Un etarra condenado, el 'portero' de Bildu para cribar a la prensa

En Libertad Digital:

Este martes El Mundo publica una foto muy clarificadora de lo que es Bildu. Ocurrió en Lizarza, localidad en la que hasta ahora gobernó la popular Regina Otaola, y que ahora será feudo de los proetarras. Y como han hecho siempre, los batasunos, ahora en Bildu, no dudaron en utilizar la coacción y la amenaza.

De hecho, el "autorizado" de Bildu para impedir la entrada de los medios al salón de Plenos de Lizarza era Aimar Altuna Ijurko, Txiki, etarra condenado a cinco años y que ha cumplido la pena en distintas cárceles francesas, que fue puesto en libertad hace apenas cinco meses.

Apostado en la puerta, junto a algunos compañeros más, impedía el paso a determinados medios de comunicación. Con la diplomacia que caracteriza a los batasunos llegó a decir a algún periodista: "Como sigas con la cámara, ya sabes lo que va a pasar".

Elorrio en toda España

Cristina Losada en Libertad Digital

Era difícil sustraerse a la observación de semejanzas entre aquellas escenas. En el municipio de Elorrio, un concejal del PP votaba para entregar la alcaldía al PNV rodeado de una falange proetarra que vociferaba puño en alto. En otros ayuntamientos españoles, las huestes indignadas perseguían a los ediles y saboteaban los plenos con griterío y cacerolas. En todas partes arreciaban los insultos a los representantes elegidos. La escena en el Norte no era una novedad. Se ha venido repitiendo a lo largo de las décadas. La coacción, el boicot y la algarada han sido instrumentos habituales del trabajo político municipal del terror. Y no sólo. Allí donde el fanatismo nacionalista cría alevines se ha recurrido a esa forma de violencia.

El rasgo nuevo que ofreció el 11 de junio consiste en una extensión sin precedentes de las acciones intimidatorias. Iban "contra los políticos" sin aparente distinción de credos, pero los procedimientos y las formas distinguen perfectamente al que los emplea. Y cuando se eligen conductas que son marca de fábrica de quienes no toleran la diferencia, se acaba en compañía, parentesco y afinidad con los que llevan el sello totalitario en la frente. Aunque se puede apuntar más abajo, que es donde nace la ancestral afición al linchamiento. Porque violencia es todo lo que hicieron el día de constitución de los ayuntamientos los que presumen de constituir un "movimiento pacífico". ¡A qué le llamarán pacífico! No lo sé ni, a decir verdad, me importa. Que lo averigüen quienes persisten en concederles rango de interlocutores políticos.

El fenómeno digno de estudio es la amplitud de la tolerancia con los intolerantes que se manifiesta una y otra vez en España. La disposición que existe para justificar a los que se hacen valer por la fuerza, sea ésta brutal o llevadera. Esos salvoconductos morales que se emiten en la opinión, tan frecuente, de que "sus razones tienen". Una insólita comprensión hacia quienes violan simples normas de convivencia o complejas leyes, que benefician a todos, tanto a los de arriba como a los de abajo y tanto a los políticos como a los antipolíticos. Una permisividad vinculada a la desorientación, que se traduce en la renuncia a juzgar qué es aceptable y ético y qué no lo es. Que reduce los valores y los estándares a expresión de la voluntad personal. Y antes que pronunciarse, prefiere encogerse de hombros y musitar un "que cada cual haga lo que quiera".

El ayuntamiento sin indignados

Fray Josepho en Libertad Digital

Decenas de indignados, tal vez cientos,
estaban, golpeando cacerolas,
en múltiples ciudades españolas,
por la constitución de ayuntamientos.

No son muy agresivos ni violentos...
si se les deja armar sus bataholas
y hacer lo que les salga de las bolas
con sus enardecidos aspavientos.

Los hubo en todos lados, como digo:
en Málaga, en Madrid, en Elche, en Vigo,
en Zaragoza, en Cáceres y en Palma.

Los hubo en Salamanca, en Badalona,
en Lérida, en Vitoria y en Pamplona.
Solo en San Sebastián reinó la calma.

El verdadero "secuestro" del Constitucional

Guillermo Dupuy en Libertad Digital

Ya me gustaría a mí que el vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay o la magistrada Elisa Pérez Vera hubieran presentado su dimisión movidos por una especie de vergüenza o de arrepentimiento sobrevenidos por la bochornosa sentencia que ha neutralizado la Ley de Partidos y abierto de par en par la puerta de las instituciones a los proetarras de Bildu. Pero que nadie se llame a engaño: Por mucho que en el PP hayan relacionado ambas cuestiones, ni Gay ni Pérez Vera han tenido esa vergüenza ni la conocen todavía. Sus ceses ya veremos en qué quedan y, desde luego, nada tendrían que ver con aquella dimisión que un abatido Manuel García Pelayo presentó poco después de dar, con su voto de calidad, una vergonzosa cobertura constitucional al latrocinio de Rumasa.

Las dimisiones que han presentado Gay y Pérez Vera –a la que hay que sumar la del magistrado Javier Delgado, que votó en contra de esa infame sentencia a favor de Bildu– nada tienen de elogiables. En el mejor de los casos, se trata tan sólo de buscarse un apacible, aunque no en todos los casos, bien ganado retiro. En el peor, una forma de presionar a los partidos políticos para llevar a cabo una renovación que, ciertamente, el Alto Tribunal tiene pendiente y que algunos no quieren esperar a que se lleva a cabo para después de las elecciones generales.

Ahora bien, por mucho que estos tres magistrados tenían que haber sido renovados por el Congreso antes del pasado 6 de noviembre, su continuidad era y es perfectamente legal. Y, desde luego, que no nos venga Eugeni Gay hablando de su sensación de "formar parte de un tribunal secuestrado" por el hecho de que los partidos políticos no lleguen a un acuerdo en su renovación. El auténtico "secuestro" de dicho tribunal, como el del del CGPJ, lo constituye la designación de sus miembros por parte del poder legislativo. Es esa designación política de sus miembros la auténtica correa que los mantiene atados al poder legislativo y que convierte en una farsa la separación de poderes en los que tendría que basarse nuestro Estado de Derecho.

Tal y como advirtió el propio Tribunal Constitucional en aquella bochornosa e histórica sentencia 108/1986 que dio cobertura a la designación política de los miembros del CGPJ, corremos el "riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos". Ese riesgo se ha convertido en constatable realidad gracias a esa hipócrita sentencia. Tan hipócrita como nos resulta ver a uno de los beneficiarios de la falta de separación de poderes, como es el magistrado a propuesta del PSOE, Eugenio Gay, hablar ahora del "secuestro" del Constitucional. Enterraron a Montesquieu como dan vida ahora a los proetarras. Y, que nadie se engañe, no se arrepienten ni de lo uno ni de lo otro.

Obituario del Tribunal Constitucional

José García Domínguez en Libertad Digital

Poco cabe esperar de un Tribunal Constitucional cuya formación misma viola de modo flagrante el espíritu de la Carta Magna que debiera estar llamado a defender. Al cabo, si los magistrados que lo integran conservasen un mínimo, elemental sentido del pudor, presentarían su dimisión irrevocable en bloque; todos, no solo esos tres interinos con prórroga de contrato que acaban de anunciar la suya. Por lo demás, rindámonos a la evidencia: las mayorías cualificadas de Congreso y Senado que requería su nombramiento, al final, no han resultado dique suficiente para contener la insaciable bulimia de poder de la partitocracia reinante.

De ahí el truco de las cuotas, obsceno cambalache de pícaros ingeniado al objeto de doblegar el espíritu de independencia con que había nacido la institución. Tal que así, y como buenos hermanitos, PSOE y PP maquinaron apoyar cada uno a los candidatos del contrario tapándose mutuamente la nariz. Se imponía prostituir su naturaleza, sometiéndola al vasallaje del poder político. A imagen y semejanza, huelga decir, de lo que ya antes se hiciera con la Justicia, la memorable contribución de Michavila –y de Aznar López– al obituario de Montesquieu. Por algo, tan súbita, la decadencia del Tribunal: el que acaso fuera el organismo más prestigioso de nuestra democracia, transmutado en ese permanente espectáculo de contorsionismo genuflexo donde el ínclito Pascual Sala labura de jefe de pista.

Pues, aunque al lector joven le cueste creerlo, el TC supuso un ejemplo admirable de eficacia, rigor y seriedad cuando la Transición. Al punto de que únicamente la calidad de su jurisprudencia habría de hacer viable una chapuza formal como la Constitución del 78. Tiempos, los del denostado consenso, en los que, por cierto, nunca se sabía a priori el voto que emitirían los magistrados ante cuestión alguna. Y es que por aquel lejano entonces la competencia jurídica –y el temple moral– aún primaban sobre la obediencia, suprema virtud perruna siempre tan cara a Génova y Ferraz. En fin, que han avisado de sus respectivas renuncias, leo, dos "progresistas" y un "conservador". Traducido al sermo vulgaris: se marcha un propio de Artur Mas; otra que facturaba como paje en la corte de Alfredo; y un tercero, abnegado pasante de Rajoy. Hay que ver cómo está el servicio.

Del dolor al desprecio

Hermann Tertsch en ABC

Somos muchos españoles a los que la suerte personal de los seis tristemente célebres magistrados del Tribunal Constitucional nos importa poco. Hace un par de días hubo un debate en «twitter» sobre las formas en que tantos querrían manifestarles su desprecio. Al final creo que todo quedará en el oprobio de ser recordados como quienes tomaron una decisión que condena a millones de españoles inocentes al dolor y al miedo. Y que lo hicieron para defender los intereses políticos, casi personales, de quien por méritos propios será recordado como el gobernante más nefasto que ha tenido España desde Fernando VII. Y que éste nos perdone. Todos ellos, incluido nuestro Alicia/Atila, llevarán muchos años en la jubilación, Dios les guarde larga vida, y seguirán siendo recordados como quienes abrieron las compuertas para que la marea tóxica parda inundara de nuevo una región española. Para que a través de las instituciones, la peste totalitaria se hiciera con el poder de control, intimidación y ruina de millones de españoles. Todos los ciudadanos de nuestra democracia, a los que nuestro Estado tiene la obligación de defender en sus derechos constitucionales, tienen plena legitimidad y razón para acusar a los arriba citados, con Rodríguez Zapatero y Pascual Sala a la cabeza, de haber arruinado en gran medida sus vidas. Con imposible arreglo para los inmensos daños efectivos que ya se dan y avecinan. En gran parte irreversibles. Ya no hablamos aquí de decisiones políticas más o menos controvertidas. Estas decisiones, tomadas por los citados y amparadas por sus cómplices en esta operación larga en el tiempo, han dejado inermes ante la brutalidad política y la voluntad de opresión del nacionalsocialismo vasco a todos los que no comulgan con su aberrante doctrina. Con manos libres para la «normalización», ese eufemismo con el que se menta al implacable rodillo de imposición de voluntades nazi-comunista, ETA puede dar tranquilamente por concluida su primera fase de la guerra revolucionaria para entrar en la segunda, ya con territorios conquistados y bajo su pleno control. Atrás queda la peligrosa campaña de guerrillas. Cincuenta años de sangre, de crímenes y también de sacrificios, de cárcel y de bajas, quedan atrás. Hoy sabemos que, aunque muchas veces pareció absurda y desesperada, ha sido un éxito rotundo. La legitimidad la han recibido del supuesto enemigo, del Estado, tomado por gentes comprensivas con la causa. Sorprendentemente para todos, hay que decir. Porque nunca nadie en ETA, —ni en los mayores delirios de los focos revolucionarios en los años sesenta y setenta— pudo imaginar que el éxito sería tan incontestable, tan rotundo y tan rápido. Y menos cuando en el año 2004 estaban contra las cuerdas y casi todos querían dejarlo. Y los militantes pedían protección, clemencia y soluciones individuales para concluir sus vidas en paz fuera de la pesadilla que habían creado. Ahora todos han vuelto a la causa. Y muchos se suman a los triunfadores. Con entusiasmo. Ahora la revolución se hará desde los despachos, con papel timbrado. Los enemigos serán los mismos, todos los que no se plieguen a la voluntad «normalizadora». Pero el brazo ejecutor llegará ahora ya hasta al último ciudadano, al último hogar. Nadie podrá esconderse durante mucho tiempo. Y a todos se les podrá hacer la vida lo suficientemente difícil para que tarde o temprano se rindan. Y acaben aplaudiendo a la tiranía, defendiendo la causa en la que jamás creyeron y pidiendo a la familia que por prudencia haga otro tanto. O se verá buscando algo de libertad y seguridad lejos de su casa, de su hogar, de su patria. Recordarán la traición. Su desprecio seguirá vivo. Y el mío.

Justicia patética

Tomás Cuesta en ABC

Que el Tribunal Constitucional se descomponga ahora, precisamente ahora, cuando se ha demostrado que la solemne institución es la suprema instancia de las componendas, podría interpretarse, en el mejor de los supuestos, como un nítido ejemplo de justicia poética. Podría, en condicional, porque ya no se puede. Después de que el monstruo que pusieron en suerte se cobrara en las urnas el salario del miedo nos encontramos ante un nuevo caso de justicia patética. Sea por un súbito arrepentimiento ante la irrupción de Bildu, sea para apañar una nueva mayoría o sea porque aún queda el trágala de Sortu para las elecciones autonómicas, la renuncia de tres magistrados del Constitucional es la última, que no definitiva, evidencia de la disciplina política del poder judicial. Y la penúltima prueba de un descrédito que arranca con el embotellamiento estatutario, quilombo socialista que ha quedado en imposición sutil y versallesca ante las escandalosas dimensiones del enjuague bildunero.

Señalados por los más que previsibles brotes de cólera proetarra, la mayoría de los magistrados del TC son la carne de cañón del ministro de Interior, el comando de operaciones especiales del Gobierno, un grupo de hombres sin piedad ni atributos que cumplen órdenes. De ahí la estupefacción de Pascual Sala, el presidente del Tribunal, ante las críticas jurídicas a la sentencia de Bildu. Como si los hubiera puesto el ayuntamiento para hacer cumplir la ley en lugar de para interpretarla a conveniencia y capricho de sus patrocinadores. En ese contexto, hasta los votos particulares acaban por convertirse en parte del truco, una coartada de pluralidad y sana discrepancia, por mucho que también constituyan actas notariales de la ignominia.

Tal vez la cuesta abajo se aceleró antes de que De la Vega abroncara en público a la entonces presidenta del Constitucional María Antonia Casas, pero la plasticidad del instante (durante el desfile del 12 de Octubre) aportaba sobrados indicios sobre las relaciones de poder y un punto de partida para el análisis forense de la segunda muerte de Montesquieu. El fallo sobre Bildu confirmó el desmoronamiento de la independencia judicial, con lo que tal lunes como ayer nos fue dado ver otro acontecimiento jurídico inédito, el segundo eclipse judicial en 24 horas; que prosperara en el Supremo el recurso contra cinco magistrados, cinco, de Baltasar Garzón en relación a su ajuste de cuentas con el mismísimo Franco.

Sostener a estas alturas que la justicia es igual para todos no es una broma de mal gusto. Ni siquiera es una broma. La estructura institucional podría colapsar con tan sólo un soplido mientras Rubalcaba protege a los indignados e insiste en que la policía está para evitar problemas, pero en el sentido de ni olerlos. Con los restos de ese naufragio se construyen los campamentos al sol, el último hervor de unas asambleas a la que el Gobierno presta más atención que a una reunión de magistrados nombrados, naturalmente, a dedo.

Vuelve el nazismo

Martín Prieto en La Razón

Joseph Goebbels recogía en sus diarios las quejas y lamentos de « gauletiers» (gobernadores) y alcaldes ante la sistemática destrucción de sus ciudades por metro cuadrado. El general de la US Air Force, Curtis Le May, por mal nombre «pantalones de acero», responsable del bombardeo estratégico de Alemania, estaba convencido de ganar la guerra doblegando la moral cívica germana, en la tesis de que «a los que hicieron la Fortaleza Europea se les olvidó ponerle techo». Goebbels anotaba despreciativo: «¿Es que estos que ahora se espantan olvidan que nos votaron?». Hitler llegó al poder en elecciones universales, secretas y directas; luego quemaron el Reichstag y enterraron las urnas. Para Bildu las elecciones son un escalón para acceder a una independencia en régimen de socialismo real. Bildu es nazi, racista, xenófoba, expansionista sobre lo que entienden como Euskalerría y ultranacionalista. Queremos meter en la cárcel a un librero nostálgico por vender «Mein Kampf» y Zapatero, el Gobierno, el Constitucional y el PNV meten a Bildu en 120 municipios vascos en los que han entrado amenazantes con sus S.A. (ETA) con la mano en la culata. Los análisis del presidente que se va pero se queda son un arcano, pero se ha dado el paso para que ETA acabe en el Gobierno vasco. No en balde el lauburu es una esvástica. Algún día habrá noches de los cuchillos largos y la sangre que correrá será del PNV, por tibios. Les arrebatarán los escaños y las diputaciones forales, los tinglados financieros y el clientelismo, porque quien quiera trabajar habrá de ser genuflexo ante Bildu. Ahora no lo vemos, pero el primer problema de España no es el desempleo, sino la llegada tronante del nacional-socialismo al País Vasco.

¿Para quién se legisla?

José Luis Requero en La Razón

Hace ya tiempo que nuestra legislación puso coto al paternalismo en la forma de entender las relaciones entre médico y paciente. Hoy día esa relación se ha reequilibrado y se basa en la autonomía y libertad del paciente, en su madurez, de ahí la importancia de la información médica y del consentimiento informado. Aún así hay muchos y variados matices y ese consentimiento informado presenta no pocos problemas prácticos, pero no es el momento de abordarlos.

Como ningún derecho es absoluto, esa autonomía tiene sus excepciones y sus límites, entre ellos el impuesto por la pericia, por la responsabilidad profesional y moral del médico. Un paciente no puede exigir un tratamiento contraindicado ni contrario a la ética profesional. En esos casos el médico no es que pueda, es que está obligado a no atender esas decisiones; del mismo modo tampoco puede atender las determinaciones del paciente si duda de que la ha adoptado con plena conciencia de lo que hace o cuando su decisión se basa en una información errónea.
En estas estábamos cuando el Gobierno remite al Congreso el proyecto de Ley de de Derechos del Paciente ante el Proceso Final de la Vida, es decir, en caso de situación terminal y de agonía. Si el derecho del paciente a ejercer su autonomía tiene hoy día una regulación satisfactoria, ¿qué añadirá a lo que ya es ley?: pues una nueva manera de entender la relación entre el médico y el enfermo. No añade nada que su objetivo sea garantizar el respeto a la libre voluntad del paciente en el proceso final de su vida, lo novedoso es que incorpore un adjetivo: ese respeto debe ser «pleno» y es obligación del médico que sea así. A cambio el proyecto le exime de toda responsabilidad.

La consecuencia es que el proyecto, machaconamente, recuerda una y otra vez que su objetivo es, ante todo, satisfacer deseos erigidos en derechos absolutos e ilimitados, es más, crea nuevos derechos, como el derecho a la sedación terminal. Desaparece la posibilidad de que el médico se oponga a ejecutar esos deseos porque sean contrarios a la lex artis –es decir, la pericia médica– o a la deontología profesional, aunque el paciente ignore que hay alternativas o que su decisión es precipitada. Las prevenciones surgen para lo contrario: si el médico propone una intervención es cuando ya se invoca la lex artis, cuando se le limita; además su criterio deberá ser contrastado con otros facultativos si es que propone un esfuerzo terapéutico.

A estos efectos es clave que el proyecto reforme expresamente la ley de 2002, norma que regula satisfactoriamente la autonomía del paciente como derecho y se reforma para suprimir ya con carácter general el límite de la lex artis en el llamado «testamento vital». A partir de ahora, para todo tipo de intervención, el legislador le dice al médico que debe estar a la voluntad del paciente: del paternalismo médico pasamos a la tiranía del paciente. El médico se erige en una amenaza latente a la libertad del paciente; ni apelando a sus convicciones morales puede oponerse a ejecutar sus decisiones, aunque sean erradas. El único límite a esa voluntad soberana del paciente vendría de la sospecha de que está viciada, de que es un incapaz de hecho, pero en ese caso se sustituye la voluntad del enfermo por la de su representante.

El proyecto responde a la misma mentalidad que anima a la ley del aborto: ya sea la voluntad de acabar con la vida del no nacido como con la propia, es un derecho que no puede impedirse. Estamos ante otro monumento al individualismo feroz, pero maticemos: me pregunto si no beneficiará también al médico que no ha dejado de ejercer un paternalismo sutil, que desliza consejos a enfermos o familiares angustiados o interpreta sus deseos. A partir de ahora la ley le exculpará, luego será una norma legalizadora. La del aborto es una norma de encargo que legaliza el negocio del aborto libre; el proyecto lo será de unas prácticas de las que ya hay antecedentes conocidos, luego ¿se legisla para el interés general, para el bien común o para guardar las espaldas a unos pocos, para legalizar sus abusos?

Trato legal

Carlos Rodríguez Braun en La Razón

La Mesa del Congreso rechazó la petición del Gobierno, y no habrá vía de urgencia para tramitar el «Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación». No han sido pocos, desde luego, los que han criticado el proyecto y han señalado sus gravísimas deficiencias: su ataque a la libertad, especialmente a la libertad de educación, castigando fiscalmente a las familias que quieren enviar a sus hijos a colegios que separan por sexo, y a la libertad de prensa, por su vocación inquisitorial sobre los medios de comunicación. Y hay mucho más: se condiciona la libertad de empresa y la propiedad privada, se promueve el poder sindical, se limita la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, y se crea una «Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación», que recibirá denuncias y podrá imponer sanciones de hasta 40.000 euros. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal alertaron sobre la indefinición con que se tipifican algunas infracciones y la inseguridad jurídica que ello comporta. Hubo un amplio consenso en lamentar que el proyecto puede aumentar la intrusión y el control del poder político sobre las vidas, haciendas y libertades ciudadanas. Pero el mayor escalofrío lo experimentará quien lea directamente este siniestro proyecto y comprenda que todos esos resultados liberticidas no son consecuencias no deseadas por los socialistas que lo han presentado.

Es la bola de cristal

PP, fachas. Capitalismo, malo. Banqueros y empresarios, ladrones. Iglesia, caca. Naturaleza, buena; hombre, malo.

Esta es la ideología de los "indignaos". ¿Tanto debate, tantas asambles, tantas comisiones... para esto? Aunque no es de extrañar, pues eso es lo que único que han aprendido (y casi lo único que les han enseñado) en escuelas, institutos, universidades, medios de comunicación...

Ante tan elaborados argumentos, ante tan complejas mentes, sólo cabe emular a la Bruja Avería y gritar con ella: "¡Viva el mal, viva el capital!"

La doble mayoría

Gabriel Albiac en ABC

Su rostro era imagen de la decepción. Dieter Brandau entrevistaba en Lizarza a Regina Otaola. La aún alcaldesa evocaba, con serenidad estoica, los años de perseverancia en un pueblo que la veía como enemigo al cual es justo abatir. ¿Vino a apoyarla el presidente de su partido, durante estos años? No, claro que no, responde con indiferencia. Pero Aznar sí, vino una vez. Sonríe. No haber sido abandonada, al menos, por un ex presidente, parece confortar a Otaola del menosprecio de los suyos. Hay que ser muy duro para aguantar eso. Y para limitarse a contarlo, con la sobriedad un poco taciturna que es lo que más me admira en las gentes de la tierra vasca. Quede constancia de que, en mi herencia genética —si es que tal cosa existe—, lo único que aprecio es ese 25% de áspero comedimiento.

«¿Se llevará usted la bandera cuando se vaya?», le pregunta el periodista. Para un país normal, sería una pregunta estrafalaria: ¿por qué habría de llevarse un alcalde la bandera de su país al cesar en el cargo? Para un país normal. Para esta España trágica que es la nuestra, lo que causa estupor es la respuesta. No. No pienso llevármela. La bandera es la que la ley establece y la ley no la pongo yo, replica sin que su voz se altere un semitono. Si alguien viola la ley, allá él. Y si aquel a quien corresponde garantizar su cumplimiento no lo impide, allá él igualmente. En país normal, es cierto que ambos —violador y ministro inane— acabarían ante los tribunales. Pero aquí hablamos de un violador al cual el Tribunal Constitucional ha eximido de obligaciones y de un ministro inane que aspira a Presidente del Gobierno. No pasará nada.

Tampoco pasará gran cosa en los meses que vienen. Por supuesto, lo primero que hizo la nueva alcaldía de Lizarza fue retirar la bandera española del ayuntamiento. Por supuesto que, en el lugar que ella ocupaba, fue colocado un cartel que, en vascuence, reclamaba la liberación de los vascos presos en cárceles del ocupante enemigo español. Por supuesto que, en las inmediatas semanas, las calles volverán a ser el universal dazibao que fueron siempre hasta que Regina Otaola dejó los viejos muros impecables. Pero no, no es eso lo importante. Lo importante sucederá dentro de unos meses, los que tarde el agónico no-gobierno de Rodríguez Zapatero en convocar elecciones generales. No hay enigma: Bildu —o la denominación que se elija para entonces— repetirá —puede incluso incrementar— sus resultados de mayo. Y, junto a un PNV presionado por su ascenso, tendrá todos los instrumentos para que en el País Vasco exista, por primera vez, un gobierno de mayoría independentista. A partir de la formación de ese nuevo ejecutivo en Vitoria, todo será posible. Digo todo.

Deslumbrado —y es comprensible que así sea, de momento— por la victoria de mayo, el PP de Rajoy parece haber dejado en segundo plano su vertiente oscura: el País Vasco. No hay razón para pensar que, salvo acontecimiento catastrófico, las cosas varíen mucho en estos meses. De ser así, para marzo todo lo más tarde, el PP tendrá mayoría absoluta en el Parlamento español. Los partidarios de la independencia la tendrán en el Parlamento vasco. Y el modelo constitucional del año 1978 habrá saltado por los aires.

Medianoche en Sol

José María Carrascal en ABC

Como el detective privado de «Medianoche en París», que se equivocó de puerta y se encontró en el siglo equivocado, los «indignados» del 15-M querían salir en mayo del 1968 y se han encontrado en el de 2011, completamente distinto. El M-68, que no empezó en París ni en el 68, sino en el 66 en la universidad californiana de Berkley, es decir la «revolución contracultural», iba contra los usos de la que Galbraith llamaba la «sociedad opulenta», una sociedad saciada, a la que sobraban medios y faltaban alicientes, por lo que sus hijos predicaban «hacer el amor y no la guerra», tiraban billetes a los corredores de bolsa en Wall Street y seguían a los Beatles como los niños de Hamelín al flautista. En otras palabras: eran el producto de la abundancia.

Mientras los acampados en la Plaza del Sol o la de Cataluña son el producto de la miseria, con cada vez menos medios y peores expectativas. La situación ha dado la vuelta y esos acampados resultan tan anacrónicos como un señor de chistera —por cierto, Antonio, enhorabuena por ese articulazo sobre el artilugio— en un concierto de rock, a no ser que quisiera hacer un chiste, cosa que no creo, pues los tiempos no están para chistes.

Aunque hay de todo entre ellos. Por un lado, están los abuelos que no pudieron estar en el París del 68 y no quieren morirse sin vivir algo parecido. Luego están los jóvenes que habiendo oído hablar del Paris del 68 quieren montarse un revival siguiendo instrucciones de un filósofo jubilado que les ordena indignarse. Siguen los indignados con buenas razones, al no tener trabajo, ni perspectivas, ni ideales. Y por último, están los que no teniendo nada que hacer se apuntan a un bombardeo, encantados de poder continuar sin dar golpe, ahora ya con una «causa». Sin darse cuenta de que el horno no está para bollos.

Puede incluso que no esté ni para pan. Así que la gente pasa de ellos, si es que la dejan pasar, por lo que los evita dando un rodeo, con gran disgusto de los comerciantes del lugar, los grandes perjudicados. Y es que la gente no quiere acampadas, quiere soluciones y lo que discuten esos acampados suena a música celestial. En fin, que se han equivocado de lugar y de fecha. Y como sigan acampados terminarán siendo un estorbo público, si no lo son ya. El 15-M no puede ser el 68-M, no por aquello de Marx «la historia se repite, primero como tragedia, luego como comedia», sino por la simple razón de que todo ha cambiado de 1968 a 2011. Y o se echa uno a la calle a derribar el régimen frente a los tanques, como han hecho los jóvenes árabes, o que se queda uno en casa tocando la guitarra. Lo que no puede hacer es irse a la plaza mayor a pedir que todo siga como antes, que es lo que esos «revolucionarios» piden, porque, sencillamente, ese antes ya no existe.

Tantos años después

Félix Madero en ABC

Días atrás, el sábado, veía en la portada de un periódico la foto del que hasta hace unas horas era alcalde de Getafe, Pedro Castro. El periódico homenajea a un hombre que lleva siendo alcalde 28 años. Sí, repito: 28 años en el mismo sillón, en el mismo despacho, en el mismo consistorio, en las mismas ferias, en las mismas Navidades, en los mismos plenos; veintiocho años mirándose al espejo del despacho, el que devolvía cada mañana en su imagen reflejada la certeza de que la muerte iba haciendo su trabajo. Él no lo sabe, pero ha resucitado.

Donde unos ven motivo para el homenaje yo solo encuentro razones para el desdén y el escándalo. No se me ocurre una sola razón para que alguien, por listo y honrado que sea, deba permanecer seis lustros en el mismo sitio.

Jugando a la revolución

César Vidal en La Razón

He ido contemplando con creciente desazón la manera en que en las últimas semanas desde los más diversos medios se apela a llevar a cabo una revolución desde la calle. La excusa han sido esos ocupantes ilegales de los más diversos lugares públicos cuyo paradigma se encuentra en el poblado de chabolistas a que se han visto reducidas la Puerta del Sol de Madrid o la Plaza de Cataluña en Barcelona. Mientras una maraña de individuos –que va de los antisistema a los que creen en un despertar de la conciencia cósmica pasando por la extrema izquierda ignorante y casposa de toda la vida– se dedica a hundir la economía y la higiene de los que viven en las cercanías de los lugares que tienen la desgracia de verse ocupados, no han faltado las voces que se han dedicado a vocear las consignas más irresponsables y a jugar a la revolución. Es cierto que, por regla general, semejante actividad la han llevado a cabo desde un lugar tan cómodo como el que se encuentra frente las cámaras de una televisión o en la columna de un periódico. Sin embargo, no por ello su conducta resulta menos irresponsable y peligrosa. Que este sistema democrático deja mucho que desear y que necesita algunas reformas urgentes no seré yo quien lo niegue. Estoy convencido de ello y llevo años diciéndolo. Pero una cosa es que se inste a esas reformas de manera legal y a través de las instituciones pertinentes y otra, bien distinta, es que se dediquen a forzar el menor cambio gente a la que nadie ha elegido, que se ha arrogado una autoridad de la que carece y que además quebranta la ley por sistema sin importarle un bledo las consecuencias que eso pueda tener sobre los demás. Pueden vocear lo que quieran e incluso –que no es el caso– acertar, pero su conducta difícilmente podría ser más antidemocrática siquiera porque España no es Egipto ni Túnez ni aquí existe una dictadura islámica aunque, a veces, pueda parecerlo. Una de las grandes desgracias de la Historia de España ha sido la dificultad para que los españoles comprendieran lo que es el imperio de la ley al estilo de, por ejemplo, británicos o norteamericanos. Que esa lamentable conducta se disfrace de indignación no cambia las cosas. Por si fuera poco, los que sueñan con mover el barco para alzarse con el santo y la limosna están dando muestra de una ignorancia histórica palmaria. La Historia de las revoluciones –ingleses y norteamericanos son la excepción– muestra que los que las inician siempre acaban devorados por el proceso que pusieron en marcha. Algunos, como Lafayette o Kérensky, tuvieron suerte y pudieron exiliarse. Sin embargo, Danton y Robespierre; Trotsky y Kámienev acabaron ejecutados. A fin de cuentas, no podía ser de otra manera porque las revoluciones se sabe cuando comienzan, pero no cómo acaban. Si alguien anda fantaseando ahora con el soviet callejero, con la caída de la monarquía – ¡algún majadero llegó a augurarla hace unas semanas porque había elecciones municipales!– con la toma del poder al estilo de la Marcha de Roma mussoliniana es un loco peligroso que pasa por alto una eventualidad más que posible, la de que los mismos espectros que está conjurando lo arrastren por las calles para colgarlo de una farola.

Todo a cien y nada por los cien

Pedro de Tena en Libertad Digital

San Sebastián. Todo a cien o todo por los cien. El "todo a cien" fue el símbolo comercial de lo barato antes que lo bueno y bonito. En política, el "todo a cien" refleja una conducta para la que todo vale con tal de que el partido o la ideología ganen posición o, al menos, la mantengan incluso al margen de los principios y de los valores. Como dice la canción, depende, todo depende. Se vive en estos momentos en San Sebastián, símbolo de lo que ha ocurrido en el País Vasco tras la decisión del Tribunal Constitucional, esa política del todo a cien donde se ha sacrificado todo, muy especialmente, el honor de los asesinados y el dolor de sus familiares. Para que quede claro, en vez de haberlo dado democráticamente todo por los cien asesinados, muertos muchos de ellos consciente y valerosamente por nuestras libertades nacionales, se les ha situado, a ellos y a sus familias, bajo la administración de quienes, cuando menos, aplaudieron su muerte.

Lo que se ha perpetrado es mucho más grave de lo habitualmente se piensa. Matar en España, ya de por sí barato a causa de una legislación más comprensiva con los delincuentes que con sus víctimas –Sandra Palo, Marta del Castillo y otros muchos casos de violencia doméstica o de otros tipos–, es, desde ahora, políticamente rentable en esta democracia agonizante que vivimos. Puede matarse durante 30, 40 ó 50 años y llegar el momento en que los simpatizantes de los asesinos puedan gobernar una ciudad como San Sebastián gracias, sobre todo, a las componendas de partidos donde se cobijan políticas del todo a cien. Y dicen que esto se hace como único camino para conseguir de una vez la pacificación del País Vasco. Si Sofía Martín Garay de Yurrebasu, mi abuela, saliera de su tumba abofetearía a estos insolentes que no sólo hacen lo que hacen sino que pretenden justificarlo intelectualmente.

Lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo es que se va a ir aceptando la infamia de que no importa cuánto se haya matado, a cuántos se haya matado ni cómo ni por qué se haya matado. Lo que importa es que las víctimas no entorpezcan el camino de los amigos de los asesinos. Lamentablemente Borges ya ha muerto, pero esta nueva situación de la democracia suicida que alimentamos cabría perfectamente en su historia universal de la infamia. Me viene a la memoria su "proveedor de iniquidades" que hacía marcas por cada víctima y que, además, era caudillo electoral cobrador de impuestos que tenía estos honorarios: "15 dólares, una oreja arrancada, 19 una pierna rota, 25 un balazo en una pierna, 25 una puñalada, 100 el negocio entero". Bonito mundo este nuestro en España.

Violencia terrorista

Emilio Campmany en Libertad Digital

Lo que hemos visto que ha ocurrido en Elorrio después de haberse constituido su Ayuntamiento es violencia terrorista. El terrorismo es el empleo de la violencia con fines políticos. Los que han zarandeado e insultado a Carlos García, concejal del PP en aquella villa, no lo han hecho para desahogar su ira, satisfacer sus bajos instintos o atender a sus impulsos primarios. Lo han hecho para aterrorizar al concejal con un objetivo político. Y quienes digan que insultar y zarandear no es propiamente violencia, y menos violencia terrorista, porque no es lo mismo que golpear o asesinar, se equivocan.

En Derecho Internacional, la agresión está constituida no sólo por el uso de la violencia, sino también por la amenaza de su empleo. De las dos hubo en Elorrio. ETA, o Batasuna o la izquierda abertzale o Sortu o Bildu, que todo es lo mismo, ejercieron la violencia y amenazaron con el empleo de otra más enérgica contra un concejal del PP. Desde el momento que esta violencia tuvo y tiene un fin político, es terrorismo.

Rubalcaba dice que no le gusta. Eso lo puedo decir yo o los millones de españoles que no tenemos ninguna responsabilidad en el uso que el Estado ha de hacer del monopolio de la violencia del que es titular. Pero si hay alguien que no puede decir tal cosa, es el ministro del Interior. Porque la cuestión no es lo que a Rubalcaba le guste o deje de gustar. La cuestión es que él es responsable de que los españoles, y Carlos García lo es, no tengan que sufrir ni esa ni ninguna otra clase de violencia terrorista. Se equivocan quienes crean que la única víctima es el valiente concejal del PP.

Las víctimas son todos aquellos que, teniendo derecho a presentarse a las elecciones por el PP o el partido que les pete o expresar en público las opiniones que les parezca o proclamar su ideología a los cuatro vientos, no lo hacen por miedo a ser objeto de la violencia que vieron se empleó en Elorrio.

Lo del sábado fue la imagen viva de un fracaso. Del fracaso de Rubalcaba, que hace dejación de sus funciones; de Zapatero, que insiste en hacer concesiones a ETA a cambio de la paz de la que ya disfrutan en Elorrio; del PSOE, que se ha dejado arrastrar hasta aquí; del Tribunal Constitucional, que se ha prestado indignamente a la farsa; del PP, que prefiere vivir en la mentira del pacto antiterrorista antes que afrontar en solitario la responsabilidad de denunciar la permisividad de los otros; y de toda la sociedad española, que hemos votado a unos y a otros.

Vuelve la violencia terrorista al País Vasco y a Zapatero sólo le preocupa llegar vivo a marzo, a Rubalcaba, que el PP no saque mayoría absoluta, a Rajoy, sacarla, y al Rey, que no le planten un pino en la tripa. No creo que merezcamos tanto deshonor e inoperancia.

Los indignos

José García Domínguez en Libertad Digital

La connivencia tácita, la indignidad ante los indignados de la mayoría silenciosa, refleja un rasgo profundo de nuestra psicología nacional. Porque, en el fondo, lo que late tras todo eso no es más que la pervivencia en el tiempo de un poso infantil del carácter ibérico. A saber, el prejuicio que sostiene que los políticos, estos políticos, representan el verdadero problema porque quiere creer que otros distintos supondrían la verdadera solución. El Estado como eterna niñera de la sociedad. Un país entero en la consulta del pediatra. España.

Libertad y fuerza

Carlos Rodríguez Braun en Libertad Digital

Criticó Luis G. Montero a Esperanza Aguirre en Público: "habla de la libertad de los padres para llevar a sus hijos a los centros escolares que deseen. Conviene aclarar que esto no significa que los colegios para niños ricos vayan a ser obligados a recibir alumnos gratuitos". Pero no hay colegios sólo para ricos sino colegios más o menos caros, y en la sociedad libre no se puede obligar a la gente a que dé cosas gratis, salvo en una sola circunstancia clave, que el señor Montero ignora.

Para él, cuando los padres pueden elegir libremente a qué colegio llevan a sus hijos, en realidad no eligen libremente: "La trampa de confundir la libertad con la falta de regulación social sólo sirve para suprimir derechos. Todo huele a programa ideológico y a estrategia para financiar con dinero público a las élites sociales, siempre incómodas con la experiencia democrática". Es notable que la mayor libertad no sea para él un derecho, sino que lo sea la coacción. La libertad es algo ideológico (como si él no tuviera ideología) y siniestro que sirve para pagar con dinero público a la elites antidemocráticas, lo que es falso, porque a las elites les encanta la democracia, precisamente porque la utilizan para usurpar el dinero del pueblo: eso es lo que hacen las elites políticas, sindicales, intelectuales, mediáticas y empresariales. A quienes nadie pregunta si quieren pagar o no es a los ciudadanos.

Esta es la visión que tiene el señor Montero sobre la libertad ciudadana: "Esperanza Aguirre es coherente con su idea de la libertad: sálvese quien pueda en la ley del más fuerte. Frente a su neoliberalismo desatado, conviene recordar la dimensión social de la palabra libertad, sus orígenes cívicos en un contrato de convivencia. Es otra idea de libertad que tiene que ver con los espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales".

Aquí tenemos la circunstancia clave que don Luis ignora: la libertad no es la ley del más fuerte, puesto que en la sociedad libre, en el mercado libre, podemos elegir qué cosa queremos comprar, y si no compramos, no pagamos y no pasa nada. ¿Cuándo se impone esa ley del más fuerte? ¿Cuándo los ciudadanos son efectivamente obligados a pagar contra su voluntad por unos bienes y servicios independientemente de que quieran hacerlo o no? ¿Quién puede obligar a los ciudadanos a pagar e incluso meterlos en la cárcel si no pagan? Sólo el Estado, claro.

Don Luis ignora el carácter esencialmente coactivo del Estado: para él lo malo es el "neoliberalismo desatado" de "la ley del más fuerte", sin que parezca percibir que nadie es más fuerte que quien es fuerte por ley. Por eso se pierde en vaguedades como "un contrato de convivencia", que remite al viejo contrato social, y que jamás ha podido resolver un problema que los contratos resuelven por definición: siempre es posible no firmarlos. Y al final concluye con esa deliciosa apelación a los "espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales". Con consignas abnegadas de este tenor, el socialismo en todas sus variantes lleva aplicando la ley del más fuerte y quebrantando vidas, derechos, libertades y haciendas desde hace un siglo.

Siniestro panorama

Gracias a las miembras y miembros progresistas y progresistos del Tribunal Constitucional, Bildu se ha hecho con el gobierno de muchos, siempre demasiados ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián. Los "indignados" han protestado... en Vitoria. Y en todo el "Estao". Pero sólo contra los alcaldes del PP, demostrando una vez más que están en contra del bipartidismo. Prefieren el partido único.

España...