miércoles, 12 de enero de 2011

Siete años intentando engañarnos

Gabriel Moris en Libertad Digital

Nos acercamos al séptimo aniversario del mayor atentado criminal de nuestra historia. La motivación, utilización y aprovechamiento político del mismo siguen sin investigarse y, por lo tanto, lejos de esclarecerse. Seguramente se podrían hacer varias tesis doctorales sobre este hecho capital, pero ya no hay ningún interés político, ni siquiera intelectual, por investigar las causas y las consecuencias de la masacre que ha cambiado nuestro rumbo como país.

(...)

Todo lo que nos han contado sobre los atentados del 11-M es además de incompleto lisa y llanamente una mentira. Si mi afirmación fuera errónea, tienen muy fácil el demostrarme a mí y al alto porcentaje de españoles que no creen tampoco la versión contada, que existen pruebas incontrovertibles de la versión difundida, así como dándonos a conocer las lagunas existentes sobre autores materiales e intelectuales, las motivaciones del atentado, la trama y ejecución del mismo etc.

Retomando el aspecto político, sería harto interesante el explicarnos la actitud de nuestras autoridades respecto a ETA y al Reino de Marruecos.

Las fuerzas vivas del canon digital

Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital

Las historias en que David triunfa frente a Goliat siempre son la mar de agradecidas. Pese a que los pequeños no siempre tengan la razón cuando se enfrentan a los grandes, hay una parte en nosotros que se alegra al comprobar que pese a la diferencia aparente de fuerzas el débil, ese con el que nos identificamos, puede salir victorioso. Excluyendo a los interesados, todos disfrutamos de esta sensación cuando una pequeña tienda de informática barcelonesa venció en los tribunales a la todopoderosa SGAE al declararse ilegal en la Unión Europea la imposición indiscriminada del canon digital.

Ana María Méndez, la propietaria de Traxtore, se dejó la piel y algo más en la batalla. Perdió una de sus dos tiendas y despidió a sus ocho empleados, convirtiendo su negocio en una empresa familiar en el más puro significado de la palabra: ya sólo ella y sus familiares trabajan en ella. Pero la sentencia es clara: el canon es legal –injusto o no es otra cuestión–, pero no puede justificarse que se cobre indiscriminadamente a todos, incluyendo organismos públicos y empresas. Al fin y al cabo, este mecanismo se justifica bajo la presunción de culpabilidad, asumiendo muy probable que vayamos a usar un disco duro o un CD para guardar pelis, y no puede aplicarse allí donde presuponer tal cosa resulta más bien ridículo.

Al comienzo de su calvario, Ana María Méndez fundó Apemit, una asociación que representa a las pequeñas empresas de informática como la suya. Ahora el Gobierno, forzado por su santa cabezonería, se ve forzado a rehacer la legislación que regula el canon. Se empiezan a acumular las denuncias de ayuntamientos y otros organismos exigiendo que se les devuelva el dinero ilegalmente recaudado, y no es cuestión de dejar pudrirse demasiado el tema, no sea que le hagamos un roto a las SGAE. Pero claro, a la hora de tomar una decisión, prefiere no hacerlo solo y ha decidido negociar con los implicados. Ana María, que es la única razón por la que se ven obligados a reunirse, no estará entre ellos.

Veamos, el canon lo pagamos usted y yo. Quienes más han sentido sus efectos han sido quienes venden productos gravados con él. Por lo tanto, ni los consumidores ni la tiendas serán consultados por el Gobierno.

¿Por qué habría de ser distinto el canon de la jubilación o la legislación laboral? Usted, que seguramente no esté representado por UGT ni CCOO, irá a buscar trabajo en empresas que seguramente no estén representadas por la CEOE. Sin embargo, ahí están, negociando en su nombre. Despotismo ilustrado, que se le llama.

Entiéndase. Estamos en una democracia, más o menos. Por lo tanto, quien debe tomar las decisiones es el Gobierno o el parlamento, dependiendo de qué estemos hablando. Si a los sindicatos, la patronal, las empresas tecnológicas o las SGAE no les gustan sus decisiones, que con su ajo se lo coman. ¿Qué se quiere consultar a los interesados a ver qué opinan? Se puede entender. Pero en tal caso lo lógico sería preguntar a los interesados de verdad, los ciudadanos que pagamos las consecuencias. Y parece claro que en este caso los más representativos son Apemit, la Asociación de Internautas o incluso la OCU si nos ponemos.

Aunque quizá sea mejor así. Al fin y al cabo, González-Sinde ya hizo en su día el paripé de reunirse con unos y otros para acabar pariendo su ley de cierre administrativo de sitios web, recientemente rechazada por el Congreso. Casi mejor que no disimule.

Los riesgos del adanismo presidencial

Pablo Molina en Libertad Digital

Los delincuentes suelen asociarse en bandas para perpetrar sus fechorías de forma más eficaz. También por un criterio de eficiencia, puesto que en grupo se pueden cometer delitos más importantes, con un botín mayor, empleando menos esfuerzos y rebajando el riesgo de que todos sus miembros sean detenidos. Los terroristas no son una excepción en su manera de operar respecto a cualquier pandilla que se dedique a la extorsión, el robo o el crimen más o menos organizado. Sí, es cierto que los etarras, por ejemplo, invocan la persecución de unos derechos históricos que le son negados de forma antidemocrática al pueblo que dicen representar para perpetrar sus fechorías, pero a efectos jurídico-políticos, es un argumento tan inconsistente como si una banda de butroneros justificara sus delitos con la existencia de una grave injusticia social en el entorno familiar de sus integrantes.

Resulta asombroso, por tanto, que los etarras se atrevan a poner condiciones al Estado de derecho para dar por finalizada su carrera delictiva, algo que no se le ocurre a ninguna partida organizada de delincuentes de los distintos ramos y procedencias que operan en España. Ninguna banda de albano-kosovares dedicada al robo a mano armada de casas de lujo, pongamos por caso, ha emitido jamás una nota de prensa, leída por tres elementos encapuchados, proponiendo al gobierno de un país un acuerdo para abandonar sus actividades. La ETA sí lo hace, pero es porque, al contrario que sus compañeros de afición, los etarras saben que el Gobierno está dispuesto a hacerle determinadas concesiones a cambio de que dejen de cometer delitos por una temporada.

En la lógica de los terroristas encaja perfectamente la facundia con que periódicamente se dirigen al "Estado español" (y al francés, de paso), puesto que durante años se les ha tratado como una parte cualificada de la sociedad vasca con la que hay que negociar para acabar con el problema del terrorismo. Si en ocasiones sus representantes son hombres de paz, a los que se les avisa incluso para evitar su detención por la policía, si hasta el órgano judicial encargado de perseguirlos y llevarlos a la cárcel se muestra dispuesto a enlodar los bajos de su toga, es lógico que más tarde emitan y lean en público una nota de prensa tratando de tú a tú al Gobierno legítimo de España.

El adanismo presidencial es patético en el orden social y muy dañino en el económico. Ahora bien, en el tema del terrorismo hasta Zapatero y Rubalcaba deberían comportarse con cierto sentido de Estado. Casi mil asesinados y sus familias no merecen menos.

Ha vuelto a suceder

Gabriel Albiac en ABC

Con tiempos casi calcados, a un año y medio de unas elecciones generales que se anuncian catastróficas para el PSOE de Zapatero, ETA vuelve hoy a jugar sus bazas. Que son idénticas a las de entonces. «Alto el fuego permanente» pero no definitivo, condicionado en su continuidad a la resolución de «las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación, que son el núcleo del conflicto político». En términos casi idénticos a los de entonces, el gobierno responde con la retórica dual del «no es óptimo, pero sí bueno». Que formuló antaño Zapatero al contraponer los benévolos tiempos sin atentados a los años más duros; que, con más cautela, ha formulado esta vez Rubalcaba en su autoentrevista: «Si me preguntan ustedes ¿está usted más tranquilo hoy que ayer?, honestamente les diría que sí». El señor Rubalcaba y su «honestidad» sabrán por qué. Como el señor Zapatero y su sonrisa debían saber el porqué de su optimismo tan sólo unos días antes del atentado de la T4 en Barajas.

Ha sucedido de nuevo. Todo se repite ahora como un calco. Y es en esa repetición donde uno cree percibir el tintineante desasosiego de lo siniestro. ETA persevera en su identidad de siempre. Zapatero persevera en su infantil grandilocuencia. El ciudadano asiste a la farsa repetida. Y todo vuelve.