Ante la traición, una lección de dignidad

Editorial de Libertad Digital

La actuación del Tribunal Constitucional autorizando la presencia de la franquicia política de la ETA en los organismos democráticos recibió ayer la respuesta contundente de las víctimas del terrorismo, que son las primeras damnificadas por una decisión que olvida a la Justicia para someterse a un dictado gubernamental de una vesania sin límites.

Pero es la nación entera la que resulta atacada por las maniobras de un gobierno amoral, que ha dispuesto de la judicatura para validar unos enjuagues cuyo vergonzoso legado habrá de perseguir a sus protagonistas por mucho tiempo. En esta situación, la salida nuevamente a la calle de las organizaciones que defienden a las víctimas del terrorismo no era una opción, sino una cuestión de estricta necesidad y, como señalábamos ayer aquí mismo, perfectamente oportuna digan lo que digan los voceros de los partidos políticos, preocupados únicamente por el resultado electoral de este próximo domingo.

Los políticos, en el mejor de los casos, han decidido eludir el llamamiento de las víctimas para protestar por el desafuero del órgano -nos cuesta llamarlo Tribunal- presidido por Pascual Sala. En el peor, han intentado boicotear en la medida de lo posible el acto público previsto. Pero nada de esto importa. Lo sustantivo es que con frío, con calor, con lluvia o con nieve, las víctimas del terrorismo cuentan siempre con el apoyo de la parte más noble de una nación que se rebela contra las injusticias que sus órganos políticos perpetran contra ellas una y otra vez.

Ayer las víctimas del terrorismo volvieron a sentirse arropadas por una multitud de ciudadanos libres que quisieron expresarles una vez más su cariño y su respeto, al tiempo que se sumaban a la protesta pacífica contra una villanía que nos va a hacer retroceder una década en la lucha para derrotar al terrorismo y sus secuaces. El gobierno, ya lo hemos visto, está dispuesto a hacerse el sordo ante el clamor de una ciudadanía que asiste atónita a sus maniobras ilegítimas en una materia tan sensible como la lucha contra el terrorismo.

Algo parecido podemos decir de la oposición política, con las excepciones habituales que, a título personal y muy honrosamente, nunca fallan cuando las víctimas del terror realizan un llamamiento público. Mas las víctimas no están solas. Tienen a todos los españoles de bien con ellas, respaldándolas y sumándose a su voz para reclamar lo que el estado de derecho les debe, que no es otra cosa que justicia.

Modestamente, también nosotros estamos dispuestos a perseverar en nuestro apoyo, tal y como hemos hecho siempre desde nuestro nacimiento. Ochocientos cincuenta y un asesinados, varios miles de heridos y sus familias no merecen menos.

Carne de gallina

Antonio Burgos en ABC

Don Pascual Sala Sánchez, presidente del Constitucional, ha dicho que se le pone la carne de gallina al pensar que haya quien dude de la independencia de ese Tribunal, donde los papeles de las investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía que demuestran la conexión de la ETA con Bildu sirven por lo visto para lo mismo que los rollos que anuncia el perrito simpático de Scottex.

Y a mí, al leer estas declaraciones de don Pascual, que es la leche, se me pone no carne de gallina, sino carne de granja avícola y de todas las pastillas de Avecrem y de caldo Maggi que hay en Carrefour, en Alcampo, en Hipercor y en Mercadona.

Se me pone la carne de gallina al pensar que la gente contemple como lo más normal del mundo la politización de los más altos tribunales según el partido que nombró a cada magistrado, y que acepte que haya una Justicia Progresista y una Justicia Conservadora, aberración semejante a la admisión de la existencia de unas Matemáticas Progresistas y unas Matemáticas Conservadoras.

Se me pone la carne de gallina al pensar que antes de que un asunto de extrema gravedad sea resuelto, ora por el Tribunal Supremo, ora por el Constitucional, se sepa por dónde va a ir la sentencia de sus señorías ilustrísimas, según sea el número de señorías ilustrísimas progresistas y de señorías ilustrísimas conservadoras.

Se me pone la carne de gallina al pensar que un tiparraco criminal de la ETA que acaba de salir de la cárcel donde debió pudrirse, tras cumplir por asesinato bastantes menos años de los de su condena, desmantela la monserga de la independencia judicial cuando va y saca una pancarta de propaganda electoral donde pide el voto para sus compadres de Bildu.

Se me pone la carne de gallina al pensar que el mismo gachó asesino de la pancarta pone en ella palabras que mueven más a risa que a respeto por la noble lengua vascuence, porque parece que se cachondea de ella cuando pide «Independentzia» y «Sozialismoa»; vamos, que se le entiende todo aunque no se haya pisado una ikastola.

Se me pone la carne de gallina al pensar que hay quien defiende al mentado etarra con la pancarta de Bildu porque dicen que eso es libertad de expresión.

Se me pone la carne de gallina al pensar que habrá miles de tíos filoterroristas con las orejas más grandes que la boina, y miles de tías proetarras, pelorratas modelo Nekanes, que harán que la lista de los asesinos gobierne en muchos ayuntamientos vascongados, que se gastarán el dinero de nuestros impuestos en lo que usted ya se puede imaginar.

Se me pone la carne de gallina al pensar que Navarra puede dejar de ser española por culpa de la presencia de Bildu en las elecciones del próximo domingo.

Se me pone la carne de gallina al pensar que ya les habrán dado las listas completas del censo electoral, con lo que los fichados no son los etarras, sino sus víctimas; ellos son los que nos tienen fichados a todos nosotros; y lo digo porque de ahí, del censo electoral, tomaron mi dirección los pistoleros del Comando Andalucía que vinieron a buscarme y que si no me quitaron del tabaco fue gracias a la Virgen de los Reyes.

Se me pone la carne de gallina al pensar que la más alta institución del Estado de Derecho cante de esta forma la gallina ante la ETA.

Justicia mutilada

Editorial de ABC

La posibilidad de que el Tribunal Constitucional, con el indisimulado interés del Gobierno, deje sin autonomía a la acción popular en el proceso penal es otro motivo añadido de preocupación sobre el futuro de la Justicia. La acción popular permite a cualquier ciudadano acusar a otro por un delito público. Es una institución de arraigada tradición en España, con antecedentes en las Siete Partidas, prevista en la Constitución de Cádiz para los delitos cometidos por jueces y regulada definitivamente en 1835. La Constitución de 1978 también se refiere a ella, junto con el jurado, como forma de participación de la sociedad en la administración de justicia. No se trata, pues, de una institución creada al capricho de un partido o de un momento histórico, sino que representa una fuente de legitimación de la justicia penal y, al mismo tiempo, de control democrático de su administración. Es cierto que la acción popular se ha prestado a abusos y que, en ocasiones, ha servido solo para politizar asuntos judiciales y filtrar documentos. Pero utilizar estas desviaciones en el ejercicio de la acción popular para desactivarla sería tan desproporcionado como utilizar los errores del fiscal en sus acusaciones para mutilar sus facultades públicas. Las leyes procesales tienen suficientes mecanismos de prevención y control para frenar estos abusos. Además, el Tribunal Supremo ya fijó, en los casos Botín y Atutxa, unos límites razonables al declarar que el acusador popular puede acusar al margen del fiscal, cuando se juzgue un delito contra intereses generales, es decir, sin víctimas concretas.

La sentencia que prepara el TC suprime esta autonomía de la acusación popular. Esto supone entregar al fiscal —libre de un régimen de responsabilidad adecuado a este monopolio acusatorio— el control absoluto en los procesos que investiguen, por ejemplo, delitos de corrupción, de cohecho o de enaltecimiento del terrorismo. Precisamente, son estos los delitos en los que históricamente la acusación popular ha permitido condenas que, de otra manera, no se habrían dictado por la oposición del Fiscal. Por eso, la acusación popular que molesta políticamente no es la temeraria, sino la que está bien fundada, cuenta con el respaldo de los jueces y produce condenas incómodas. Esa es la acusación popular que desaparecerá si el TC aprueba la sentencia proyectada, y así saldrán beneficiados los chivatos del Faisán, el dos veces suspendido Garzón o la «izquierda abertzale», y tantos otros que con igual o mayor motivo que Otegui preguntarán aquello de «¿lo sabe Conde-Pumpido?».