El Gobierno se niega a reconocer el problema de los controladores aéreos como un conflicto laboral y prefiere introducir el debate político por el atolladero judicial, con la Fiscalía anunciando penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición. Nadie osará defender, ni siquiera matizar con atenuantes, el plante de los supuestos responsables del control del tráfico aéreo en nuestro país que, de una manera indirecta, han facilitado que el presidente se suba al pedestal de la necesidad para convertir en virtud los defectos de su nefasta gestión.
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