de ellos, oficial del bando vencedor; el segundo, oficial del bando derrotado. Ni un ápice de odio o rencor entre ellos. No entienden lo que pasa. Su conversación la guardo como un tesoro de sabiduría. Y los dos padecieron. Los dos fueron heridos y los dos experimentaron el horror de las cárceles y checas. El oficial nacional se salvó por los pelos de morir fusilado en Paracuellos del Jarama en 1936. El oficial republicano estuvo encarcelado durante dos años en una cárcel del franquismo. Les conté que el gran Chumy Chúmez, donostiarra, comunista evolucionado hacia la izquierda moderada, decía que los mejores años de su vida fueron los de la guerra. Escribió un libro al respecto, genial como casi todo lo suyo. Estaban de acuerdo con Chumy. «Más que la guerra, que no fue nada divertida, lo que añoramos es nuestra juventud». «Una guerra civil son millones de guerras civiles. Cada experiencia personal es una guerra diferente». Y hablaban con sosiego, pausadamente y se reían con las anécdotas. Como la que narra Rafael García Serrano en su «Diccionario para un macuto». Frente de batalla tranquilo e intercambio de productos entre los contendientes. Un escenario como el de «La vaquilla» de Berlanga.
El comandante de la trinchera nacional fue relevado y su sustituto ordenó minar el terreno que separaba a los dos bandos, que se habían hecho amigos. Lo minó pero avisó a los de enfrente. Un centinela republicano no fue puesto al corriente, y mientras hacía su guardia piso una mina y explosionó. Milagrosamente no le sucedió nada, pero se agarró un cabreo monumental y comprensible. Cuando se repuso del susto, y mirando a la posición de los enemigos les gritó: «¡Cabrones!, ¿y ésta es la educación que «sus» da Franco?». En las memorias del general laureado del Ejército del Aire Juan Antonio Ansaldo, el autor detalla sus actividades de un día en San Sebastián. «8.30- Desayuno en familia. 9.30-Despegue hacia el frente. Bombardeo baterías enemigas y ametrallamiento de convoyes y trincheras. 11- Golf rudimentario en Lasarte, inmediato al aeródromo y parcialmente utilizable. 12.30- Baño de sol en la playa de Ondarreta y corta zambullida en el mar.13.30- Mariscos, cerveza y tertulia en un café de la Avenida. 14- Almuerzo en casa. 15-Corta siesta. 16- Segundo servicio de guerra, semejante al matutino. 18.30-Cine. Película anticuada, pero magnífica de Katherine Hepburn. 21- Aperitivo en el «Bar Basque». Buen «Scotch», bullicio, animación. 22,15- Cena en «Nicolasa», canciones de guerra, camaradería y entusiasmo».
El general Ansaldo fue herido en distintas ocasiones y su avión estuvo a punto de ser derribado en diferentes trances, pero su «guerra» no fue comparable a la de un soldado de Infantería. La misma contienda, pero tan diferente. En la aviación republicana el régimen de actividades era similar. Y todo esto lo sonreían esos dos ancianos veteranos de guerra, el vencedor y el vencido, mientras brindaban con un «Rueda» blanco con hielo y se preguntaban por qué los que no han hecho la guerra y han nacido cincuenta años más tarde de su final, siguen empeñados en agrietar la armonía entre los españoles. Y ahí los dejé. A uno en la ribera norte del Ebro y al otro en la del sur. Tranquilamente.
martes, 14 de junio de 2011
Un etarra condenado, el 'portero' de Bildu para cribar a la prensa
En Libertad Digital:
Este martes El Mundo publica una foto muy clarificadora de lo que es Bildu. Ocurrió en Lizarza, localidad en la que hasta ahora gobernó la popular Regina Otaola, y que ahora será feudo de los proetarras. Y como han hecho siempre, los batasunos, ahora en Bildu, no dudaron en utilizar la coacción y la amenaza.
Este martes El Mundo publica una foto muy clarificadora de lo que es Bildu. Ocurrió en Lizarza, localidad en la que hasta ahora gobernó la popular Regina Otaola, y que ahora será feudo de los proetarras. Y como han hecho siempre, los batasunos, ahora en Bildu, no dudaron en utilizar la coacción y la amenaza.
De hecho, el "autorizado" de Bildu para impedir la entrada de los medios al salón de Plenos de Lizarza era Aimar Altuna Ijurko, Txiki, etarra condenado a cinco años y que ha cumplido la pena en distintas cárceles francesas, que fue puesto en libertad hace apenas cinco meses.
Apostado en la puerta, junto a algunos compañeros más, impedía el paso a determinados medios de comunicación. Con la diplomacia que caracteriza a los batasunos llegó a decir a algún periodista: "Como sigas con la cámara, ya sabes lo que va a pasar".
Elorrio en toda España
Cristina Losada en Libertad Digital
Era difícil sustraerse a la observación de semejanzas entre aquellas escenas. En el municipio de Elorrio, un concejal del PP votaba para entregar la alcaldía al PNV rodeado de una falange proetarra que vociferaba puño en alto. En otros ayuntamientos españoles, las huestes indignadas perseguían a los ediles y saboteaban los plenos con griterío y cacerolas. En todas partes arreciaban los insultos a los representantes elegidos. La escena en el Norte no era una novedad. Se ha venido repitiendo a lo largo de las décadas. La coacción, el boicot y la algarada han sido instrumentos habituales del trabajo político municipal del terror. Y no sólo. Allí donde el fanatismo nacionalista cría alevines se ha recurrido a esa forma de violencia.
El rasgo nuevo que ofreció el 11 de junio consiste en una extensión sin precedentes de las acciones intimidatorias. Iban "contra los políticos" sin aparente distinción de credos, pero los procedimientos y las formas distinguen perfectamente al que los emplea. Y cuando se eligen conductas que son marca de fábrica de quienes no toleran la diferencia, se acaba en compañía, parentesco y afinidad con los que llevan el sello totalitario en la frente. Aunque se puede apuntar más abajo, que es donde nace la ancestral afición al linchamiento. Porque violencia es todo lo que hicieron el día de constitución de los ayuntamientos los que presumen de constituir un "movimiento pacífico". ¡A qué le llamarán pacífico! No lo sé ni, a decir verdad, me importa. Que lo averigüen quienes persisten en concederles rango de interlocutores políticos.
El fenómeno digno de estudio es la amplitud de la tolerancia con los intolerantes que se manifiesta una y otra vez en España. La disposición que existe para justificar a los que se hacen valer por la fuerza, sea ésta brutal o llevadera. Esos salvoconductos morales que se emiten en la opinión, tan frecuente, de que "sus razones tienen". Una insólita comprensión hacia quienes violan simples normas de convivencia o complejas leyes, que benefician a todos, tanto a los de arriba como a los de abajo y tanto a los políticos como a los antipolíticos. Una permisividad vinculada a la desorientación, que se traduce en la renuncia a juzgar qué es aceptable y ético y qué no lo es. Que reduce los valores y los estándares a expresión de la voluntad personal. Y antes que pronunciarse, prefiere encogerse de hombros y musitar un "que cada cual haga lo que quiera".
El ayuntamiento sin indignados
Fray Josepho en Libertad Digital
Decenas de indignados, tal vez cientos,
estaban, golpeando cacerolas,
en múltiples ciudades españolas,
por la constitución de ayuntamientos.
No son muy agresivos ni violentos...
si se les deja armar sus bataholas
y hacer lo que les salga de las bolas
con sus enardecidos aspavientos.
Los hubo en todos lados, como digo:
en Málaga, en Madrid, en Elche, en Vigo,
en Zaragoza, en Cáceres y en Palma.
Los hubo en Salamanca, en Badalona,
en Lérida, en Vitoria y en Pamplona.
Solo en San Sebastián reinó la calma.
El verdadero "secuestro" del Constitucional
Guillermo Dupuy en Libertad Digital
Ya me gustaría a mí que el vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay o la magistrada Elisa Pérez Vera hubieran presentado su dimisión movidos por una especie de vergüenza o de arrepentimiento sobrevenidos por la bochornosa sentencia que ha neutralizado la Ley de Partidos y abierto de par en par la puerta de las instituciones a los proetarras de Bildu. Pero que nadie se llame a engaño: Por mucho que en el PP hayan relacionado ambas cuestiones, ni Gay ni Pérez Vera han tenido esa vergüenza ni la conocen todavía. Sus ceses ya veremos en qué quedan y, desde luego, nada tendrían que ver con aquella dimisión que un abatido Manuel García Pelayo presentó poco después de dar, con su voto de calidad, una vergonzosa cobertura constitucional al latrocinio de Rumasa.
Las dimisiones que han presentado Gay y Pérez Vera –a la que hay que sumar la del magistrado Javier Delgado, que votó en contra de esa infame sentencia a favor de Bildu– nada tienen de elogiables. En el mejor de los casos, se trata tan sólo de buscarse un apacible, aunque no en todos los casos, bien ganado retiro. En el peor, una forma de presionar a los partidos políticos para llevar a cabo una renovación que, ciertamente, el Alto Tribunal tiene pendiente y que algunos no quieren esperar a que se lleva a cabo para después de las elecciones generales.
Ahora bien, por mucho que estos tres magistrados tenían que haber sido renovados por el Congreso antes del pasado 6 de noviembre, su continuidad era y es perfectamente legal. Y, desde luego, que no nos venga Eugeni Gay hablando de su sensación de "formar parte de un tribunal secuestrado" por el hecho de que los partidos políticos no lleguen a un acuerdo en su renovación. El auténtico "secuestro" de dicho tribunal, como el del del CGPJ, lo constituye la designación de sus miembros por parte del poder legislativo. Es esa designación política de sus miembros la auténtica correa que los mantiene atados al poder legislativo y que convierte en una farsa la separación de poderes en los que tendría que basarse nuestro Estado de Derecho.
Tal y como advirtió el propio Tribunal Constitucional en aquella bochornosa e histórica sentencia 108/1986 que dio cobertura a la designación política de los miembros del CGPJ, corremos el "riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos". Ese riesgo se ha convertido en constatable realidad gracias a esa hipócrita sentencia. Tan hipócrita como nos resulta ver a uno de los beneficiarios de la falta de separación de poderes, como es el magistrado a propuesta del PSOE, Eugenio Gay, hablar ahora del "secuestro" del Constitucional. Enterraron a Montesquieu como dan vida ahora a los proetarras. Y, que nadie se engañe, no se arrepienten ni de lo uno ni de lo otro.
Obituario del Tribunal Constitucional
José García Domínguez en Libertad Digital
Poco cabe esperar de un Tribunal Constitucional cuya formación misma viola de modo flagrante el espíritu de la Carta Magna que debiera estar llamado a defender. Al cabo, si los magistrados que lo integran conservasen un mínimo, elemental sentido del pudor, presentarían su dimisión irrevocable en bloque; todos, no solo esos tres interinos con prórroga de contrato que acaban de anunciar la suya. Por lo demás, rindámonos a la evidencia: las mayorías cualificadas de Congreso y Senado que requería su nombramiento, al final, no han resultado dique suficiente para contener la insaciable bulimia de poder de la partitocracia reinante.
De ahí el truco de las cuotas, obsceno cambalache de pícaros ingeniado al objeto de doblegar el espíritu de independencia con que había nacido la institución. Tal que así, y como buenos hermanitos, PSOE y PP maquinaron apoyar cada uno a los candidatos del contrario tapándose mutuamente la nariz. Se imponía prostituir su naturaleza, sometiéndola al vasallaje del poder político. A imagen y semejanza, huelga decir, de lo que ya antes se hiciera con la Justicia, la memorable contribución de Michavila –y de Aznar López– al obituario de Montesquieu. Por algo, tan súbita, la decadencia del Tribunal: el que acaso fuera el organismo más prestigioso de nuestra democracia, transmutado en ese permanente espectáculo de contorsionismo genuflexo donde el ínclito Pascual Sala labura de jefe de pista.
Pues, aunque al lector joven le cueste creerlo, el TC supuso un ejemplo admirable de eficacia, rigor y seriedad cuando la Transición. Al punto de que únicamente la calidad de su jurisprudencia habría de hacer viable una chapuza formal como la Constitución del 78. Tiempos, los del denostado consenso, en los que, por cierto, nunca se sabía a priori el voto que emitirían los magistrados ante cuestión alguna. Y es que por aquel lejano entonces la competencia jurídica –y el temple moral– aún primaban sobre la obediencia, suprema virtud perruna siempre tan cara a Génova y Ferraz. En fin, que han avisado de sus respectivas renuncias, leo, dos "progresistas" y un "conservador". Traducido al sermo vulgaris: se marcha un propio de Artur Mas; otra que facturaba como paje en la corte de Alfredo; y un tercero, abnegado pasante de Rajoy. Hay que ver cómo está el servicio.Del dolor al desprecio
Hermann Tertsch en ABC
Somos muchos españoles a los que la suerte personal de los seis tristemente célebres magistrados del Tribunal Constitucional nos importa poco. Hace un par de días hubo un debate en «twitter» sobre las formas en que tantos querrían manifestarles su desprecio. Al final creo que todo quedará en el oprobio de ser recordados como quienes tomaron una decisión que condena a millones de españoles inocentes al dolor y al miedo. Y que lo hicieron para defender los intereses políticos, casi personales, de quien por méritos propios será recordado como el gobernante más nefasto que ha tenido España desde Fernando VII. Y que éste nos perdone. Todos ellos, incluido nuestro Alicia/Atila, llevarán muchos años en la jubilación, Dios les guarde larga vida, y seguirán siendo recordados como quienes abrieron las compuertas para que la marea tóxica parda inundara de nuevo una región española. Para que a través de las instituciones, la peste totalitaria se hiciera con el poder de control, intimidación y ruina de millones de españoles. Todos los ciudadanos de nuestra democracia, a los que nuestro Estado tiene la obligación de defender en sus derechos constitucionales, tienen plena legitimidad y razón para acusar a los arriba citados, con Rodríguez Zapatero y Pascual Sala a la cabeza, de haber arruinado en gran medida sus vidas. Con imposible arreglo para los inmensos daños efectivos que ya se dan y avecinan. En gran parte irreversibles. Ya no hablamos aquí de decisiones políticas más o menos controvertidas. Estas decisiones, tomadas por los citados y amparadas por sus cómplices en esta operación larga en el tiempo, han dejado inermes ante la brutalidad política y la voluntad de opresión del nacionalsocialismo vasco a todos los que no comulgan con su aberrante doctrina. Con manos libres para la «normalización», ese eufemismo con el que se menta al implacable rodillo de imposición de voluntades nazi-comunista, ETA puede dar tranquilamente por concluida su primera fase de la guerra revolucionaria para entrar en la segunda, ya con territorios conquistados y bajo su pleno control. Atrás queda la peligrosa campaña de guerrillas. Cincuenta años de sangre, de crímenes y también de sacrificios, de cárcel y de bajas, quedan atrás. Hoy sabemos que, aunque muchas veces pareció absurda y desesperada, ha sido un éxito rotundo. La legitimidad la han recibido del supuesto enemigo, del Estado, tomado por gentes comprensivas con la causa. Sorprendentemente para todos, hay que decir. Porque nunca nadie en ETA, —ni en los mayores delirios de los focos revolucionarios en los años sesenta y setenta— pudo imaginar que el éxito sería tan incontestable, tan rotundo y tan rápido. Y menos cuando en el año 2004 estaban contra las cuerdas y casi todos querían dejarlo. Y los militantes pedían protección, clemencia y soluciones individuales para concluir sus vidas en paz fuera de la pesadilla que habían creado. Ahora todos han vuelto a la causa. Y muchos se suman a los triunfadores. Con entusiasmo. Ahora la revolución se hará desde los despachos, con papel timbrado. Los enemigos serán los mismos, todos los que no se plieguen a la voluntad «normalizadora». Pero el brazo ejecutor llegará ahora ya hasta al último ciudadano, al último hogar. Nadie podrá esconderse durante mucho tiempo. Y a todos se les podrá hacer la vida lo suficientemente difícil para que tarde o temprano se rindan. Y acaben aplaudiendo a la tiranía, defendiendo la causa en la que jamás creyeron y pidiendo a la familia que por prudencia haga otro tanto. O se verá buscando algo de libertad y seguridad lejos de su casa, de su hogar, de su patria. Recordarán la traición. Su desprecio seguirá vivo. Y el mío.
Justicia patética
Tomás Cuesta en ABC
Que el Tribunal Constitucional se descomponga ahora, precisamente ahora, cuando se ha demostrado que la solemne institución es la suprema instancia de las componendas, podría interpretarse, en el mejor de los supuestos, como un nítido ejemplo de justicia poética. Podría, en condicional, porque ya no se puede. Después de que el monstruo que pusieron en suerte se cobrara en las urnas el salario del miedo nos encontramos ante un nuevo caso de justicia patética. Sea por un súbito arrepentimiento ante la irrupción de Bildu, sea para apañar una nueva mayoría o sea porque aún queda el trágala de Sortu para las elecciones autonómicas, la renuncia de tres magistrados del Constitucional es la última, que no definitiva, evidencia de la disciplina política del poder judicial. Y la penúltima prueba de un descrédito que arranca con el embotellamiento estatutario, quilombo socialista que ha quedado en imposición sutil y versallesca ante las escandalosas dimensiones del enjuague bildunero.
Señalados por los más que previsibles brotes de cólera proetarra, la mayoría de los magistrados del TC son la carne de cañón del ministro de Interior, el comando de operaciones especiales del Gobierno, un grupo de hombres sin piedad ni atributos que cumplen órdenes. De ahí la estupefacción de Pascual Sala, el presidente del Tribunal, ante las críticas jurídicas a la sentencia de Bildu. Como si los hubiera puesto el ayuntamiento para hacer cumplir la ley en lugar de para interpretarla a conveniencia y capricho de sus patrocinadores. En ese contexto, hasta los votos particulares acaban por convertirse en parte del truco, una coartada de pluralidad y sana discrepancia, por mucho que también constituyan actas notariales de la ignominia.
Tal vez la cuesta abajo se aceleró antes de que De la Vega abroncara en público a la entonces presidenta del Constitucional María Antonia Casas, pero la plasticidad del instante (durante el desfile del 12 de Octubre) aportaba sobrados indicios sobre las relaciones de poder y un punto de partida para el análisis forense de la segunda muerte de Montesquieu. El fallo sobre Bildu confirmó el desmoronamiento de la independencia judicial, con lo que tal lunes como ayer nos fue dado ver otro acontecimiento jurídico inédito, el segundo eclipse judicial en 24 horas; que prosperara en el Supremo el recurso contra cinco magistrados, cinco, de Baltasar Garzón en relación a su ajuste de cuentas con el mismísimo Franco.
Sostener a estas alturas que la justicia es igual para todos no es una broma de mal gusto. Ni siquiera es una broma. La estructura institucional podría colapsar con tan sólo un soplido mientras Rubalcaba protege a los indignados e insiste en que la policía está para evitar problemas, pero en el sentido de ni olerlos. Con los restos de ese naufragio se construyen los campamentos al sol, el último hervor de unas asambleas a la que el Gobierno presta más atención que a una reunión de magistrados nombrados, naturalmente, a dedo.
Vuelve el nazismo
Martín Prieto en La Razón
Joseph Goebbels recogía en sus diarios las quejas y lamentos de « gauletiers» (gobernadores) y alcaldes ante la sistemática destrucción de sus ciudades por metro cuadrado. El general de la US Air Force, Curtis Le May, por mal nombre «pantalones de acero», responsable del bombardeo estratégico de Alemania, estaba convencido de ganar la guerra doblegando la moral cívica germana, en la tesis de que «a los que hicieron la Fortaleza Europea se les olvidó ponerle techo». Goebbels anotaba despreciativo: «¿Es que estos que ahora se espantan olvidan que nos votaron?». Hitler llegó al poder en elecciones universales, secretas y directas; luego quemaron el Reichstag y enterraron las urnas. Para Bildu las elecciones son un escalón para acceder a una independencia en régimen de socialismo real. Bildu es nazi, racista, xenófoba, expansionista sobre lo que entienden como Euskalerría y ultranacionalista. Queremos meter en la cárcel a un librero nostálgico por vender «Mein Kampf» y Zapatero, el Gobierno, el Constitucional y el PNV meten a Bildu en 120 municipios vascos en los que han entrado amenazantes con sus S.A. (ETA) con la mano en la culata. Los análisis del presidente que se va pero se queda son un arcano, pero se ha dado el paso para que ETA acabe en el Gobierno vasco. No en balde el lauburu es una esvástica. Algún día habrá noches de los cuchillos largos y la sangre que correrá será del PNV, por tibios. Les arrebatarán los escaños y las diputaciones forales, los tinglados financieros y el clientelismo, porque quien quiera trabajar habrá de ser genuflexo ante Bildu. Ahora no lo vemos, pero el primer problema de España no es el desempleo, sino la llegada tronante del nacional-socialismo al País Vasco.
¿Para quién se legisla?
José Luis Requero en La Razón
Hace ya tiempo que nuestra legislación puso coto al paternalismo en la forma de entender las relaciones entre médico y paciente. Hoy día esa relación se ha reequilibrado y se basa en la autonomía y libertad del paciente, en su madurez, de ahí la importancia de la información médica y del consentimiento informado. Aún así hay muchos y variados matices y ese consentimiento informado presenta no pocos problemas prácticos, pero no es el momento de abordarlos.
Como ningún derecho es absoluto, esa autonomía tiene sus excepciones y sus límites, entre ellos el impuesto por la pericia, por la responsabilidad profesional y moral del médico. Un paciente no puede exigir un tratamiento contraindicado ni contrario a la ética profesional. En esos casos el médico no es que pueda, es que está obligado a no atender esas decisiones; del mismo modo tampoco puede atender las determinaciones del paciente si duda de que la ha adoptado con plena conciencia de lo que hace o cuando su decisión se basa en una información errónea.
En estas estábamos cuando el Gobierno remite al Congreso el proyecto de Ley de de Derechos del Paciente ante el Proceso Final de la Vida, es decir, en caso de situación terminal y de agonía. Si el derecho del paciente a ejercer su autonomía tiene hoy día una regulación satisfactoria, ¿qué añadirá a lo que ya es ley?: pues una nueva manera de entender la relación entre el médico y el enfermo. No añade nada que su objetivo sea garantizar el respeto a la libre voluntad del paciente en el proceso final de su vida, lo novedoso es que incorpore un adjetivo: ese respeto debe ser «pleno» y es obligación del médico que sea así. A cambio el proyecto le exime de toda responsabilidad.
La consecuencia es que el proyecto, machaconamente, recuerda una y otra vez que su objetivo es, ante todo, satisfacer deseos erigidos en derechos absolutos e ilimitados, es más, crea nuevos derechos, como el derecho a la sedación terminal. Desaparece la posibilidad de que el médico se oponga a ejecutar esos deseos porque sean contrarios a la lex artis –es decir, la pericia médica– o a la deontología profesional, aunque el paciente ignore que hay alternativas o que su decisión es precipitada. Las prevenciones surgen para lo contrario: si el médico propone una intervención es cuando ya se invoca la lex artis, cuando se le limita; además su criterio deberá ser contrastado con otros facultativos si es que propone un esfuerzo terapéutico.
A estos efectos es clave que el proyecto reforme expresamente la ley de 2002, norma que regula satisfactoriamente la autonomía del paciente como derecho y se reforma para suprimir ya con carácter general el límite de la lex artis en el llamado «testamento vital». A partir de ahora, para todo tipo de intervención, el legislador le dice al médico que debe estar a la voluntad del paciente: del paternalismo médico pasamos a la tiranía del paciente. El médico se erige en una amenaza latente a la libertad del paciente; ni apelando a sus convicciones morales puede oponerse a ejecutar sus decisiones, aunque sean erradas. El único límite a esa voluntad soberana del paciente vendría de la sospecha de que está viciada, de que es un incapaz de hecho, pero en ese caso se sustituye la voluntad del enfermo por la de su representante.
El proyecto responde a la misma mentalidad que anima a la ley del aborto: ya sea la voluntad de acabar con la vida del no nacido como con la propia, es un derecho que no puede impedirse. Estamos ante otro monumento al individualismo feroz, pero maticemos: me pregunto si no beneficiará también al médico que no ha dejado de ejercer un paternalismo sutil, que desliza consejos a enfermos o familiares angustiados o interpreta sus deseos. A partir de ahora la ley le exculpará, luego será una norma legalizadora. La del aborto es una norma de encargo que legaliza el negocio del aborto libre; el proyecto lo será de unas prácticas de las que ya hay antecedentes conocidos, luego ¿se legisla para el interés general, para el bien común o para guardar las espaldas a unos pocos, para legalizar sus abusos?
Hace ya tiempo que nuestra legislación puso coto al paternalismo en la forma de entender las relaciones entre médico y paciente. Hoy día esa relación se ha reequilibrado y se basa en la autonomía y libertad del paciente, en su madurez, de ahí la importancia de la información médica y del consentimiento informado. Aún así hay muchos y variados matices y ese consentimiento informado presenta no pocos problemas prácticos, pero no es el momento de abordarlos.
Como ningún derecho es absoluto, esa autonomía tiene sus excepciones y sus límites, entre ellos el impuesto por la pericia, por la responsabilidad profesional y moral del médico. Un paciente no puede exigir un tratamiento contraindicado ni contrario a la ética profesional. En esos casos el médico no es que pueda, es que está obligado a no atender esas decisiones; del mismo modo tampoco puede atender las determinaciones del paciente si duda de que la ha adoptado con plena conciencia de lo que hace o cuando su decisión se basa en una información errónea.
En estas estábamos cuando el Gobierno remite al Congreso el proyecto de Ley de de Derechos del Paciente ante el Proceso Final de la Vida, es decir, en caso de situación terminal y de agonía. Si el derecho del paciente a ejercer su autonomía tiene hoy día una regulación satisfactoria, ¿qué añadirá a lo que ya es ley?: pues una nueva manera de entender la relación entre el médico y el enfermo. No añade nada que su objetivo sea garantizar el respeto a la libre voluntad del paciente en el proceso final de su vida, lo novedoso es que incorpore un adjetivo: ese respeto debe ser «pleno» y es obligación del médico que sea así. A cambio el proyecto le exime de toda responsabilidad.
La consecuencia es que el proyecto, machaconamente, recuerda una y otra vez que su objetivo es, ante todo, satisfacer deseos erigidos en derechos absolutos e ilimitados, es más, crea nuevos derechos, como el derecho a la sedación terminal. Desaparece la posibilidad de que el médico se oponga a ejecutar esos deseos porque sean contrarios a la lex artis –es decir, la pericia médica– o a la deontología profesional, aunque el paciente ignore que hay alternativas o que su decisión es precipitada. Las prevenciones surgen para lo contrario: si el médico propone una intervención es cuando ya se invoca la lex artis, cuando se le limita; además su criterio deberá ser contrastado con otros facultativos si es que propone un esfuerzo terapéutico.
A estos efectos es clave que el proyecto reforme expresamente la ley de 2002, norma que regula satisfactoriamente la autonomía del paciente como derecho y se reforma para suprimir ya con carácter general el límite de la lex artis en el llamado «testamento vital». A partir de ahora, para todo tipo de intervención, el legislador le dice al médico que debe estar a la voluntad del paciente: del paternalismo médico pasamos a la tiranía del paciente. El médico se erige en una amenaza latente a la libertad del paciente; ni apelando a sus convicciones morales puede oponerse a ejecutar sus decisiones, aunque sean erradas. El único límite a esa voluntad soberana del paciente vendría de la sospecha de que está viciada, de que es un incapaz de hecho, pero en ese caso se sustituye la voluntad del enfermo por la de su representante.
El proyecto responde a la misma mentalidad que anima a la ley del aborto: ya sea la voluntad de acabar con la vida del no nacido como con la propia, es un derecho que no puede impedirse. Estamos ante otro monumento al individualismo feroz, pero maticemos: me pregunto si no beneficiará también al médico que no ha dejado de ejercer un paternalismo sutil, que desliza consejos a enfermos o familiares angustiados o interpreta sus deseos. A partir de ahora la ley le exculpará, luego será una norma legalizadora. La del aborto es una norma de encargo que legaliza el negocio del aborto libre; el proyecto lo será de unas prácticas de las que ya hay antecedentes conocidos, luego ¿se legisla para el interés general, para el bien común o para guardar las espaldas a unos pocos, para legalizar sus abusos?
Trato legal
Carlos Rodríguez Braun en La Razón
La Mesa del Congreso rechazó la petición del Gobierno, y no habrá vía de urgencia para tramitar el «Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación». No han sido pocos, desde luego, los que han criticado el proyecto y han señalado sus gravísimas deficiencias: su ataque a la libertad, especialmente a la libertad de educación, castigando fiscalmente a las familias que quieren enviar a sus hijos a colegios que separan por sexo, y a la libertad de prensa, por su vocación inquisitorial sobre los medios de comunicación. Y hay mucho más: se condiciona la libertad de empresa y la propiedad privada, se promueve el poder sindical, se limita la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, y se crea una «Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación», que recibirá denuncias y podrá imponer sanciones de hasta 40.000 euros. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal alertaron sobre la indefinición con que se tipifican algunas infracciones y la inseguridad jurídica que ello comporta. Hubo un amplio consenso en lamentar que el proyecto puede aumentar la intrusión y el control del poder político sobre las vidas, haciendas y libertades ciudadanas. Pero el mayor escalofrío lo experimentará quien lea directamente este siniestro proyecto y comprenda que todos esos resultados liberticidas no son consecuencias no deseadas por los socialistas que lo han presentado.
La Mesa del Congreso rechazó la petición del Gobierno, y no habrá vía de urgencia para tramitar el «Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación». No han sido pocos, desde luego, los que han criticado el proyecto y han señalado sus gravísimas deficiencias: su ataque a la libertad, especialmente a la libertad de educación, castigando fiscalmente a las familias que quieren enviar a sus hijos a colegios que separan por sexo, y a la libertad de prensa, por su vocación inquisitorial sobre los medios de comunicación. Y hay mucho más: se condiciona la libertad de empresa y la propiedad privada, se promueve el poder sindical, se limita la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, y se crea una «Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación», que recibirá denuncias y podrá imponer sanciones de hasta 40.000 euros. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal alertaron sobre la indefinición con que se tipifican algunas infracciones y la inseguridad jurídica que ello comporta. Hubo un amplio consenso en lamentar que el proyecto puede aumentar la intrusión y el control del poder político sobre las vidas, haciendas y libertades ciudadanas. Pero el mayor escalofrío lo experimentará quien lea directamente este siniestro proyecto y comprenda que todos esos resultados liberticidas no son consecuencias no deseadas por los socialistas que lo han presentado.
lunes, 13 de junio de 2011
Es la bola de cristal
PP, fachas. Capitalismo, malo. Banqueros y empresarios, ladrones. Iglesia, caca. Naturaleza, buena; hombre, malo.Esta es la ideología de los "indignaos". ¿Tanto debate, tantas asambles, tantas comisiones... para esto? Aunque no es de extrañar, pues eso es lo que único que han aprendido (y casi lo único que les han enseñado) en escuelas, institutos, universidades, medios de comunicación...
Ante tan elaborados argumentos, ante tan complejas mentes, sólo cabe emular a la Bruja Avería y gritar con ella: "¡Viva el mal, viva el capital!"
La doble mayoría
Gabriel Albiac en ABC
Su rostro era imagen de la decepción. Dieter Brandau entrevistaba en Lizarza a Regina Otaola. La aún alcaldesa evocaba, con serenidad estoica, los años de perseverancia en un pueblo que la veía como enemigo al cual es justo abatir. ¿Vino a apoyarla el presidente de su partido, durante estos años? No, claro que no, responde con indiferencia. Pero Aznar sí, vino una vez. Sonríe. No haber sido abandonada, al menos, por un ex presidente, parece confortar a Otaola del menosprecio de los suyos. Hay que ser muy duro para aguantar eso. Y para limitarse a contarlo, con la sobriedad un poco taciturna que es lo que más me admira en las gentes de la tierra vasca. Quede constancia de que, en mi herencia genética —si es que tal cosa existe—, lo único que aprecio es ese 25% de áspero comedimiento.
«¿Se llevará usted la bandera cuando se vaya?», le pregunta el periodista. Para un país normal, sería una pregunta estrafalaria: ¿por qué habría de llevarse un alcalde la bandera de su país al cesar en el cargo? Para un país normal. Para esta España trágica que es la nuestra, lo que causa estupor es la respuesta. No. No pienso llevármela. La bandera es la que la ley establece y la ley no la pongo yo, replica sin que su voz se altere un semitono. Si alguien viola la ley, allá él. Y si aquel a quien corresponde garantizar su cumplimiento no lo impide, allá él igualmente. En país normal, es cierto que ambos —violador y ministro inane— acabarían ante los tribunales. Pero aquí hablamos de un violador al cual el Tribunal Constitucional ha eximido de obligaciones y de un ministro inane que aspira a Presidente del Gobierno. No pasará nada.
Tampoco pasará gran cosa en los meses que vienen. Por supuesto, lo primero que hizo la nueva alcaldía de Lizarza fue retirar la bandera española del ayuntamiento. Por supuesto que, en el lugar que ella ocupaba, fue colocado un cartel que, en vascuence, reclamaba la liberación de los vascos presos en cárceles del ocupante enemigo español. Por supuesto que, en las inmediatas semanas, las calles volverán a ser el universal dazibao que fueron siempre hasta que Regina Otaola dejó los viejos muros impecables. Pero no, no es eso lo importante. Lo importante sucederá dentro de unos meses, los que tarde el agónico no-gobierno de Rodríguez Zapatero en convocar elecciones generales. No hay enigma: Bildu —o la denominación que se elija para entonces— repetirá —puede incluso incrementar— sus resultados de mayo. Y, junto a un PNV presionado por su ascenso, tendrá todos los instrumentos para que en el País Vasco exista, por primera vez, un gobierno de mayoría independentista. A partir de la formación de ese nuevo ejecutivo en Vitoria, todo será posible. Digo todo.
Deslumbrado —y es comprensible que así sea, de momento— por la victoria de mayo, el PP de Rajoy parece haber dejado en segundo plano su vertiente oscura: el País Vasco. No hay razón para pensar que, salvo acontecimiento catastrófico, las cosas varíen mucho en estos meses. De ser así, para marzo todo lo más tarde, el PP tendrá mayoría absoluta en el Parlamento español. Los partidarios de la independencia la tendrán en el Parlamento vasco. Y el modelo constitucional del año 1978 habrá saltado por los aires.
Medianoche en Sol
José María Carrascal en ABC
Como el detective privado de «Medianoche en París», que se equivocó de puerta y se encontró en el siglo equivocado, los «indignados» del 15-M querían salir en mayo del 1968 y se han encontrado en el de 2011, completamente distinto. El M-68, que no empezó en París ni en el 68, sino en el 66 en la universidad californiana de Berkley, es decir la «revolución contracultural», iba contra los usos de la que Galbraith llamaba la «sociedad opulenta», una sociedad saciada, a la que sobraban medios y faltaban alicientes, por lo que sus hijos predicaban «hacer el amor y no la guerra», tiraban billetes a los corredores de bolsa en Wall Street y seguían a los Beatles como los niños de Hamelín al flautista. En otras palabras: eran el producto de la abundancia.
Mientras los acampados en la Plaza del Sol o la de Cataluña son el producto de la miseria, con cada vez menos medios y peores expectativas. La situación ha dado la vuelta y esos acampados resultan tan anacrónicos como un señor de chistera —por cierto, Antonio, enhorabuena por ese articulazo sobre el artilugio— en un concierto de rock, a no ser que quisiera hacer un chiste, cosa que no creo, pues los tiempos no están para chistes.
Aunque hay de todo entre ellos. Por un lado, están los abuelos que no pudieron estar en el París del 68 y no quieren morirse sin vivir algo parecido. Luego están los jóvenes que habiendo oído hablar del Paris del 68 quieren montarse un revival siguiendo instrucciones de un filósofo jubilado que les ordena indignarse. Siguen los indignados con buenas razones, al no tener trabajo, ni perspectivas, ni ideales. Y por último, están los que no teniendo nada que hacer se apuntan a un bombardeo, encantados de poder continuar sin dar golpe, ahora ya con una «causa». Sin darse cuenta de que el horno no está para bollos.
Puede incluso que no esté ni para pan. Así que la gente pasa de ellos, si es que la dejan pasar, por lo que los evita dando un rodeo, con gran disgusto de los comerciantes del lugar, los grandes perjudicados. Y es que la gente no quiere acampadas, quiere soluciones y lo que discuten esos acampados suena a música celestial. En fin, que se han equivocado de lugar y de fecha. Y como sigan acampados terminarán siendo un estorbo público, si no lo son ya. El 15-M no puede ser el 68-M, no por aquello de Marx «la historia se repite, primero como tragedia, luego como comedia», sino por la simple razón de que todo ha cambiado de 1968 a 2011. Y o se echa uno a la calle a derribar el régimen frente a los tanques, como han hecho los jóvenes árabes, o que se queda uno en casa tocando la guitarra. Lo que no puede hacer es irse a la plaza mayor a pedir que todo siga como antes, que es lo que esos «revolucionarios» piden, porque, sencillamente, ese antes ya no existe.
Tantos años después
Félix Madero en ABC
Días atrás, el sábado, veía en la portada de un periódico la foto del que hasta hace unas horas era alcalde de Getafe, Pedro Castro. El periódico homenajea a un hombre que lleva siendo alcalde 28 años. Sí, repito: 28 años en el mismo sillón, en el mismo despacho, en el mismo consistorio, en las mismas ferias, en las mismas Navidades, en los mismos plenos; veintiocho años mirándose al espejo del despacho, el que devolvía cada mañana en su imagen reflejada la certeza de que la muerte iba haciendo su trabajo. Él no lo sabe, pero ha resucitado.
Donde unos ven motivo para el homenaje yo solo encuentro razones para el desdén y el escándalo. No se me ocurre una sola razón para que alguien, por listo y honrado que sea, deba permanecer seis lustros en el mismo sitio.
Días atrás, el sábado, veía en la portada de un periódico la foto del que hasta hace unas horas era alcalde de Getafe, Pedro Castro. El periódico homenajea a un hombre que lleva siendo alcalde 28 años. Sí, repito: 28 años en el mismo sillón, en el mismo despacho, en el mismo consistorio, en las mismas ferias, en las mismas Navidades, en los mismos plenos; veintiocho años mirándose al espejo del despacho, el que devolvía cada mañana en su imagen reflejada la certeza de que la muerte iba haciendo su trabajo. Él no lo sabe, pero ha resucitado.
Donde unos ven motivo para el homenaje yo solo encuentro razones para el desdén y el escándalo. No se me ocurre una sola razón para que alguien, por listo y honrado que sea, deba permanecer seis lustros en el mismo sitio.
Jugando a la revolución
César Vidal en La Razón
He ido contemplando con creciente desazón la manera en que en las últimas semanas desde los más diversos medios se apela a llevar a cabo una revolución desde la calle. La excusa han sido esos ocupantes ilegales de los más diversos lugares públicos cuyo paradigma se encuentra en el poblado de chabolistas a que se han visto reducidas la Puerta del Sol de Madrid o la Plaza de Cataluña en Barcelona. Mientras una maraña de individuos –que va de los antisistema a los que creen en un despertar de la conciencia cósmica pasando por la extrema izquierda ignorante y casposa de toda la vida– se dedica a hundir la economía y la higiene de los que viven en las cercanías de los lugares que tienen la desgracia de verse ocupados, no han faltado las voces que se han dedicado a vocear las consignas más irresponsables y a jugar a la revolución. Es cierto que, por regla general, semejante actividad la han llevado a cabo desde un lugar tan cómodo como el que se encuentra frente las cámaras de una televisión o en la columna de un periódico. Sin embargo, no por ello su conducta resulta menos irresponsable y peligrosa. Que este sistema democrático deja mucho que desear y que necesita algunas reformas urgentes no seré yo quien lo niegue. Estoy convencido de ello y llevo años diciéndolo. Pero una cosa es que se inste a esas reformas de manera legal y a través de las instituciones pertinentes y otra, bien distinta, es que se dediquen a forzar el menor cambio gente a la que nadie ha elegido, que se ha arrogado una autoridad de la que carece y que además quebranta la ley por sistema sin importarle un bledo las consecuencias que eso pueda tener sobre los demás. Pueden vocear lo que quieran e incluso –que no es el caso– acertar, pero su conducta difícilmente podría ser más antidemocrática siquiera porque España no es Egipto ni Túnez ni aquí existe una dictadura islámica aunque, a veces, pueda parecerlo. Una de las grandes desgracias de la Historia de España ha sido la dificultad para que los españoles comprendieran lo que es el imperio de la ley al estilo de, por ejemplo, británicos o norteamericanos. Que esa lamentable conducta se disfrace de indignación no cambia las cosas. Por si fuera poco, los que sueñan con mover el barco para alzarse con el santo y la limosna están dando muestra de una ignorancia histórica palmaria. La Historia de las revoluciones –ingleses y norteamericanos son la excepción– muestra que los que las inician siempre acaban devorados por el proceso que pusieron en marcha. Algunos, como Lafayette o Kérensky, tuvieron suerte y pudieron exiliarse. Sin embargo, Danton y Robespierre; Trotsky y Kámienev acabaron ejecutados. A fin de cuentas, no podía ser de otra manera porque las revoluciones se sabe cuando comienzan, pero no cómo acaban. Si alguien anda fantaseando ahora con el soviet callejero, con la caída de la monarquía – ¡algún majadero llegó a augurarla hace unas semanas porque había elecciones municipales!– con la toma del poder al estilo de la Marcha de Roma mussoliniana es un loco peligroso que pasa por alto una eventualidad más que posible, la de que los mismos espectros que está conjurando lo arrastren por las calles para colgarlo de una farola.
Todo a cien y nada por los cien
Pedro de Tena en Libertad Digital
San Sebastián. Todo a cien o todo por los cien. El "todo a cien" fue el símbolo comercial de lo barato antes que lo bueno y bonito. En política, el "todo a cien" refleja una conducta para la que todo vale con tal de que el partido o la ideología ganen posición o, al menos, la mantengan incluso al margen de los principios y de los valores. Como dice la canción, depende, todo depende. Se vive en estos momentos en San Sebastián, símbolo de lo que ha ocurrido en el País Vasco tras la decisión del Tribunal Constitucional, esa política del todo a cien donde se ha sacrificado todo, muy especialmente, el honor de los asesinados y el dolor de sus familiares. Para que quede claro, en vez de haberlo dado democráticamente todo por los cien asesinados, muertos muchos de ellos consciente y valerosamente por nuestras libertades nacionales, se les ha situado, a ellos y a sus familias, bajo la administración de quienes, cuando menos, aplaudieron su muerte.
Lo que se ha perpetrado es mucho más grave de lo habitualmente se piensa. Matar en España, ya de por sí barato a causa de una legislación más comprensiva con los delincuentes que con sus víctimas –Sandra Palo, Marta del Castillo y otros muchos casos de violencia doméstica o de otros tipos–, es, desde ahora, políticamente rentable en esta democracia agonizante que vivimos. Puede matarse durante 30, 40 ó 50 años y llegar el momento en que los simpatizantes de los asesinos puedan gobernar una ciudad como San Sebastián gracias, sobre todo, a las componendas de partidos donde se cobijan políticas del todo a cien. Y dicen que esto se hace como único camino para conseguir de una vez la pacificación del País Vasco. Si Sofía Martín Garay de Yurrebasu, mi abuela, saliera de su tumba abofetearía a estos insolentes que no sólo hacen lo que hacen sino que pretenden justificarlo intelectualmente.
Lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo es que se va a ir aceptando la infamia de que no importa cuánto se haya matado, a cuántos se haya matado ni cómo ni por qué se haya matado. Lo que importa es que las víctimas no entorpezcan el camino de los amigos de los asesinos. Lamentablemente Borges ya ha muerto, pero esta nueva situación de la democracia suicida que alimentamos cabría perfectamente en su historia universal de la infamia. Me viene a la memoria su "proveedor de iniquidades" que hacía marcas por cada víctima y que, además, era caudillo electoral cobrador de impuestos que tenía estos honorarios: "15 dólares, una oreja arrancada, 19 una pierna rota, 25 un balazo en una pierna, 25 una puñalada, 100 el negocio entero". Bonito mundo este nuestro en España.
San Sebastián. Todo a cien o todo por los cien. El "todo a cien" fue el símbolo comercial de lo barato antes que lo bueno y bonito. En política, el "todo a cien" refleja una conducta para la que todo vale con tal de que el partido o la ideología ganen posición o, al menos, la mantengan incluso al margen de los principios y de los valores. Como dice la canción, depende, todo depende. Se vive en estos momentos en San Sebastián, símbolo de lo que ha ocurrido en el País Vasco tras la decisión del Tribunal Constitucional, esa política del todo a cien donde se ha sacrificado todo, muy especialmente, el honor de los asesinados y el dolor de sus familiares. Para que quede claro, en vez de haberlo dado democráticamente todo por los cien asesinados, muertos muchos de ellos consciente y valerosamente por nuestras libertades nacionales, se les ha situado, a ellos y a sus familias, bajo la administración de quienes, cuando menos, aplaudieron su muerte.
Lo que se ha perpetrado es mucho más grave de lo habitualmente se piensa. Matar en España, ya de por sí barato a causa de una legislación más comprensiva con los delincuentes que con sus víctimas –Sandra Palo, Marta del Castillo y otros muchos casos de violencia doméstica o de otros tipos–, es, desde ahora, políticamente rentable en esta democracia agonizante que vivimos. Puede matarse durante 30, 40 ó 50 años y llegar el momento en que los simpatizantes de los asesinos puedan gobernar una ciudad como San Sebastián gracias, sobre todo, a las componendas de partidos donde se cobijan políticas del todo a cien. Y dicen que esto se hace como único camino para conseguir de una vez la pacificación del País Vasco. Si Sofía Martín Garay de Yurrebasu, mi abuela, saliera de su tumba abofetearía a estos insolentes que no sólo hacen lo que hacen sino que pretenden justificarlo intelectualmente.
Lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo es que se va a ir aceptando la infamia de que no importa cuánto se haya matado, a cuántos se haya matado ni cómo ni por qué se haya matado. Lo que importa es que las víctimas no entorpezcan el camino de los amigos de los asesinos. Lamentablemente Borges ya ha muerto, pero esta nueva situación de la democracia suicida que alimentamos cabría perfectamente en su historia universal de la infamia. Me viene a la memoria su "proveedor de iniquidades" que hacía marcas por cada víctima y que, además, era caudillo electoral cobrador de impuestos que tenía estos honorarios: "15 dólares, una oreja arrancada, 19 una pierna rota, 25 un balazo en una pierna, 25 una puñalada, 100 el negocio entero". Bonito mundo este nuestro en España.
Violencia terrorista
Emilio Campmany en Libertad Digital
Lo que hemos visto que ha ocurrido en Elorrio después de haberse constituido su Ayuntamiento es violencia terrorista. El terrorismo es el empleo de la violencia con fines políticos. Los que han zarandeado e insultado a Carlos García, concejal del PP en aquella villa, no lo han hecho para desahogar su ira, satisfacer sus bajos instintos o atender a sus impulsos primarios. Lo han hecho para aterrorizar al concejal con un objetivo político. Y quienes digan que insultar y zarandear no es propiamente violencia, y menos violencia terrorista, porque no es lo mismo que golpear o asesinar, se equivocan.
En Derecho Internacional, la agresión está constituida no sólo por el uso de la violencia, sino también por la amenaza de su empleo. De las dos hubo en Elorrio. ETA, o Batasuna o la izquierda abertzale o Sortu o Bildu, que todo es lo mismo, ejercieron la violencia y amenazaron con el empleo de otra más enérgica contra un concejal del PP. Desde el momento que esta violencia tuvo y tiene un fin político, es terrorismo.
Rubalcaba dice que no le gusta. Eso lo puedo decir yo o los millones de españoles que no tenemos ninguna responsabilidad en el uso que el Estado ha de hacer del monopolio de la violencia del que es titular. Pero si hay alguien que no puede decir tal cosa, es el ministro del Interior. Porque la cuestión no es lo que a Rubalcaba le guste o deje de gustar. La cuestión es que él es responsable de que los españoles, y Carlos García lo es, no tengan que sufrir ni esa ni ninguna otra clase de violencia terrorista. Se equivocan quienes crean que la única víctima es el valiente concejal del PP.
Las víctimas son todos aquellos que, teniendo derecho a presentarse a las elecciones por el PP o el partido que les pete o expresar en público las opiniones que les parezca o proclamar su ideología a los cuatro vientos, no lo hacen por miedo a ser objeto de la violencia que vieron se empleó en Elorrio.
Lo del sábado fue la imagen viva de un fracaso. Del fracaso de Rubalcaba, que hace dejación de sus funciones; de Zapatero, que insiste en hacer concesiones a ETA a cambio de la paz de la que ya disfrutan en Elorrio; del PSOE, que se ha dejado arrastrar hasta aquí; del Tribunal Constitucional, que se ha prestado indignamente a la farsa; del PP, que prefiere vivir en la mentira del pacto antiterrorista antes que afrontar en solitario la responsabilidad de denunciar la permisividad de los otros; y de toda la sociedad española, que hemos votado a unos y a otros.
Vuelve la violencia terrorista al País Vasco y a Zapatero sólo le preocupa llegar vivo a marzo, a Rubalcaba, que el PP no saque mayoría absoluta, a Rajoy, sacarla, y al Rey, que no le planten un pino en la tripa. No creo que merezcamos tanto deshonor e inoperancia.
Los indignos
José García Domínguez en Libertad Digital
La connivencia tácita, la indignidad ante los indignados de la mayoría silenciosa, refleja un rasgo profundo de nuestra psicología nacional. Porque, en el fondo, lo que late tras todo eso no es más que la pervivencia en el tiempo de un poso infantil del carácter ibérico. A saber, el prejuicio que sostiene que los políticos, estos políticos, representan el verdadero problema porque quiere creer que otros distintos supondrían la verdadera solución. El Estado como eterna niñera de la sociedad. Un país entero en la consulta del pediatra. España.
La connivencia tácita, la indignidad ante los indignados de la mayoría silenciosa, refleja un rasgo profundo de nuestra psicología nacional. Porque, en el fondo, lo que late tras todo eso no es más que la pervivencia en el tiempo de un poso infantil del carácter ibérico. A saber, el prejuicio que sostiene que los políticos, estos políticos, representan el verdadero problema porque quiere creer que otros distintos supondrían la verdadera solución. El Estado como eterna niñera de la sociedad. Un país entero en la consulta del pediatra. España.
Libertad y fuerza
Carlos Rodríguez Braun en Libertad Digital
Criticó Luis G. Montero a Esperanza Aguirre en Público: "habla de la libertad de los padres para llevar a sus hijos a los centros escolares que deseen. Conviene aclarar que esto no significa que los colegios para niños ricos vayan a ser obligados a recibir alumnos gratuitos". Pero no hay colegios sólo para ricos sino colegios más o menos caros, y en la sociedad libre no se puede obligar a la gente a que dé cosas gratis, salvo en una sola circunstancia clave, que el señor Montero ignora.
Para él, cuando los padres pueden elegir libremente a qué colegio llevan a sus hijos, en realidad no eligen libremente: "La trampa de confundir la libertad con la falta de regulación social sólo sirve para suprimir derechos. Todo huele a programa ideológico y a estrategia para financiar con dinero público a las élites sociales, siempre incómodas con la experiencia democrática". Es notable que la mayor libertad no sea para él un derecho, sino que lo sea la coacción. La libertad es algo ideológico (como si él no tuviera ideología) y siniestro que sirve para pagar con dinero público a la elites antidemocráticas, lo que es falso, porque a las elites les encanta la democracia, precisamente porque la utilizan para usurpar el dinero del pueblo: eso es lo que hacen las elites políticas, sindicales, intelectuales, mediáticas y empresariales. A quienes nadie pregunta si quieren pagar o no es a los ciudadanos.
Esta es la visión que tiene el señor Montero sobre la libertad ciudadana: "Esperanza Aguirre es coherente con su idea de la libertad: sálvese quien pueda en la ley del más fuerte. Frente a su neoliberalismo desatado, conviene recordar la dimensión social de la palabra libertad, sus orígenes cívicos en un contrato de convivencia. Es otra idea de libertad que tiene que ver con los espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales".
Aquí tenemos la circunstancia clave que don Luis ignora: la libertad no es la ley del más fuerte, puesto que en la sociedad libre, en el mercado libre, podemos elegir qué cosa queremos comprar, y si no compramos, no pagamos y no pasa nada. ¿Cuándo se impone esa ley del más fuerte? ¿Cuándo los ciudadanos son efectivamente obligados a pagar contra su voluntad por unos bienes y servicios independientemente de que quieran hacerlo o no? ¿Quién puede obligar a los ciudadanos a pagar e incluso meterlos en la cárcel si no pagan? Sólo el Estado, claro.
Don Luis ignora el carácter esencialmente coactivo del Estado: para él lo malo es el "neoliberalismo desatado" de "la ley del más fuerte", sin que parezca percibir que nadie es más fuerte que quien es fuerte por ley. Por eso se pierde en vaguedades como "un contrato de convivencia", que remite al viejo contrato social, y que jamás ha podido resolver un problema que los contratos resuelven por definición: siempre es posible no firmarlos. Y al final concluye con esa deliciosa apelación a los "espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales". Con consignas abnegadas de este tenor, el socialismo en todas sus variantes lleva aplicando la ley del más fuerte y quebrantando vidas, derechos, libertades y haciendas desde hace un siglo.
domingo, 12 de junio de 2011
Siniestro panorama
Gracias a las miembras y miembros progresistas y progresistos del Tribunal Constitucional, Bildu se ha hecho con el gobierno de muchos, siempre demasiados ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián. Los "indignados" han protestado... en Vitoria. Y en todo el "Estao". Pero sólo contra los alcaldes del PP, demostrando una vez más que están en contra del bipartidismo. Prefieren el partido único.
España...
España...
ETA toma el poder
La traición de seis miembros del Tribunal Constitucional –es decir, del Gobierno– a la Nación se ha consumado este sábado con la toma de posesión de los concejales de Bildu, la marca blanca de ETA. La banda terrorista continúa de este modo instalada en las instituciones –donde ya estaba merced a la inaplicación socialista de la Ley de Bases de Régimen Local en contra de ANV–, pero a partir de ahora lo hará con más poder que nunca, tal como ilustra el hecho de que haya tomado el mando de la capital de una de las tres provincias forales.
La situación es desoladora, no sólo porque de nuevo ETA va a contar con una plataforma para financiarse, conseguir información sobre sus potenciales víctimas y continuar con su labor propagandística; también lo es porque millares de ciudadanos pasarán a vivir bajo la bota de consistorios pro-etarras, que ya se han afanado en retirar las banderas españolas para mostrar cuáles son sus intenciones. Pero, sobre todo, lo es porque esta catástrofe podría haberse evitado si simplemente el Partido Socialista no hubiese presionado a sus jueces del Constitucional para que sobrepasaran sus competencias y enmendaran la plana al Supremo.
Al fin y al cabo, el desarrollo natural de los acontecimientos, desde la policía a los jueces, estaba conduciendo a la ilegalización de Bildu, esa coalición de tres partidos cuya pieza esencial son los restos de Batasuna. Sus conexiones con ETA estaban bien asentadas, tanto que el PSOE tuvo que intervenir en el Constitucional para garantizar que la banda terrorista estuviera en las elecciones y, de este modo, salvar un proceso de rendición ante los pistoleros que, todavía hoy, sigue abierto.
En este sentido, conviene recordar la línea roja que el propio PP se encargó de trazar hace tres años: que ETA permaneciera en los ayuntamientos iba a ser la señal inequívoca de que las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda seguían produciéndose, por lo que se impondría un giro de 180 grados en su acomodaticia política antiterrorista. Ese momento ha llegado: con los criminales copando las instituciones, España necesita más que nunca una Oposición de verdad que se enfrente al desmantelamiento de su Estado de Derecho. La marea azul que recubre todo nuestro territorio no puede olvidarse de lo que está pasando en el País Vasco.
Ilustrísimos batasunos
Ignacio Camacho en ABC
Otro lance de gloria para el legado de Zapatero: los herederos de Batasuna no sólo han vuelto a los ayuntamientos sino que desde ayer gobiernan en el de San Sebastián y en media Guipúzcoa. Veinticinco años después, los continuadores de ETA están en mejores posiciones políticas que en 1987, sin haber condenado los crímenes, sin pedir perdón y sin que se haya disuelto la banda. En los ordenadores de las instituciones a las que acaban de acceder tienen acceso a los datos personales, censales y fiscales de los ciudadanos y las empresas del País Vasco. Y quizá pronto, si el Constitucional legaliza Sortu en coherencia con su propia doctrina reciente, volverán a sentarse en el Congreso de los Diputados. El constitucionalismo ha retrocedido y el Partido Socialista de Euskadi se ha pegado un severo batacazo. Ya está consumado el comienzo del nuevo orden, que consiste en volver al viejo. El presidente puede estar satisfecho: de triunfo en triunfo hasta el fracaso final.
Quizá por casualidad siniestra, la llegada de los postbatasunos al poder local coincide con el trigésimo aniversario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a cuya celebración el Gobierno ha enviado a un delegado de tercer nivel. Las vestales de la dignidad, que durante tres décadas han sostenido la energía moral de la democracia frente al terror sin un solo gesto de rencor ni un soplo de venganza, han recibido como regalo de efemérides una bofetada. Un gigantesco paso atrás en la resistencia del Estado, que ha abierto sus muros en canal para que los legatarios de ETA penetren sin obstáculos hasta la tierra que hasta ahora nadie les había prometido. A partir de hoy, las víctimas tendrán que tratar de ilustrísimos señores a los albaceas de sus verdugos.
Incluso en la muy optimista y poco probable hipótesis de que la legalización de Bildu y su consiguiente acceso franco a municipios y diputaciones constituya un avance en el proceso de aislamiento y deslegitimación de ETA, el presunto beneficio pragmático de esta operación incumpliría una premisa esencial de la lucha antiterrorista: el de no permitir contrapartidas políticas a cambio del cese de la violencia. El Estado ha puesto el carro delante de los bueyes y se ha desdicho de su propia doctrina de identidad de fines, rompiendo el consenso político y dejando además una grave quiebra en la cúpula del poder judicial. La policía ha sido burlada, las víctimas ofendidas y los partidos constitucionalistas vascos se han quedado colgando de la brocha con la que trataban de pintar un horizonte de esperanza. La estrategia del zapaterismo les ha retirado la escalera, derribando de paso a quienes, como el exalcalde donostiarra Elorza, aplaudían el statu quoque les ha dejado a la intemperie.
Ayer fue un mal día para la democracia. Siempre lo es el momento en que la libertad permite que se aprovechen de ella sus enemigos.
El peor día
Alfonso Ussía en La Razón
Hoy pienso en muchos seres queridos que estarían con nosotros. En mil inocentes enterrados y dispersos por los cementerios de España. En el vuelo de las cenizas de los asesinados por ETA posándose en sus lugares arraigados. Hoy pienso en los heridos, los familiares y los amigos de todos aquellos que callaron para siempre por el disparo en la nuca o la explosión traidora. Hoy pienso en la desesperación de los padres que despidieron a sus hijos camino del colegio y pocos minutos después los recogían, ya sin vida, ya sin nada, de los charcos tremendos de sus sangres. Hoy pienso en el sufrimiento insuperable de los secuestrados, en los «zulos» de la ignominia, en las celdas de castigo de quienes eran encerrados de acuerdo a la ley de los criminales con el precio de sus vidas marcados en su terror. Hoy me acuerdo de los vascos que día tras día, amenazados, insultados, golpeados y humillados, han resistido la brutalidad y la chulería de quienes de nuevo, gracias a seis dóciles, ocuparán un lugar en las instituciones democráticas de un Estado de Derecho que ellos pretenden pulverizar. Hoy me acuerdo de los navarros, también amenazados y controlados por los sicarios de la ETA. Hoy me acuerdo de Alfredo Pérez-Rubalcaba, el ministro del Interior que ha ayudado desde las sombras, como siempre hace, el retorno a las instituciones de los compañeros de los asesinos. Hoy me acuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero, la mayor calamidad política que ha gobernado España en su periodo de libertad, el iluminado tonto que ha aplaudido sin reservas la presencia de «Bildu» en las elecciones. Hoy me acuerdo de todos los periodistas del pesebre, que desde sus medios afines al Gobierno, se han traicionado a sí mismos defediendo lo indefendible. Hoy me acuerdo de los doscientos mil vascos que han tenido que abandonar, sólo para disfrutar la seguridad de la supervivencia, la tierra de sus antepasados, su propia tierra. Hoy me acuerdo de los políticos que alcanzaron un acuerdo histórico y echaron de las instituciones a los asesinos. Y hoy me acuerdo de los que han abierto las puertas a los mismos que antaño expulsaron. Hoy me acuerdo de los jueces, fiscales y magistrados asesinados por la ETA. De los militares. De los guardias civiles y policías nacionales. De los miembros de la «Ertzantza», de los empresarios, de los obreros, de los civiles, de los niños quebrados por la barbarie del terrorismo. Hoy, que tendría que ser un día normal y alegre para España con la formación de los nuevos parlamentos autonómicos y ayuntamientos, es un día trágico y nauseabundo. Hoy, entre los socialistas y sus mandados del Tribunal Constitucional han levantado en España un monumento al terrorismo. No a las víctimas del terrorismo, sino a los terroristas. Cuando Irene Villa, recién casada, se quite esta noche sus dos piernas de mentira, se acordará como tantos otros de los seis nombres de la vergüenza. Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa. Nada malo les deseo. Me gustaría saber que vivirán en paz y armonía si logran superar los cuchillos de sus conciencias. Pero hoy tendrían que abandonar todos ellos sus cómodos sillones del Tribunal Constitucional. Por decencia y por penitencia. Y renunciar a sus escoltas y sus coches oficiales. Nada tienen que temer. Hoy les exijo, sólo desde mi voz, que se vayan, como se irán en pocas semanas los que les indujeron u ordenaron culminar la traición a nuestras víctimas y nuestro futuro.
Fueros del trabajador
Ángela Vallvey en La Razón
Un país incapaz de crear riqueza, alentar a los emprendedores, facilitar la abundancia de trabajo; que sólo genera empleo público, funcionarial, bajo la protección del sacrosanto Estado. Que ama las nacionalizaciones y teme a las «privatizaciones» porque las entiende como robo y acto de «codicia». España lleva casi 8 décadas demostrando su insolvencia para crear empleo desde la «iniciativa privada» (esa que no gustaba a Franco y sigue sin gustar a nadie), sofocando la producción y el crecimiento individuales. Y forjando una sociedad injusta terriblemente dividida en dos: ultra-protegidos trabajadores (funcionarios o contratados indefinidos) ante desempleados, becarios, jóvenes precarizados… Así nos va.
Un país incapaz de crear riqueza, alentar a los emprendedores, facilitar la abundancia de trabajo; que sólo genera empleo público, funcionarial, bajo la protección del sacrosanto Estado. Que ama las nacionalizaciones y teme a las «privatizaciones» porque las entiende como robo y acto de «codicia». España lleva casi 8 décadas demostrando su insolvencia para crear empleo desde la «iniciativa privada» (esa que no gustaba a Franco y sigue sin gustar a nadie), sofocando la producción y el crecimiento individuales. Y forjando una sociedad injusta terriblemente dividida en dos: ultra-protegidos trabajadores (funcionarios o contratados indefinidos) ante desempleados, becarios, jóvenes precarizados… Así nos va.
sábado, 11 de junio de 2011
Aprendemos despacito
Bernd Dietz en Libertad Digital
El fin de la historia no llega aún, aunque ciertos optimistas lo presumieran hace veinte años tras desplomarse, él solito, el comunismo. Al cundir públicamente que el socialismo real sólo sabía sostenerse con coerción y cadáveres, puesto que su economía política comportaba un error criminal, muchos racionalistas creyeron que el liberalismo democrático se quedaría sin el famoso enemigo encantado de sajarle la garganta. Que la mayoría de los seres humanos se dejaría guiar por el sano egoísmo de impulsar las políticas constatablemente conducentes a la libertad individual, la mejora del nivel de vida y una convivencia sensata. Aunque el precio a pagar fuese la desigualdad, no de apellido o punto de partida (según avala el caciquismo ancestral e imponen los casposos capos del PSOE), sino de recompensa legítima en el punto de destino (al aceptarse, albricias, que arraigasen las diferencias de inteligencia y laboriosidad en ecuanimidad meritocrática).
Se pasaron de triunfalistas, los alumnos de Allan Bloom. No contaron con irracionalismos fundamentalistas como la religión, el nacionalismo, la etnicidad o los delirios identitarios. Desoyeron la furia del rencor. No previeron que el mesianismo desacreditado de los Stalin, Mao, Castro o Pol Pot acabaría fabricando nuevos pretextos para justificar la guerra sin cuartel contra el mercado. Considérese el ecologismo, ardid particularmente cínico y malévolo, toda vez que fue durante la larga noche de la dictadura del proletariado (más bien de la nueva clase oligárquica de Milovan Djilas), bajo el férrea bota de las tiranías marxistas, al no poder siquiera existir la propiedad privada del suelo o la industria, cuando más salvajemente se contaminó la naturaleza, con menos miramiento se exterminaron especies y más se despreció la sostenibilidad del medio ambiente. Tal si los pederastas (eclesiásticos o sartreanos) exigieran controlar las guarderías, alegando piadosamente la protección de la infancia.
Parecidamente chusco es el apoyo del progresismo a los fanatismos religiosos más ansiosos por eviscerar personas, según atestigua el maridaje entre chavismo e islamismo. Que Estados Unidos practicara algo equivalente cuando Afganistán era comunista, endiosando a Ben Laden para que masacrara soviéticos, no exculpa moralmente el hecho de que el comandante haya sembrado la Amazonía de misioneros chiitas, consagrados a islamizar en masa a los indígenas. Repugnan esas fotos de niñitos de la tribu Wayuu, ya sin un taparrabos rousseauniano por demás muy ajustado al clima, ellas tapadas de la cabeza a los pies, ellos de yihadistas de Hezbollah, con su cinturoncito de bombas de juguete. Algo bastante más siniestro que la "Revolución Teocrática Venezolana" del "hermano Comandante Muslim" Teodoro Rafael Darnott, macarra de momento preso tras haber atentado con bombas contra la embajada estadounidense. ¡Si Rosa Luxemburgo levantara la cabeza!
Avanza la historia malamente. Constantes humanas como el cretinismo, la crueldad y el resentimiento rigen más persuasivas que la ilustración, la generosidad y la vocación de entender. Que nos lo digan a los que hemos padecido eso que Gabriel Albiac denomina el septenato necio. Tara que han aplaudido, inmodestos farsantes, cómplices sin perdón, hasta quedarse sin piel en las palmas, el grueso de los intelectuales, los universitarios, los artistas, los humanitarios.
¿Qué es ser antifranquista?
Pío Moa en Libertad Digital
Observen: antifranquistas son Carod Rovira, De Juana Chaos, Rubalcaba, Rajoy, Alfonso Guerra, Josu Ternera, Mas, Carrillo, la Chacó, Cebrián, Arenas, Camps, Roldán, Odón Elorza, Setién, Basagoiti, Arzallus... Señalarlo no es demagogia, sino destacar un hecho objetivo, oscurecido vergonzantemente. ¿A qué obedece tan peculiar fenómeno, si el franquismo se disolvió, por voluntad propia, hace 35 años? Obtendrán una respuesta si reparan en que ninguno de ellos ha contribuido a la democracia, la cual se implantó "de la ley a la ley", al margen o en contra de ellos; y en que todos han envilecido el régimen de libertades con abusos de poder, manejos separatistas, corrupción, terrorismo o colaboración –activa o pasiva– con el terrorismo, negación de la separación de poderes y desprecio a la nación española. Han inventado "naciones" y "hechos nacionales" para diluir la nación española, base de la soberanía, y denigrado y confundido con mil falsedades la historia de España...
¿Qué significa, entonces, el antifranquismo? Significa, muy literalmente, oposición a España y a la democracia. Lo primero es tradicional ya desde antes de los tiempos en que los vivas a Rusia y a la república se contraponían agresivamente a los vivas a España. Lo segundo sorprende solo a los ingenuos porque se ha identificado, con pleno fraude, antifranquismo y democracia, cuando son con toda evidencia conceptos opuestos: la democracia procede históricamente del franquismo, y todas las amenazas a ella nacen del antifranquismo, como salta a la vista y casi nadie señala.
Procede distinguir también entre el antifranquismo de otrora y el actual. Cuando Franco, había un antifranquismo activo, básicamente comunista, y otro antifranquismo de pandereta, tolerado por el régimen y con la vista puesta en la muerte del Caudillo para extraer ventajas políticas, así fuera en connivencia con el terrorismo. El primero, por los riesgos que corría, no dejaba de tener cierta dignidad a pesar de su totalitarismo. El que ha venido creciendo después ha sido particularmente abyecto, porque la mayoría de sus líderes no solo no hizo nada contra aquella que ahora llaman terrible dictadura, sino que prosperó e hizo carrera en ella y en sus aparatos. Cebrián o Ángel Viñas son modelos de esa miseria tan extendida. Y si no se clarifican de una vez las cosas y se les para los pies, enlazarán, como siempre han querido, con el nefasto Frente Popular con el que se identifican en sus desvaríos. Mientras estas cosas elementalísimas no se clarifiquen, España y sus libertades correrán serios peligros: pueblo que olvida la historia, tiende a repetir lo peor de ella.
Credibilidad por decreto
José T. Raga en Libertad Digital
Cada día más, las intervenciones del presidente del Gobierno me producen un efecto entre hastío y nausea. La mal llamada sesión de control parlamentario del miércoles pasado superó lo grotesco habitual para alcanzar las cotas de lo repulsivo. El presidente, lejos de dar respuesta a las formulaciones de la oposición, se permitió exigir un esfuerzo ejemplar para conseguir la credibilidad de nuestra nación y en particular de nuestra economía.
El señor ZP, cada vez está más ausente del mundo real y más cautivo de la ficción que alimenta su vida. La credibilidad, señor presidente, es una resultante; es una consecuencia del hecho de ser creíble y, usted, para nuestra desgracia, no tiene la mínima credibilidad. Lo cual no es producto del azar, sino que se lo ha ganado a pulso en los casi ocho años de desgobierno que lleva usted engañando a propios y extraños.
Mentir tiene un elevado coste y usted lo está comprobando, hasta el punto de que hoy, aunque se le ocurriese decir una verdad, la gente seguiría sin creerle, porque ha abusado usted del engaño y no tiene propósito de enmienda. No le creemos los españoles y no le creen tampoco fuera de España.
Aseguraba que no había crisis y, al mismo tiempo, anunciaba que ya estábamos saliendo de ella. Ha tratado de convencer a Europa de las medidas que iba a poner en marcha para cumplir el compromiso de estabilidad y crecimiento, y nada de eso se ha producido. Cuando se le ocurre hacer algo, del Consejo de Ministros de hoy viernes sale un real decreto que camina justo en dirección contraria a la que esperaba Europa y, lo que es peor, a la que esperaba nuestra economía. Eso sí, siguiendo su estela, el ministro de Trabajo y el vicepresidente del Gobierno y muchas cosas más anuncian su contenido, diseñando una reforma laboral, que nada tiene que ver con el texto aprobado por el Consejo.
Hoy, en su Gobierno, no hay nadie que sea acreedor a la confianza de los ciudadanos; nadie tiene credibilidad. Pero la culpa es sólo de ustedes. Los que están y los que estuvieron han mentido hasta la saciedad. Carente de la fortaleza necesaria para afrontar la realidad, se ha refugiado usted en el engaño; una decisión que, a lo mejor, puede tener el efecto pretendido a muy corto plazo, pero que cae en picado inmediatamente después, dañando su credibilidad para nunca más remontar.
Cuando el miércoles último, ante las acusaciones de torpeza en materia económica que se le dirigían, pedía usted esfuerzos a la oposición para una mayor credibilidad, ¿estaba usted sugiriendo que ésta mintiera tanto como miente usted? ¿Pedía usted colaboración con el engaño generalizado? Dios quiera que no lo hagan nunca; tratemos de conservar al menos un varón justo para que pueda enderezar lo que usted ha devastado. Mintiendo, nunca conseguirá credibilidad, como tampoco imponiéndola por decreto, aunque todo el Consejo de Ministros estuviera de acuerdo en ello.
¿Para qué sirve la negociación colectiva?
Juan Ramón Rallo en Libertad Digital
La negociación colectiva es un modo de organizar las relaciones laborales en una industria, sector o territorio concreto. Su funcionamiento consiste en que las negociaciones individuales entre trabajador y empresario son sustituidas por una negociación vis-à-vis entre quienes ostentan –o detentan– la representación de unos y otros.
A priori parecería que ninguno de ambos sistemas es mejor que el otro, pues lo que importan son los resultados y no tanto los procedimientos a seguir. El problema, claro, es precisamente que en sistemas de información y organización tan complejos como una economía de mercado, el resultado deviene indisociable del procedimiento. Al cabo, la gran ventaja del mercado, de las negociaciones descentralizadas entre propietarios, es que permiten manejar un volumen de información tan enorme que ningún individuo o grupo sería capaz de adquirirla, procesarla o entenderla en su totalidad.
El error de la negociación colectiva consiste en meter a todas las empresas de un sector o territorio en el mismo saco, como si fueran idénticas o pudieran llegar a serlo. Si Zara no es igual a cualquier camisería de barrio, no parece demasiado lógico que la base de la organización laboral de ambas firmas sea la misma, tal como pretende el convenio. Así, cuanto más se aleje el ámbito de negociación de las normas laborales del ámbito de aplicación de esas normas, mayor cantidad de ruido, errores e inadecuaciones tenderán a introducirse en los contratos laborales. Por eso, el resultado habitual de una ronda de negociaciones colectivas serán condiciones contractuales que, lejos de adaptarse al contexto particular de cada compañía, se ceñirán a las preferencias o a la ideología de los negociantes. Que esto constituye un error es de puro sentido común: si lo que buscamos son los planos de las estructuras de un edificio, no recurriremos a un mapamundi. Y si queremos unos contratos laborales que se ajusten como guantes a la situación de cada empresa, no habría que recurrir a convenios colectivos territoriales o sectoriales.
Claro que uno podría elucubrar que lo conveniente es que la negociación colectiva sirva para igualar a todos los trabajadores por arriba. A saber, puede que Zara no sea lo mismo que una pequeña camisería, pero las condiciones laborales de Zara deberían extenderse a toda la competencia. De este modo, los convenios colectivos servirían para evitar discriminaciones entre trabajadores según la compañía en la que operen. Al cabo, ¿por qué si diversos obreros se dedican a lo mismo pero en distintas empresas han de estar sometidos a diferentes condiciones laborales?
Planteémoslo desde otra perspectiva. Imagine que los representantes de los compradores de inmuebles se reúnen con los representantes de los propietarios de inmuebles y ambos firman un convenio colectivo dirigido a regular las condiciones de la compraventa de viviendas. Si los propietarios logran imponer una cláusula que establezca, por ejemplo, que el precio mínimo de los inmuebles, sea cual sea su superficie, localización o calidad, será de 150.000 euros, ¿qué cree que sucederá? Pues que muchos pisos que podrían haberse enajenado por menos de 150.000 euros ahora quedarán fuera del mercado.
La cosa sólo cambiará levemente en caso de que el convenio trate de segmentar territorial o funcionalmente el tipo de operaciones de compraventa. Si, por ejemplo, el convenio anterior deja de ser aplicable a toda España y se limita a la Comunidad de Madrid, donde el metro cuadrado es de media más oneroso, parece claro que resultará menos restrictivo y que generará menos distorsiones, pero, aun así, seguirá habiendo pisos por debajo de 150.000 –presentes en mayor o menor medida en todos los barrios de la capital– que no encontrarán comprador.
Asimismo, que se creen dos categorías de inmuebles residenciales –vivienda familiar y vivienda de lujo, verbigracia– con distintos precios mínimos de compraventa –75.000 y 500.000 euros– tampoco solventará el problema, pues o bien los precios mínimos serán demasiado bajos como para limitar los libres pactos entre compradores y vendedores (y por tanto serán irrelevantes para beneficiar a los propietarios de viviendas) o bien, si resultan demasiado altos, seguirán restringiendo el número de operaciones posibles. Además, el hecho de que existan varias categorías no garantiza necesariamente una mayor flexibilidad contractual, pues perfectamente los "inspectores inmobiliarios" podrían etiquetar a una vivienda normalita como "de lujo", impidiendo en consecuencia que su propietario la venda por menos de 500.000 euros.
El despropósito anterior puede empeorar todavía más si esos convenios de compraventa de viviendas se prorrogan automáticamente en ausencia de una nueva ronda de negociaciones colectivas (lo que se conoce como ultraactividad de los convenios). Imaginen que los precios mínimos de compraventa de viviendas se pactaron en el momento más elevado de una burbuja inmobiliaria y que, al cabo de tres años, la sequedad del crédito y la competencia de un alquiler mucho más asequible fuerzan caídas de precios del 50% en los pisos. Obviamente, perpetuar durante la crisis unos precios mínimos de compraventa que ya eran demasiado elevados para la época de burbuja sólo provocará un desplome brutal de las operaciones, dejando un colosal stock de viviendas invendido.
Y quede claro que los precios mínimos son sólo una de las muchas cláusulas que integran un convenio. Existe un amplio rango de intervenciones posibles sobre la contratación: cláusulas que prohíban darle un uso comercial a un inmueble, que restrinjan el número de horas al día que puede ser habitado, que establezcan la necesidad de que toda vivienda cuente con una zona libre de humos, etc. Todas éstas, si bien no regularían directamente el precio de venta de los inmuebles, sí erosionarían su utilidad o rentabilidad, forzando a los potenciales inversores a exigir importantes descuentos en sus precios para que les resulte atractivo adquirirlos.
En definitiva, los convenios colectivos sobre cualquier bien económico tenderán a reducir su uso, volviéndolo artificialmente sobreabundante (desempleo). Pero en el caso específico del factor trabajo, los perjuicios no terminan ahí: dado que se trata de un recurso productivo, los convenios, al reducir su ocupación, también minorarán la producción de bienes de consumo y de capital, lo que los encarecerá y empobrecerá al resto de la población.
Los trabajadores sólo pueden escapar a esta dictadura de los convenios colectivos en caso de que éstos sólo regulen algunas industrias concretas. En ese supuesto, la destrucción de empleo y de producción se concentrará en esas áreas de la economía, que pasarán a operar por debajo de su potencial, mientras que los trabajadores desempleados podrán buscar ocupación en otras industrias no sometidas a convenio. Claro que, como resulta bastante probable que la productividad de esos trabajadores sea menor en esos otros sectores, aun así los convenios seguirían destruyendo parte de la riqueza que podría llegar a crearse sin ellos.
Por supuesto, cuando todos o casi todos los sectores de una economía estén sometidos a convenio –situación de España–, no habrá vía de escape posible y es muy probable que el desempleo generalizado haga acto de presencia, sobre todo si media una crisis económica que erosione la productividad de la mayor parte de los trabajadores.
He aquí lo irónico de la negociación colectiva: si bien ésta se justifica políticamente por la peregrina necesidad de nivelar el poder de negociación de trabajadores y empresarios, son los propios convenios los que, al masificar el paro, colocan a los trabajadores en una posición de absoluta inferioridad frente a los empresarios. La mejor baza negociadora del trabajador frente al empresario no es una pauperizadora negociación colectiva, sino la facilidad de rechazar un empleo cuyas condiciones no le agraden porque tenga la seguridad de que puede encontrar ocupación en otras partes de la economía.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
