Ignacio Moncada en Libertad Digital
Los corsarios de hoy, como antaño, son los que nos quitan el dinero para su provecho bajo el amparo del Gobierno, alegando que se les acaba su antiguo negocio. La patente de corso toma forma de canon digital, de subvenciones con dinero público o de este intento de control político de la red.
Clemente Polo en Libertad Digital
La memoria histórica del Sr. Companys se recupera investigando con seriedad el papel que desempeñó en la gobernación y el desgobierno de Cataluña y aclarando las responsabilidades en que incurrió por su desleal comportamiento hacia la República, haciendo, junto con otros líderes, "todo lo necesario (y bastante más de lo necesario), para aumentar temerariamente la importancia de la región en los problemas de la guerra", como reconocía el Sr. Azaña.
Cristina Losada en Libertad Digital
Una desconocía que un colegio pueda expedir dictámenes de fanatismo sobre los padres de los alumnos con mayor premura que certificados de estudios. Pero ahí tenemos su definición, precisa y clara como el agua: fanática es la persona convencida de que, en un centro escolar español, su hijo tiene derecho a hacer en español los exámenes.
José García Domínguez en Libertad Digital
La deserción de los presidentes autonómicos del PP en el homenaje a la Constitución ha constituido un acto de estricto gamberrismo institucional; una grosería incivil que aún invita a mayor sonrojo por el obvio contraste con la actitud de José Montilla y del lehendakari.
El estatuto no sólo deja en un residuo el Estado en Cataluña, es decir, deja en un residuo la unidad de España, como se jactaba Maragall, sino que va más allá, inventa una nueva nación, es decir, una nueva soberanía, idea que implícitamente se ha trasladado a los estatutos valenciano y balear, con gobiernos del PP, y explícitamente al de Andalucía (aquí, acompañada de irrisorias loas a España), con Gobierno del PSOE y apoyo del PP.
Ignacio Cosidó en Libertad Digital
Poco tiempo después de llegar a La Moncloa, Zapatero declaró que en seis meses solucionaría el histórico contencioso del Sahara Occidental. Seis años después, el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario continúa enquistado, pero Zapatero ha culminado su traición a la causa saharaui.
El Gobierno tiene ahora dos patatas calientes en la mano de las que no podrá deshacerse si no da una respuesta enérgica y sin ambigüedades. Y no se trata de enseñar los dientes, sino de delimitar la soberanía española y de no admitir el más mínimo menoscabo de ella. Sobre el papel parece sencillo, la realidad con Zapatero, rendido al pacifismo inane que es la marca de la casa socialista, será muy distinta y probablemente seamos durante mucho tiempo más el hazmerreír de Europa entera.
No hay hoy más que un adversario religioso a la autonomía democrática de lo político: el Islam. Frente a una religión que deslegitima cualquier forma laica de Estado, católicos y no creyentes tienen un envite común: la laicidad; o sea, la democracia.
Misteriosamente, la labor que desempeñan las bibliotecas, supervisada por el dominio, se engloba en la difusa categoría de «democratización de la cultura»; en cambio, la labor que desempeñan los internautas es calificada de «crimen», tan pavoroso que justifica que nuestras navegaciones por internet sean «supervisadas» y nuestras conexiones interrumpidas, si el dominio descubre que estamos compartiendo con otro internauta una canción o una película.
La perversión del actual modelo de enseñanza pública permite que un órgano político central, en este caso a instancias de un grupo antisistema como ERC, decida qué tipo de educación deben recibir los niños españoles con el dinero de sus padres, a los que se arrebata el derecho básico de decidir en esta materia. Esta es la ampliación de derechos que Zapatero prometía llevar a la práctica como eje de su legislatura, otro eufemismo más para encubrir la pulsión totalitaria consustancial al socialismo.
José Jiménez Lozano en La Razón
Ni el Príncipe K. ni Custine conocieron, ciertamente, las siniestras gobernaciones, precedidas y mantenidas por los más perfectos lavados de cerebro; ni tampoco las prácticas ulteriores de las democracias mismas que se parecen, cada vez más frecuentemente, a todo eso como un huevo a otro huevo.
La Constitución incluyó un sistema autonómico no porque la mayoría de los españoles lo deseara, sino para intentar, ingenua y noblemente, integrar a ETA y a los pocos nacionalistas vascos –catalanes había todavía menos– en la nueva democracia. De no haber sido así, hubiéramos seguido un saludable modelo jacobino con una prudente y eficaz descentralización y nos hubiéramos ahorrado mucho dinero y no menos disgustos.
Hace una semana, a alguien se le ocurrió promover que todos los periódicos que recibían subvención del Gobierno autonómico publicaran el mismo editorial. No pensó que ese modelo ya estaba probado por el Pravda de la prensa soviética o el Diario Hablado de la radio nacional franquista.
Nueve detenidos por condenar a muerte a una mujer en Reus
¡Por adulterio! Si es que está claro que lo que más necesita Estepaís es retirar los crucifijos de las escuelas.
Pablo Molina en Libertad Digital
En la sociedad actual sólo se produce un escándalo mayúsculo cuando el protagonista no es de izquierdas o el asunto concreto no está incluido en la agenda progresista. En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.
De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.
Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.
En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.
No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.
Antonio José Chinchetru en Libertad Digital
La ministra González-Sinde ha sido derrotada en su intento de colar de rondón la creación de una comisión del Ministerio de Cultura que pudiera cerrar sin intervención judicial páginas web por supuesta violación de derechos de autor. Ese iba a ser, por lo que parece, el famoso modelo español para combatir las denominadas descargas ilegales por internet. Sin embargo, ¿es eso cierto? No del todo.
El problema del anterior planteamiento es que no identifica de forma correcta a los actores. Por mucho que Rodríguez Zapatero haya salido a desautorizar a su ministra de Cultura, no es creíble que él no supiera de la inclusión de la famosa cláusula. Para empezar, el propio jefe del Ejecutivo había anunciado a bombo y platillo, y como para mayor gloria de él mismo, el proyecto de ley en cuestión. ¿Acaso haría algo así si no conociera su contenido? Una respuesta positiva a esta última pregunta sería como para ponerse a temblar al implicar una gran irresponsabilidad por parte del inquilino de La Moncloa.
Pero no queda ahí la cosa. Aunque muchos parezcan haberlo olvidado, la polémica medida había sido incluida en un proyecto de ley de un ministerio diferente al de González-Sinde. En concreto, el texto entra dentro del ámbito de responsabilidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Resultaría extraño que Elena Salgado no informara a su jefe de la inclusión de contenidos procedentes de otro departamento. Si hubiera actuado de esa manera, Zapatero debería plantearse muy en serio su inmediata destitución.
Recordemos además que no es la primera vez que desde un Gobierno presidido por Zapatero se intenta sacar adelante una medida así. Los borradores del proyecto de la LISI, con la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, eran todavía peores. Llegaban a incluir a las entidades de gestión de derechos de autor entre las "autoridades competentes" para cerrar páginas web. Y en aquel entonces la ministra de Cultura era Carmen Calvo, no Ángeles González-Sinde. Quien sí ocupaba su cargo actual era el jefe del Ejecutivo. Esto suena a reincidencia.
Rodríguez Zapatero ha mostrado una gran cintura política. Se intenta colar de rondón una medida tan impopular como violadora de derechos fundamentales en una norma en la que nadie se la espera. Cuando se descubre, quien da en principio la cara es la más impopular de todos los ministros, González-Sinde. No le queda más remedio que convocar una reunión a un grupo de periodistas on line, blogueros y empresarios de internet (que, como ellos mismos recuerdan, acudieron a título propio y no como representantes de nadie). El encuentro fue, por lo que contaron los asistentes, de todo menos agradable e incluyó el intento de comprar voluntades.
El escenario estaba listo para que se focalizara en la ministra de Cultura el enfado de miles de ciudadanos y Zapatero pudiera vender su inocencia. No nos engañemos, es posible que en el futuro vuelvan a intentarlo, con Sinde o sin ella. El presidente encontrará a quien culpar si las cosas vuelven a salirle mal.
