Las cifras de creación de empleo en España en la última década, analizadas por Alberto Recarte en su último estudio, explican muchos de los males de nuestro país al margen de que haya tenido la desgracia de padecer en el último tramo a un presidente como Zapatero. Si la mitad del empleo que se crea en España procede del sector público, lo raro no es que estemos tardando demasiado en salir de la crisis, sino que a estas alturas de siglo aún no hayamos entrado en bancarrota.
Esta hiperinflación del funcionariado es fruto en gran parte de la creación de las comunidades autónomas, entes ficticios salidos del caletre de los padres constitucionales que sólo han traído desgracias a los ciudadanos que hemos de padecerlos, por más que los discursos oficiales, desde el Rey hasta el último concejal de aldea, comiencen con la fórmula canónica de la exaltación de las virtudes de la Gloriosa Transición Española y los grandes beneficios que hemos recibido todos los españoles gracias al estado autonómico.
Somos un país pobre y poco poblado que no puede permitirse tener a la sexta parte de su población en edad de trabajar cobrando del erario público a cambio de hacer no se sabe qué y percibiendo en total más de cien mil millones de euros anuales. La llegada de las autonomías supuso la creación de más de un millón de nuevos funcionarios en el lapso de unos pocos años y la tendencia está muy lejos de reducirse, a pesar de que las crecientes dificultades financieras de la administración pública española justificarían sobradamente un recorte importante en el número de empleados públicos a imagen y semejanza de lo ocurrido en otros países.
El español que acaba sus estudios, un porcentaje también cada vez menor por culpa del fracaso escolar de la LOGSE y sus secuelas, prefiere mayoritariamente aprobar unas oposiciones antes que emprender un negocio para explotar sus conocimientos y su talento. Todos funcionarios, desde el limpiabotas hasta el catedrático de física de partículas, como querían las madres de la España rural de los años setenta del siglo pasado, si bien ellas tenían al menos la disculpa de querer preservar a sus hijos de los rigores del campo. Ahora quieren evitarles el sofoco de enfrentarse a la vida y prefieren que se queden en casa hasta que los cuarenta años aprueben las oposiciones de celador. Excepto si vives en Andalucía y tienes un familiar en "la Pesoe", claro, en cuyo caso a los dieciocho años ya tienes un sueldo oficial.
No tenemos remedio, pero mientras nos sigan prestando dinero en el exterior el Gobierno y la oposición van a seguir alimentando esa máquina de triturar el dinero ajeno que es el Estado autonómico convocando oposiciones, concursos y plazas de libre designación. Para que luego digan que los políticos españoles no saben cómo se crean los puestos de trabajo.
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