Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital Las actividades del llamado Gobierno de internet son muy limitadas, reservándose sólo el reparto de números IP entre naciones (algo así como si repartiera los prefijos telefónicos) y la decisión de quien se encarga de gestionar los nombres de dominio. Estas labores las realiza la ICANN, un organismo situado en Estados Unidos aunque desde 2009 independiente del Gobierno.
Durante años países tan dignos de confianza como Irán han pretendido que el control de la ICANN pase a la ONU, ante el temor de que al estar radicado en Estados Unidos, el Gobierno pudiera excluir de internet a un país al que considere enemigo, aunque nunca se ha especificado qué sacaría EEUU de semejante acción, cuando precisamente internet es el peor enemigo de los enemigos de los norteamericanos. Semejante excusa para otorgar el gobierno de internet a la mayoría de dictaduras que cortan el bacalao en la ONU me pareció siempre bastante patética. Lo sigue siendo. Pero aunque siga siendo deseable que Naciones Unidas no se haga cargo del chiringuito, quizá convenga empezar a pensar quién podría tener esa responsabilidad.
Estados Unidos sigue respetando el sistema de dominios en términos generales. Ni el Gobierno ni juez alguno han exigido que se eliminen registros del tipo "odioabarackobamamuchomucho.com", si es que tal cosa existiera. Pero ya a finales de 2010 un juez ordenó la retirada de diversos dominios relacionados con productos falsificados, incluyendo en el pack el buscador Torrent-Finder, que no aloja contenido ilegítimo alguno y cumple una labor técnicamente similar a la de Google. Y ahora ha sido Rojadirecta quien se ha visto perjudicada por la retirada de uno de sus dominios, en concreto el punto org.
La pérdida de un dominio ya no es tan dolorosa para un negocio como antaño. La mayoría de la gente accede a los sitios web no poniendo directamente la dirección sino tecleándola en un buscador. Pero aun así el daño es considerable, y no parece lógico que sea la legislación estadounidense la que decida qué dominios se respetan y cuáles no. Ojo, que pese a todo seguramente sea más de fiar que prácticamente todas las demás jurisdicciones. Pero cabría pensar en qué refugio colocamos la gestión de los dominios de primer nivel.
Guste o no, cada país tiene derecho a decidir sobre cómo funciona el invento dentro de sus fronteras. Si un juez español decide que a yahoo.com no se puede acceder desde nuestro país, así habrá de ser. Pero lo que no debería poder decidir es que dicha dirección de internet quede prohibida en Sebastopol también. Si este tipo de decisiones comienzan a generalizarse, no sería de extrañar que surgiera un sistema de dominios alternativo, lo que provocaría una escisión de internet, que dejaría de ser universal.
Desgraciadamente, los legisladores norteamericanos no se están preocupando de proteger el sistema de registros alojado en su país. Al contrario, están apoyando una ley que facilite este tipo de requisas en nombre de la defensa de la propiedad intelectual. ¿Y si nos mudamos mejor a Suiza?
