Aunque los fundadores de Libertad Digital se enfrentaron a la dictadura en tiempos en que Jiménez Villarejo ejercía de fiscal del régimen franquista, en un Estado de Derecho lo único que puede limitar los derechos de los ciudadanos, incluidos los falangistas y su derecho de apelar a los tribunales, es la ley. Y es precisamente la ley lo que Garzón se saltó a la torera cuando pretendió ignorar sus competencias jurisdiccionales, la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, los plazos de prescripción de nuestro Código Penal o la vigente Ley de Aministía de 1977 que le impedían abrir su delirante causa penal contra el franquismo. También lo hizo con ley que le impedía gravar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gurtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.
miércoles, 14 de abril de 2010
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