Con una contumacia que entra ya directamente en el terreno de lo delictivo, el Gobierno de Zapatero se niega siquiera a denunciar a un país que agrede a los ciudadanos de un territorio sobre el que, en contra de lo que afirman los socialistas de todo pelaje repitiendo la consigna promarroquí, España sí tiene una clarísima responsabilidad en tanto nación comisionada por la ONU para hacer cumplir su mandato descolonizador.
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Si el Presidente del Gobierno u otras altas instituciones tienen algún peaje que pagar al sátrapa norteafricano es su problema. Que encuentren algún otro modo de agradecer lo que hayan recibido de aquél régimen, pero, por dignidad, que terminen ya de mercadear con la sangre de unas personas que, hasta hace muy poco, eran tan españoles como Zapatero y su ministra de exteriores.
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