Negarle a Israel todo derecho de defensa frente a quienes quieren aniquilarlo supone no reconocerlo como una democracia capaz de detectar y castigar la eventual antijuridicidad de sus acciones defensivas o, aún peor, pedirle directamente que deje de defenderse y se suicide, algo que de nuevo los valientes gobiernos occidentales no se atreverían siquiera a sugerirle a ninguno de los regímenes más despóticos de la zona. Bien está, pues, que el Gobierno israelí se haya negado a someter su derecho soberano a la defensa a una comisión de investigación "independiente" dentro de esas Naciones Unidas tan prestas a aceptar a dictadores y asesinos como legítimos representantes de los pueblos a los que someten; las mismas Naciones Unidas, no lo olvidemos, que en un gesto de máxima infamia definieron en 1975 (en la resolución 3379) al sionismo como una "forma de racismo y de discriminación racial".
lunes, 7 de junio de 2010
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