jueves, 26 de febrero de 2009
miércoles, 25 de febrero de 2009
La inútil y dañina lucha contra el P2P
Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital
Si en algo insistimos frecuentemente los liberales es que el Gobierno debería procurar limitarse a sus funciones esenciales, esto es, la seguridad y la justicia; algunos incluso consideran que éstas podrían llevarlas a cabo empresas privadas. Pero al margen de esa discusión, a día de hoy puramente académica, lo que sí parece claro es que cuanto más abarque el Gobierno, más desatenderá aquello que le da razón de ser, la causa última de su existencia. De modo que tenemos embajadas regionales pagadas con dinero de los impuestos, pero los delincuentes campan a sus anchas y los procesos tardan años en dirimirse en los tribunales.
Un ejemplo bien claro de todo esto lo estamos viendo en internet. Tras largos años de preocupación por lo que la lucha contra el terrorismo podría hacerle a nuestras libertades y nuestra intimidad en la red, es la acción de un lobby la que más daño les está haciendo. Su último éxito es Irlanda, donde ha logrado que las operadoras se plieguen a sus intereses bajo la amenaza de obligarlas por la vía judicial. Ya no será un sistema de tres avisos, sino sólo de dos. Las discográficas ya han amenazado a la competencia, y es de esperar que ésta no tarde en unirse al acuerdo.
Aquí, en España, los rumores de un acuerdo entre Redtel y la SGAE son cada vez más insistentes. Sería un pacto evidentemente forzado por la amenaza latente de que el Gobierno de los titiriteros, aun prefiriendo no asomar demasiado la cabeza en este asunto, asumiría su responsabilidad para con los suyos si fuera necesario. Así, no sería de extrañar que en breve se anuncie un sistema similar al adoptado en cada vez más países de Europa.
Y, aún así, no constituiría más que un pequeño bache para los internautas que sería solventado con la misma facilidad con que lo fue el cierre de Napster. Las últimas estadísticas muestran que el P2P se ha estancado debido al creciente auge de los servicios de descarga directa como Megaupload o Rapidshare y también a que parte de los contenidos que antes se buscaban en las redes de pares ahora están disponibles en la web de forma gratuita en forma de streaming, es decir, que se pueden ver pero no descargar. Para que luego digan que es imposible competir con lo gratis. Muchos usuarios parecen dispuestos a tragarse anuncios a cambio de la comodidad y facilidad de uso de estos servicios.
Además, el ataque contra las redes P2P lo único que conseguirá es que los usuarios pasen a alternativas que cifren los datos y "engañen" a las operadoras mediante la llamada ofuscación de protocolo, que hace ver que en lugar de bajarnos una peli porno por BitTorrent estamos leyendo El País.com, tarea tan progresista que sin duda hará pensar a las operadoras que estamos con Teddy y no somos de temer.
¿La vida seguirá igual, entonces? Bueno, para los lobbys sí. Después de intentarlo todo seguirán necesitando cambiar la manera en que se explotan los contenidos musicales y audiovisuales, algo que deberían haber hecho hace una década, cuando aún no estábamos acostumbrados a no pagar por nada. Pero no seguirá igual para internet. Las operadoras tendrán no sólo el permiso sino la obligación de husmear en nuestro tráfico. La relativa intimidad y anonimato del que disfrutábamos en internet habrá acabado. Parece un precio demasiado alto para no lograr absolutamente nada a cambio.
martes, 24 de febrero de 2009
lunes, 23 de febrero de 2009
Morir antes de nacer
21 de febrero de 2009
A nadie en su sano juicio se le ocurriría proponer la despenalización del infanticidio. Nadie con la cabeza en su sitio se atrevería a defender el derecho de la mujer a deshacerse de su hijo recién nacido antes de que cumpla, por ejemplo, un mes. Sin embargo, millones de personas ven de lo más natural hablar del "derecho al aborto" y legislar para que quede simplemente al libre albedrío de la mujer embarazada, el continuar o no con la gestación dentro de unos plazos determinados.
El aborto no es más que una forma de infanticidio, desde un punto de vista moral. Ya pueden decir lo que quieran la ciencia, los políticos o las religiones. Un embrión es un ser vivo que crece y se desarrolla desde el instante mismo de la fecundación. Como tal ser vivo, no es propiedad de la madre ni del padre, menos aún del Estado o de Dios. Y un feto, por pequeño que sea, no se diferencia en gran cosa de un recién nacido excepto en su tamaño o en el hecho de estar dentro o fuera del vientre de su madre.
Si matar a un niño es el crimen más horrendo que se pueda imaginar, ¿qué se puede decir del acto de extraer a un embrión o un feto del vientre de la madre para impedir su desarrollo y nacimiento? ¿No es eso matar? Yo diría que sí. Y con esto no pretendo que se encarcele a las mujeres que abortan. No estoy hablando de leyes ni de castigos, sino de la necesidad de tomar conciencia de lo que el aborto significa.
Más de cien mil infanticidios por la vía del aborto se cometen cada año en España. No sé cuántos millones, en el mundo. Una sociedad que tolera, permite o facilita tamaña carnicería es una sociedad llena de Herodes, por acción u omisión. Todos somos Herodes. El llanto de los sacrificados no cesará en nuestras conciencias. La sangre de los no nacidos acabará por ahogarnos.
A nadie en su sano juicio se le ocurriría proponer la despenalización del infanticidio. Nadie con la cabeza en su sitio se atrevería a defender el derecho de la mujer a deshacerse de su hijo recién nacido antes de que cumpla, por ejemplo, un mes. Sin embargo, millones de personas ven de lo más natural hablar del "derecho al aborto" y legislar para que quede simplemente al libre albedrío de la mujer embarazada, el continuar o no con la gestación dentro de unos plazos determinados.
El aborto no es más que una forma de infanticidio, desde un punto de vista moral. Ya pueden decir lo que quieran la ciencia, los políticos o las religiones. Un embrión es un ser vivo que crece y se desarrolla desde el instante mismo de la fecundación. Como tal ser vivo, no es propiedad de la madre ni del padre, menos aún del Estado o de Dios. Y un feto, por pequeño que sea, no se diferencia en gran cosa de un recién nacido excepto en su tamaño o en el hecho de estar dentro o fuera del vientre de su madre.
Si matar a un niño es el crimen más horrendo que se pueda imaginar, ¿qué se puede decir del acto de extraer a un embrión o un feto del vientre de la madre para impedir su desarrollo y nacimiento? ¿No es eso matar? Yo diría que sí. Y con esto no pretendo que se encarcele a las mujeres que abortan. No estoy hablando de leyes ni de castigos, sino de la necesidad de tomar conciencia de lo que el aborto significa.
Más de cien mil infanticidios por la vía del aborto se cometen cada año en España. No sé cuántos millones, en el mundo. Una sociedad que tolera, permite o facilita tamaña carnicería es una sociedad llena de Herodes, por acción u omisión. Todos somos Herodes. El llanto de los sacrificados no cesará en nuestras conciencias. La sangre de los no nacidos acabará por ahogarnos.
domingo, 22 de febrero de 2009
sábado, 21 de febrero de 2009
Intimidaciones
¿Hay algo que intimide más que un presidente del Gobierno diciendo: "No vamos a consentir..."?
Zapatero, al PP: "No vamos a consentir que se intimide a los jueces"
Zapatero, al PP: "No vamos a consentir que se intimide a los jueces"
Cuando los burócratas se pelean
Antonio José Chinchetru en Libertad Digital
Lo bueno de los burócratas y de sus jefes políticos es que en ocasiones no se dan cuenta de las armas de control que poseen. Lo malo es que, antes o después, terminan por verlo y las utilizan. O al menos lo hacen si quienes están en un organismo diferente al suyo pero con competencias similares no se lo impide. El intento de unas partes de la Administración Pública por meterse en el campo de acción de otras puede derivar en una pelea de la que, en ocasiones, salen beneficiados los ciudadanos. Y así ha ocurrido con la televisión por internet.
Hace unos años, de escondidas y sin que casi nadie se diera cuenta, el Ministerio de Industria se otorgó a sí mismo la capacidad de conceder o denegar licencias de retransmisión televisiva en páginas web. Lo hizo a través de ocho aparentemente inocentes palabras incluidas en un reglamento: "con independencia de la forma de acceso previo". Por algún extraño motivo no han utilizado hasta ahora dicho poder, pero no debe descartarse que pretendieran hacerlo en el futuro. De hecho, casi seguro que antes o después lo habrían empleado para impedir la transmisión on line de contenidos incómodos para el poder político.
Por fortuna, alguien llevó ante los tribunales este artículo y el Supremo ha eliminado del reglamento las ocho palabras en cuestión. Quien se dio cuenta no fueron otros que unos burócratas diferentes, igual de celosos por su capacidad de control y tan ansiosos por poder intervenir en la sociedad como los del Ministerio de Industria: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La reclamación de la CMT, no nos engañemos, no está causada por una repentina preocupación por la libertad de expresión o una inesperada conversión al rechazo al intervencionismo administrativo en la sociedad. En absoluto. Se trata de una mera lucha de poder entre organismos de la Administración de la que, sin que seguramente ninguno de ellos lo previera, quienes han salido beneficiados son los ciudadanos.
Tal como estaba redactado el reglamento del Ministerio de Industria, cualquier página que incluyera vídeos –desde YouTube al videoblog– de un particular podría necesitar la autorización de dicho departamento para funcionar. Ahora, gracias a los celos de los responsables de la CMT, no va a ser así. Al menos por el momento, puesto que no se debe descartar que se prepare una nueva legislación en ese sentido en la que se equipare a las web con contenidos audiovisuales a las televisiones por cable. De hecho, dicha norma podría ser promovida tanto a nivel ministerial como desde la propia comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
La CMT no está en contra de las licencias, puesto que éstas justifican la existencia de dicho organismo. En su reclamación no pedía, por ejemplo, que no hiciera falta autorización para emitir televisión por cable. Al contrario, reclamaba ser ella quien las gestionara cuando la cadena en cuestión tuviera una difusión mayor un territorio que el de una comunidad autónoma (algo que no le ha concedido el Tribunal Supremo). Es cierto que con la web no puede agarrarse la Administración a la mala excusa de los límites del espacio radioeléctrico, pero tampoco lo pueden hacer con la televisión por cable y sin embargo el Ministerio de Industria es el encargado de conceder licencias para este tipo de emisiones. En este caso los ciudadanos hemos salido ganando de la pelea entre burócratas, pero no siempre ocurre así.viernes, 20 de febrero de 2009
España necesita una dama de hierro
Álvaro Vermoet Hidalgo en Libertad Digital
Libertad Digital ha publicado algo tan escandaloso como poco sorprendente: la Junta de Andalucía viene subvencionando de forma directa a CCOO y UGT con unos 265 millones de euros, euro arriba euro abajo, y a la patronal CEA con otros 160 kilos. Y además sin cortarse un pelo pues no se trata de subvenciones para proyectos que hayan "ganado" estos sindicatos, sino subvenciones que llevan el nombre del adjudicado en el propio título de la convocatoria. Escandaloso, ¿no? Pues resulta que además de las subvenciones directas están las indirectas; que aparte de a la Junta de Andalucía tenemos a las otras dieciséis taifas subvencionadores de las respectivas agrupaciones autonómicas de los sindicatos; que luego están los tropecientos ministerios subvencionadores de las diversas federaciones sectoriales de los sindicatos (enseñanza, función pública, mujer, juventud...); la Comunidad Europea y los ayuntamientos. Y nada de esto incluye la financiación de sus congresos, las dietas de sus representantes, las sedes cedidas gratuitamente y los sueldos de los liberados sindicales para disfrazarse de médicos y agredir a los políticos del Partido Popular.
Paseando la otra noche por Madrid, me topé con el modesto pisito que hace de sede de la SGAE. Y al pensar en el palacete de los artistas subvencionados, en las subvenciones a los sindicatos y a las patronales, en los miles de Consejos Escolares, Consejos de la Juventud, Consejos de Participación, Consejos de la Mujer y no sé cuántos mil homólogos (todos ellos subvencionados como tales y en los que no falta la presencia, previo cobro de cuantiosas dietas, de los representantes de los sindicatos, que a su vez cobran como liberados), me vino a la cabeza una frase de Margaret Thatcher, "What Britain needs is an iron lady".
Han pasado treinta años y la herencia de Thatcher sigue presente en la política británica, tanto entre los conservadores como en el nuevo laborismo, que si bien es cierto que empieza a alejarse de la herencia de Blair también es verdad que es más liberal que muchas derechas de la Europa continental. Y los todopoderosos sindicatos que tenían paralizada la vida económica inglesa nunca recuperaron semejante protagonismo, entre otros, en el sector de la enseñanza.
Como en España el papel de lobby lo absorbe prácticamente por completo el separatismo, tanto dentro como fuera de los partidos nacionales, no sé si mandan tanto los sindicatos como en la Inglaterra de los años 70, pero sí sé que se han convertido en auténticos ministerios (y auténticas consejerías y concejalías). Los contribuyentes españoles no pueden seguir soportando la carga de tener que financiar 17 Estaditos con delirios de grandeza (embajaditas, parlamentitos, televisioncitas autonómicas, cochazos oficiales, y tal) y un Estado gobernado por la progresía más demagoga que se dedica a crear ministerios inútiles (Vivienda, Igualdad, Innovación...), observatorios inútiles, leyes inútiles (como la de Igualdad), asignaturas inútiles en las escuelas y, en resumen, a despilfarrar de forma escandalosa el dinero público de todos los españoles. Y si a eso le añadimos el subvencionar a estos sindicatos y a estas patronales de tamaño equivalente a los Gobiernos limitados del mundo anglosajón, la conclusión sólo puede ser una: lo que necesita España es una dama de hierro.
Libertad Digital ha publicado algo tan escandaloso como poco sorprendente: la Junta de Andalucía viene subvencionando de forma directa a CCOO y UGT con unos 265 millones de euros, euro arriba euro abajo, y a la patronal CEA con otros 160 kilos. Y además sin cortarse un pelo pues no se trata de subvenciones para proyectos que hayan "ganado" estos sindicatos, sino subvenciones que llevan el nombre del adjudicado en el propio título de la convocatoria. Escandaloso, ¿no? Pues resulta que además de las subvenciones directas están las indirectas; que aparte de a la Junta de Andalucía tenemos a las otras dieciséis taifas subvencionadores de las respectivas agrupaciones autonómicas de los sindicatos; que luego están los tropecientos ministerios subvencionadores de las diversas federaciones sectoriales de los sindicatos (enseñanza, función pública, mujer, juventud...); la Comunidad Europea y los ayuntamientos. Y nada de esto incluye la financiación de sus congresos, las dietas de sus representantes, las sedes cedidas gratuitamente y los sueldos de los liberados sindicales para disfrazarse de médicos y agredir a los políticos del Partido Popular.
Paseando la otra noche por Madrid, me topé con el modesto pisito que hace de sede de la SGAE. Y al pensar en el palacete de los artistas subvencionados, en las subvenciones a los sindicatos y a las patronales, en los miles de Consejos Escolares, Consejos de la Juventud, Consejos de Participación, Consejos de la Mujer y no sé cuántos mil homólogos (todos ellos subvencionados como tales y en los que no falta la presencia, previo cobro de cuantiosas dietas, de los representantes de los sindicatos, que a su vez cobran como liberados), me vino a la cabeza una frase de Margaret Thatcher, "What Britain needs is an iron lady".
Han pasado treinta años y la herencia de Thatcher sigue presente en la política británica, tanto entre los conservadores como en el nuevo laborismo, que si bien es cierto que empieza a alejarse de la herencia de Blair también es verdad que es más liberal que muchas derechas de la Europa continental. Y los todopoderosos sindicatos que tenían paralizada la vida económica inglesa nunca recuperaron semejante protagonismo, entre otros, en el sector de la enseñanza.
Como en España el papel de lobby lo absorbe prácticamente por completo el separatismo, tanto dentro como fuera de los partidos nacionales, no sé si mandan tanto los sindicatos como en la Inglaterra de los años 70, pero sí sé que se han convertido en auténticos ministerios (y auténticas consejerías y concejalías). Los contribuyentes españoles no pueden seguir soportando la carga de tener que financiar 17 Estaditos con delirios de grandeza (embajaditas, parlamentitos, televisioncitas autonómicas, cochazos oficiales, y tal) y un Estado gobernado por la progresía más demagoga que se dedica a crear ministerios inútiles (Vivienda, Igualdad, Innovación...), observatorios inútiles, leyes inútiles (como la de Igualdad), asignaturas inútiles en las escuelas y, en resumen, a despilfarrar de forma escandalosa el dinero público de todos los españoles. Y si a eso le añadimos el subvencionar a estos sindicatos y a estas patronales de tamaño equivalente a los Gobiernos limitados del mundo anglosajón, la conclusión sólo puede ser una: lo que necesita España es una dama de hierro.
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