No existe en España soporte institucional de la división de poderes, desde que la Ley Orgánica de Felipe González puso en manos de los partidos la designación del Consejo General del Poder judicial y, con ella, la promoción profesional de los jueces. Garzón es la caricatura de lo que esa certeza desencadena. Que un juez intervenga las comunicaciones entre abogado y defendido, no sólo es un delito; es la destrucción del procedimiento judicial. La Albania de Hoxha lo hizo en modo más directo: puesto que el Estado socialista velaba por el bien y defensa del ciudadano, los abogados eran innecesarios; fueron abolidos. Violar la confidencialidad entre defensor y cliente es lo mismo. En más cínico. En el secreto de la comunicación con su abogado, el cliente debe contar todo: sobre eso reposa su relación. Si eso que cuenta es accesible al juez, ¿para qué el juicio? Gürtel puede poner a este país ante un dilema trágico: anular el procedimiento contra sujetos muy verosímilmente culpables, además de moral y estéticamente repulsivos... O... ¿O qué? ¿Juzgar y condenar sobre una instrucción viciada, que cualquier tribunal internacional -Estrasburgo, sin ir más lejos- declarará nula?
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