Hay un párrafo que merece pasar a la historia de la infamia parlamentaria española. En pocas palabras, los senadores de todos los grupos del Senado, menos el PP, han rechazado una moción por el simple hecho de que el previsible desarrollo de la votación había sido comentado y debatido por los ciudadanos en las redes sociales. Las frases en cuestión son las que siguen (el entrecomillado es nuestro):
Buenos días, senadores. Nuestro grupo, estando de acuerdo con el derecho del principio de neutralidad de la red y con la exposición de motivos de esta moción, "votará en contra de la misma porque factores externos que degradan la imagen y el trabajo de esta Cámara" nos han impulsado a ello, comprometiéndonos, eso sí, en el próximo Pleno a la presentación conjunta de una moción en el mismo sentido e invitando al proponente y a su grupo a unirse a ella.
Ahora resulta que, para esos partidos, el hecho de que los ciudadanos utilicen la red para vigilar y comentar la actividad parlamentaria supone una degradación de la imagen y el trabajo de la Cámara Baja. Si a los diputados les molesta recibir correos electrónicos de los españoles, a muchos senadores les fastidia que "el populacho" tenga derecho a hablar sobre su actividad. Los encargados de leer el párrafo en cuestión han sido Narvay Quintero (Coalición Canaria, como Grupo Mixto), Miren Lore Leanizbarrutia (PNV), Ramón Alturo (CiU), Josep María Esquerda (ERC, por Entesa Catalana de Progrés) y Raquel Miriam Andrés (PSOE).
Todos ellos se han convertido en los portavoces de la ignominia a los españoles. Ellos, en nombre de sus grupos parlamentarios, han venido a decir que los ciudadanos no tenemos derecho a opinar sobre su actividad más que una vez cada cuatro años. Y no es cierto. En su prepotencia se olvidan de que, en una democracia representativa, el representante tiene que escuchar al representado constantemente. Lejos de degradar su imagen o trabajo, o suponer una injerencia "inaceptable" y una "falta de respeto" al Senado (Esquerda dixit), el debate social sobre la actividad parlamentaria la enriquece y debe ser algo inherente a la existencia misma de las Cámaras.
Gracias a internet, con herramientas como el correo electrónico o las redes sociales, ese diálogo entre legisladores y ciudadanos puede ser más fluido y transparente. Que cientos de usuarios de Twitter expresen su opinión sobre una votación no implica que representen a los españoles en su conjunto, pero tampoco supone una injerencia en el trabajo del Senado. Son, nada más y nada menos, que voces que deben ser escuchadas junto a muchas otras. Pero claro, para ser escuchadas su existencia tiene que ser conocida.
Al tiempo que la senadora Andrés utilizaba el debate en Twitter como excusa para rechazar la moción del PP, otros senadores socialistas respondían diciendo "no, no, no" cuando el portavoz popular planteaba si conocían dicha red social. Resulta tremendo que quienes aprueban leyes y otro tipo de normas tengan un desconocimiento tan profundo de las cuestiones sobre las que legislan. Les molesta internet porque permite que los ciudadanos les controlen y expresen sus opiniones, eso parece ser lo único que les importa de la red. Y de ahí que siempre exista la tentación de intentar controlarla.
