sábado, 18 de abril de 2009
Puritanismo censor progresista
La Confederación Galega de APAs de Centros Públicos (Confapa) es una organización de padres muy "progresista". Lo es tanto que aparece en el listado de miembros de la Plataforma Nunca Mais y colabora con, entre otras, la Fundación Mujeres, una organización "no gubernamental" que tiene como presidenta de honor a una ex diputada socialista y un patronato plagado de miembros (o miembras, Bibiana Aído dixit) del Grupo Parlamentario Socialista. Ser tan progre tiene una ventaja: se puede defender la censura por motivos morales sin ser tachado de carca o inquisidor.
Una cosa curiosa de los progres es que en pocos años han cambiado de forma radical su discurso sobre la moral. Han pasado de defender la quema de sujetadores y la chica de los limones salvajes del Caribe como ejemplos de la liberación de las mujeres a condenar la muestra de carne femenina por machista y reaccionaria. Si para la izquierda antes era una cosa perversa que existieran clasificaciones por edad para todo tipo de contenidos, ahora lo realmente moderno es impedir que los niños puedan ver imágenes violentas o con carga sexual. Y claro, como buenos intervencionistas de izquierdas, los señores de Confapa defienden que el Estado se encargue de eso cuando atañe a internet.
La "progresista" organización gallega de Asociaciones de Padres de Alumnos pretende que el Estado controle y restrinja el acceso de los menores de edad a determinados contenidos de internet, entre ellos a YouTube. Cómo hacer eso sin violentar los más elementales derechos, como a la libertad de expresión o la intimidad, es algo que no han explicado. Y no lo han hecho por el simple motivo de que es imposible. Lo que pretenden es que la red esté sometida en España a un régimen en el que se pueda saber no sólo desde que ordenador se visita ciertas páginas, sino también qué persona está ante la pantalla. Sólo conociendo de quién se trata puede a su vez conocerse la edad. El único modo de controlar eso sería estableciendo un sistema obligatorio de identificación personal para conectarse a la red, con los peligros que eso conlleva: bienvenidos a 1984.
El control de los contenidos a los que acceden los menores y la valoración de si son adecuados o no, debe corresponder tan sólo a los padres. Son los progenitores los que deciden si sus hijos pueden ver un programa televisivo o si un libro es adecuado para su edad. Con la red no debe ser diferente. De hecho existen programas de filtrado que los adultos pueden instalar en sus ordenadores para que se encarguen de ello sin tener que estar todo el día pegados a sus vástagos para saber qué webs visitan.
Como buenos progresistas, los señores de la Confapa pretenden que sea el Estado el que haga de padre en su lugar y, de paso, del resto de los españoles con hijos. Y, como perfectos puritanos, no les importa si para eso se violan principios como la libertad de expresión, la intimidad o el derecho a educar a los hijos según sus propios criterios. Unos párrafos más arriba decía que este tipo de propuestas las pueden hacer los progres sin riesgo de ser tachados de carcas o inquisidores. No siempre están a salvo. Desde aquí acusamos a la Confapa precisamente de eso.
¿Y por qué no cerrarlas todas?
Ha tenido que venírsenos encima una recesión histórica para Zapatero diga algo inteligente, vaya lo uno por lo otro y alabado sea el Señor. La decisión de reducir la publicidad en la pública es, no obstante, una medida insignificante en el montante de agravios que las televisiones privadas vienen sufriendo desde que se les concedió permiso para competir contra el emporio estatal.
No hay ninguna razón ni filosófica ni práctica que justifique la existencia de veinte televisiones propiedad de las comunidades autónomas, además de las dos cadenas estatales analógicas y sus derivados digitales. Cuando un servicio es prestado a los ciudadanos por la iniciativa privada, la existencia de competidores que se financian con fondos públicos es un absurdo y un agravio comparativo que sólo tiene razón de ser en el deseo de los políticos por controlar los medios de comunicación.
Nada habría que objetar si el PP y el PSOE crearan cada uno su cadena de televisión con dinero de sus afiliados, pero hacerlo a costa del bolsillo de todos los ciudadanos que ya reciben un servicio mejor y más barato por parte de operadores privados es un lujo inadmisible, sobre todo en medio de una catástrofe económica como la actual.
Las televisiones autonómicas son tan innecesarias como TVE y, en conjunto, mucho más gravosas, por sorprendente que pueda parecer conociendo las pérdidas astronómicas de la televisión estatal. En la mayoría de los casos son un cementerio de elefantes para los políticos desahuciados y un vehículo excepcional para regalar dinero a los amigos a costa del contribuyente, con la única condición de que los gobernantes de turno aparezcan diariamente no menos de cinco veces, aunque sea inaugurando los mingitorios de un centro de la tercera edad.
Habría que cerrarlas todas previa subasta o, mejor aún, regalárselas directamente al grupo PRISA. Con la sagacidad empresarial propia de la casa, en un par de años no quedaría ni una. Eso que saldríamos todos ganando.