Faisán

Alfonso Ussía en La Razón

Se habla y se discute del problema sucesorio en la cúpula del PSOE. Se habla y se discute de los tiempos previstos y los momentos oportunos. Pudiera darse el caso de que los planes se derrumbaran por completo si se confirma la verdad de las actas etarras de la negociación. El faisán, a punto de ser abatido. Sistema democrático y Estado de Derecho son sinónimos. Independencia de los tres Poderes, con mayúscula. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro, que el Gobierno haga pública las suyas–, el Poder Ejecutivo ha ayudado, a espaldas de la sociedad, al poder terrorista, aún después del atentado de la T-4 de Madrid. Según las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro que el Gobierno nos muestre las suyas–, el Poder Ejecutivo ha invadido sin sobresaltos ni prudencias los espacios reservados al Poder Judicial. No sólo se trata de la repugnante gravedad que se reúne en un Gobierno que ha podido colaborar con la ETA. Se trata de un atentado contra el sistema democrático, al intentar convertir al Poder Judicial en un títere del Poder Ejecutivo. No es fácil, como recogen las actas, porque siempre existirán jueces honestos y decididos dispuestos a mantener intacta la independencia de la justicia. El antiguo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional no ha tenido reparos en ser claro y contundente: «Fui cesado por exigencias de los terroristas». Hasta aquí podíamos llegar. Un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional es cesado porque así lo exige una banda terrorista. Se ha confirmado la presencia del comisario Ballesteros en el Bar Faisán el día del soplo. Y se habla de la sucesión, de los tiempos oportunos, de las cajas de ahorro del plutonio del reactor de Fukushima, de la guerra de Libia y del patatal del estadio lituano donde va a jugar la Selección española. Se habla de todo, cuando de confirmarse el contenido de las actas de los terroristas –hora es, por su bien y el de todos los españoles, que el Gobierno las desmienta con las suyas–, nos hallaríamos ante el atentado antidemocrático más grave de nuestros tiempos de libertad. Más aún que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, de tan infausto recuerdo. Un Gobierno pactando con la ETA y avisando a los terroristas de los movimientos policiales que podrían dar lugar a su detención, es decir, un Gobierno que procura la fuga de los asesinos humillando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es un Gobierno que no puede continuar ni un día más con la responsabilidad de gobernar España. Entonces, de confirmarse la veracidad de las actas etarras, ni sucesión, ni tiempo, ni oportunismo ni reforma laboral ni vainas. Ese Gobierno, en una nación normal y democrática, caería por su propio peso de irresponsabilidad en menos de veinticuatro horas.

No confío en algunos jueces y fiscales, pero sí en la Justicia. La independencia de la Justicia personalizada en un juez que no se deja atemorizar ha sido la vía que ha abierto la puerta del escándalo. Eso y, no podemos olvidarlo, la impecable e implacable investigación de un periódico, «El Mundo», que ha suplido la nula investigación oficial. ¿Cómo va a investigar el investigado?
¿Cómo va a pretender que resplandezca la verdad quien no ha hecho otra cosa que mentir? Si el Gobierno de España no demuestra fehacientemente que las actas de la ETA son burdas mentiras –y no parecen tener ese cariz–, la única solución es la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y todos a la calle. El problema es que más de uno puede terminar en la cárcel.

Acta final

Gabriel Albiac en ABC

ES 21 de mayo de 2007. Cinco meses después del atentado en la T4. La delegación de ETA, reunida con la del Gobierno español «en una ciudad europea», plantea su «última propuesta» de abrir «la tercera fase» —la pactada como conclusiva— en la negociación que se abriera el 2005. Fracasa. Extractos de las «actas» de aquello, a lo cual sus protagonistas se referirán elípticamente como «el proceso», serán publicados por Gara un mes más tarde, entre el 21 y el 24 de junio de 2007. De allí las tomé yo, al escribir en 2008 mi libro Contra los políticos. Pero cualquiera pudo consultarlas en estos años sin más que visitar la hemeroteca. Recuerdo cuatro pasajes:

—«El 21 de mayo se celebró la reunión definitiva… Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Dos días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores internacionales, a desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares, si se lograba un compromiso global y el proceso llegaba hasta el final».

El «compromiso global» se asienta sobre dos cesiones que ETA explicita en su documento:

—«La unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro».

Fija también ETA un procedimiento de reforma constitucional, consensuado con el Gobierno, para conducir sin traumas ese trayecto:

—«Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio».

La propuesta de culminar el camino de dos años era ya irrealizable: los dos cadáveres de Barajas pesaban demasiado. Llegarían tiempos mejores algún día. Es lo que, en su despedida ante los observadores internacionales, formula la delegación de ETA:

—«La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo».

Eso sabemos desde la primavera de 2007. Casi todo. Cuadra con los pasajes nuevos que ahora se hacen públicos de esas mismas «actas». El Gobierno de Zapatero siguió manteniendo conversaciones con ETA tras la T4. El hombre clave de ese juego, a caballo entre legalidad y delito, fue un ministro con larga experiencia en esa variedad de la «razón de Estado» que imperó en los años GAL de Felipe González: Alfredo Pérez Rubalcaba. Dar por toda respuesta que «ETA no es creíble» es tomarnos por idiotas: las actas de ETA no están dirigidas a nadie al cual engañar; son una constancia interna, y engañarse deliberadamente a sí mismo es un oxímoron.

Pero no podemos tampoco sorprendernos ahora. O hacer como que nos sorprendemos. Podemos y debemos confesar que, durante cinco años, nadie se ha atrevido a formular lo que los hechos imponen: que, una vez más, un poder socialista se puso fuera de la ley y actuó sin atenerse a norma. Avisar a los del «Faisán» del riesgo que corrían, les debió parecer una minucia después de todo lo hecho… También Al Capone tenía por minucia no pagar a Hacienda.

Rubalcaba y el Estado de Derecho

Juan Morote en Libertad Digital

Rubalcaba tiene una gran propensión a la mentira: es prácticamente imposible saber si en algún momento siente pulsión de decir la verdad. Tan cierto como lo anterior es su tendencia a la demagogia, y no menos comprobada es su inclinación a asumir el papel de ventilador en medio de un estercolero. De toda esta guisa se comportó ayer el supervice en su comparecencia en comisión. El sustituto in pectore de Zapatero representa lo peor de la izquierda española. Este demagogo detesta profundamente el sistema democrático.

La democracia se basa la libertad como un bien individual, en su titularidad y en su ejercicio, y consecuencia de lo anterior es la sacralización del Estado de Derecho, como instrumento imprescindible para garantizar un igual uso de la libertad por parte de todos los ciudadanos. Ayer compareció el supervice, visiblemente contrariado por tener que dar explicaciones sobre sus flirteos con la ETA. El señor Rubalcaba no asume, por no entender la democracia, que el ejercicio del poder político debe hacerse con transparencia, y que los votantes no encajan que el Estado esté para cobijar a los asesinos, en lugar de empeñarse en perseguirlos.

Rubalcaba no admite que nadie le diga para qué está el Estado, ni que la primera y principal misión del mismo es la garantía de la libertad de los ciudadanos que lo componen. Al segundo de Zapatero estas cosas le parecen zarandajas nimias. El desprecio que siente por la ciudadanía le lleva a recurrir a la mentira como herramienta de acción política cada vez que lo cree necesario; en esto es fiel seguidor de Lenin, quien ya dijera que la mentira podía ser una gran arma revolucionaria. Nunca faltan excusas a aquellos que se sitúan por encima de la ley en su quehacer. Al modo nietzscheano, estos socialistas piensan que la ley está para proteger al mediocre, y no es más que un dique a la acción del que está llamado para una gran misión. Se trata de una visión pseudomesiánica de la realidad, al estilo de las películas del inspector Harry Callaghan. Esta es la razón de fondo que ha llevado a Rubalcaba a no contestar a las preguntas sobre su rol de prima donna en la relación del Gobierno con la ETA.

El supervice ha contestado que ha actuado con responsabilidad, no ha defendido que su actuación se ajustó a la legalidad, ni siquiera que ETA hubiera mentido. Si sabíamos que Zapatero es un iluminado que se cree alguien con la misión encomendada de redimir a España de su propia historia, ahora conocemos que su colaborador más cercano y posible sucesor también comparte la autopercepción mesiánica. Espero que algún juez se tome todo esto en serio porque lo es. Es necesario que los ciudadanos recuperen su fe en el Estado de Derecho con tanta urgencia como conviene que Rubalcaba salga para siempre de la política española.

Terrorismo, un bien de Estado

José Antonio Martínez-Abarca en Libertad Digital

No recuerdo quién dijo aquello de que abandonó Alemania, entonces bajo las botas relucientes del NSDAP (y ya decía Woody Allen que es difícil satirizar a un tipo con botas relucientes), cuando en la sede superior de la Justicia ya no podía distinguir a los que la administraban de los criminales que eran conducidos ante ella. En España, en los bares del País Vasco, ya no podemos distinguir al Gobierno de la nación de los terroristas a los que aquellos teóricamente persiguen. O a los que más bien suplantan. Son tan difíciles de distinguir los enviados del Gobierno al lado de los terroristas que éstos, con menos conchas que estos quelonios del delito institucionalizado, apuntan maneras algo menos patibularias.

Leer las actas de ETA sobre sus encuentros con pacificadores gubernamentales convida a un buen exilio, antes de que sea tarde, como aquello que ocurría en la Alemania de entreguerras. En esas actas de ETA los más moderados parecen ser los propios terroristas, a los que los pacificadores del Gobierno pasan cumplidamente en entusiasmo por el crimen. Menos si acaso la maquinación para alterar el precio de las cosas, los emisarios del Gobierno en el proceso de paz con ETA tocan todos los palos del Código Penal, incluidos varios parágrafos de traición a la patria. Los Gobiernos del señor X quisieron matar a los malos acabando con la legalidad, pero los de ahora, sobre acabar con la misma legalidad, estaban dispuestos a darles el dinero de los impuestos a los terroristas para pagarnos nuestro propio entierro. Los malos, para los enviados del Gobierno de la "democracia bonita", éramos nosotros.

Muchos Gobiernos occidentales han hablado con terroristas, menos han negociado nada con ellos y ninguno ha sufrido una identificación con los asesinos como ha hecho éste, hasta el punto que resulte preferible caer en manos de un comando etarra que de algunos cargos del Ministerio del Interior español. Si hay suerte, en los zulos a veces dan de comer medianamente. En cambio, cuando un Gobierno socialista persigue un fin político para asegurarse el poder es mejor escapar si en algo tienes tu alma. Lo advierten las guías turísticas mexicanas: si los delincuentes no nos vienen con chapa identificativa, todo va bien, porque cualquier percance es preferible a un encuentro con la policía. En España ya cualquier cosa, por lóbrega que sea, es preferible a un encuentro en el callejón del "interés de Estado" con los hombres buenos de las alcantarillas de Interior.

Porque eso ha sido exactamente lo que ha venido ocurriendo en los contactos del Gobierno con ETA, según el diario de sesiones que la banda ha ido escribiendo con desconfiado celo de tendero de ultramarinos. Que, leyendo lo que aportaban "al proceso" unos y otros, se debería desde luego haber detenido en primer lugar a los teóricos garantes del Orden, los más peligrosos. Que en esa especie de "proceso hacia la paz por el crimen" los representantes de la Ley, a juzgar por la inmoderada alegría de saberse impunes y la llaneza confianzuda de sus palabras, parecen más terroristas aún. Todo se puede arreglar, presumían: desde que un Gobierno subvencione a los que matan a sus gobernados hasta que el propio Gobierno se pase al otro lado de la mesa a enseñarles a estos tipos duros cómo se hacen las cosas contra España.

Y Rubalcaba dice que "hice lo que tenía que hacer". Si se coincidiera con Rubalcaba en una convalecencia de lo de la próstata, a nadie le gustaría quedarse con él a oscuras.

El miedo a no estar en la foto

Pablo Molina en Libertad Digital

Como todo en esta vida tiene una explicación, también ha de tenerla esa aparente inacción del Partido Popular ante las revelaciones periodísticas que presentan al Gobierno como cómplice de una banda terrorista. El que los socialistas vulneren el Estado de Derecho y traicionen a todos los españoles cuando llegan al poder es algo que ya todos archivamos a beneficio de inventario, pero lo que resulta intrigante es que el PP haya actuado con displicencia culpable durante dos días, para salir tímidamente de ese sopor tan rajoyesco sólo cuando el escándalo mediático se ha tornado monumental.

Aún hoy, cuando los españoles asisten atónitos a la evidencia periodística, corroborada por la secuencia de los hechos, de que el Gobierno ha llegado en sus tratos con la ETA mucho más allá de lo que se puede esperar incluso del PSOE, los populares se limitan a pedir educadamente alguna explicación a Rubalcaba rogándole que por una vez no mienta, ¡a Rubalcaba!, cuando lo que deberían hacer, si escucharan a los que les votan, es exigir inmediatamente su cese y posterior procesamiento, evitando acudir al parlamento hasta que las dos circunstancias, política y judicial, se sustancien en los foros adecuados.

Algo saben en Génova que los demás españoles desconocemos, o bien una mayoría con poder en las altas magistraturas populares está de acuerdo con la forma en que el Gobierno ha llevado este asunto. Esas son las dos únicas posibilidades que surgen de forma intuitiva, porque ni siquiera la torpeza consustancial al equipazo orgánico de Mariano explica el estupor político a que han estado sometidos sus miembros en estos dos últimos días.

Alguien con mucho peso debe estar aconsejando a Rajoy que no se encele en la embestida al capote rubalcábido, tal vez pensando que, en última instancia, si hay una foto final del "conflicto", con dos encapuchados con chapela entregando un tirachinas roto a Mayor Zaragoza y Jimmy Carter, el jefe del PP tiene que estar dentro del encuadre, no sea que Zapatero consiga lo que se ha dado en llamar "la paz" y vuelva a ganar las elecciones.

A mí se me ocurre un nombre, perejil de todas las salsas, que conoce bien estos asuntos porque fue un representante de Aznar en su particular intento de negociación. Sí; es el mismo en quien está pensando ahora mismo usted. No era tan difícil ¿Verdad?

A la cárcel con ellos

Pío Moa en Libertad Digital

Una de las habilidades más destacadas de los analistas políticos españoles es la de dejar de lado las evidencias cruciales para perderse en detalles más o menos insignificantes. Que tenemos una casta política mafiosa y delincuente es algo que salta a la vista: es corrupta económica e intelectualmente, supedita los intereses de la nación a los de sus partidos (a los cargos y poltronas que puedan conseguirle sus partidos), colabora con el terrorismo, se burla de la ley, ha acabado con la Constitución y el Estado de Derecho, arruinado la independencia judicial, facilita un proceso de descomposición de España por todos los flancos: Gibraltar, Ceuta y Melilla, nuevas "naciones" y "hechos nacionales", etc. Los dos grandes partidos, en especial el PSOE, tienen un historial delictivo impresionante, incomparablemente más dañino que el de cualquier delincuente común: en cualquier país serio sus jefes habrían ido a la cárcel hace tiempo. Ya ocurrió cuando González, y el propio González se libró por poco.

Entre esas fechorías, el caso Faisán es casi una anécdota, aun si una anécdota con valor de categoría. Como bandas mafiosas que son, el Gobierno y la ETA llevaban sus chanchullos en secreto, y todos sospechamos que hay ahí mucha más podredumbre que la que ya se apreciaba fácilmente desde fuera. Desde la Transición, grupos de presión proetarras, sobre todo El País, propiciaron la nefasta "solución política", consistente en hacer a la ETA las suficientes concesiones para que dejase de matar. Concesiones que corroían el Estado de Derecho y la unidad nacional, justificando implícitamente el asesinato como forma de hacer política. En tal "solución" entraba el engaño a la opinión pública, negando la existencia de negociaciones que ponían en el mismo plano a los asesinos secesionistas y al estado democrático... hasta que la ETA, en eso más veraz y honrada que la chusma política, dejaba a esta en evidencia al informar a los ciudadanos de que sí las había. Y ha vuelto a pasar con lo del Faisán. La ETA dice la verdad y el Gobierno miente, esto puede afirmarse a ojos cerrados. El Gobierno no ha hecho otra cosa que mentir desde el comienzo del "proceso de paz". Y su pertinaz obstrucción a la justicia en el caso Faisán supone una confesión del crimen.

Cabe aceptar que la "solución política" fuera un error y no un delito, pese a haber durado ese error tantos años –buena muestra de la calidad intelectual de tales gobernantes–. Pero desde que Aznar la arrumbó para seguir la democrática solución policial, consiguiendo así acorralar a la ETA, volver a las andadas ya no supone un error, sino un acto evidente de colaboración con el terrorismo y de traición a España.

Los separatismos se han convertido en el reto más grave que afronta nuestro país. Y la palanca que los ha elevado a tal peligrosidad ha sido la ETA. Mejor dicho, la política demencial y sin principios seguida por los políticos hacia la ETA. Y muy especialmente por los Gobiernos del PSOE, partido con su propio historial terrorista y afinidad ideológica a la banda armada. Repito: o la democracia acaba con ellos o ellos acabarán con la democracia. Y de paso con la nación.

Catarsis

Agapito Maestre en Libertad Digital

Gobierno y ETA estuvieron negociando, durante dos años, de igual a igual. No es nueva la información. Por el contrario, gracias al esfuerzo y dedicación de la prensa más seria y libre de España, era un secreto a voces que el Gobierno había negociado, cedido, transigido e incluso, presuntamente, colaborado con la banda criminal a través del "chivatazo del Faisán" para que los pistoleros de la banda no fueran detenidos. Entonces, ¿cuál es la novedad sobre esa negociación publicada ayer por El País? Quizá que haya sido publicada por primera vez el acta entera de la negociación. Quizá.

Pero, en mi opinión, lo genuinamente novedoso es que el propio diario de PRISA ofrezca ese acta de ETA. Aparece, sí, toda la información de la negociación por extenso y sin guardarse ningún dato relevante. Es como si este periódico tratase de pasar página sobre un asunto tan escabroso y duro. Se trata de contemplar la "tragedia" de un golpe y salir purificados. El País quiere que su candidato salga fortalecido a través de la katharsis. ¿Conseguirá El País ese objetivo catártico para su candidato? Desearía que fracasará, pero, por desgracia, y sin caer en ningún tipo de derrotismo, posiblemente, logren convencer al respetable de que fue lo mejor que pudieron hacer Zapatero y Rubalcaba. Contarán, sin duda alguna, con el apoyo de la oposición del PP a la "política antiterrorista" del Gobierno, que ha sido, aparte de tibia, muy poco inteligente a la hora de su coordinación con los medios de comunicación más críticos del Gobierno.

Por otro lado, no creo que los medios críticos con el Gobierno puedan hacer frente a los embates que vienen del bloque socialista, es decir, del Gobierno y todos sus medios de comunicación, que sigue funcionando sin fisuras y, sobre todo, alimentando con sus consignas a una población, casi salvaje desde el punto de vista democrático, que no ve mal que se negocie con ETA, si así se acaba con el problema. En fin, con la publicación del acta de ETA, El País entra, definitivamente, en la pelea electoral con una cuestión decisiva que afecta a su candidato, Pérez Rubalcaba, para zanjar el asunto de golpe. De acuerdo, dicen coordinadamente los socialistas y El País, negociamos con ETA, pero gracias a ese trabajo sucio hoy, y esa será una argucia clave de los socialistas en este período, ETA está más débil que nunca. Rubalcaba no sólo ha desmentido lo publicado por El País, sino que incluso lo avala al decir: "Hice lo que tenía que hacer" y, precisamente, por eso ETA está acorralada por el Gobierno. ETA está más débil que nunca.

Es obvio que por la calidad de la democracia, es decir, por la defensa de la nación española denunciaremos de todas las maneras a nuestro alcance esta negociación. Otra cosa será el resultado.

La pedagogía del cinismo

José García Domínguez en Libertad Digital

Años después lo reveló, divertido, un alto funcionario de la Policía que había participado en aquellas conversaciones de Zurich. Llegado el momento del primer encuentro, quienes allí encarnarían la dignidad del Estado comparecieron, como corresponde, impecablemente vestidos. Frente a ellos, tres gudaris adornados con sendas telas a cuadros de leñador, pantalones de pana con el sello inconfundible de Saldos Arias, y, huelga decirlo, las preceptivas chirucas, tan prácticas en el agro. Únicamente les faltaba un tractor Perkins aparcado a la puerta del hotel. Así, palmario, el contraste entre la elemental tosquedad abertzale y la plástica urbana de los emisarios del Gobierno conmovió, según parece, al vocero de ETA. Al punto de correr a comprarse aquella misma tarde varios trajes y sus respectivas corbatas.

En la segunda ronda, la civilización, aunque solo fuera estética, había ganado su primera escaramuza. Qué distancia infinita con esa promiscuidad ética, formal y retórica, la que certifican las actas del indiscreto grafómano Thierry, ya indistinguibles unos de otros. Tan complacientes, tan colegas, tan refractarios a los fundamentos mismos del Estado de Derecho, tan predispuestos de grado al delito y a la alta traición, diríase que a los emisarios de Zapatero apenas les faltaba un arete en cada oreja y la chupa siempre negra de Otegi. Acaso también el tatuaje de la serpiente en el antebrazo. En el fondo, nada nuevo. De antiguo se propala aquí la pedagogía del cinismo, ese permanente escarnio de las leyes frente al capricho del poder político que, poco a poco, ha carcomido la legitimidad de los cimientos jurídicos del régimen constitucional.

Por algo, su sórdido corolario: el sometimiento del Estado de Derecho a la razón de Estado. Llámese GAL, Mister X o Carlos G., que tanto monta. ¿A qué extrañarse luego de que notorios estafadores y delincuentes comunes anden impartiendo magisterio moral en el foro público? Con lo que los viejos anarquistas llamaban la propaganda por el hecho, la recurrente impunidad de los gobernantes ha precipitado el descrédito del sistema todo. Que de ahí el esperpento. Y es que el problema no consiste en que España merezca o deja de merecer un Gobierno que mienta. ¿Es España acreedora de otro Ejecutivo que tampoco se atreva a perseguir, procesar, juzgar, condenar e inhabilitar a los perjuros? Ésa, don Mariano, es la cuestión.

El País maquilla la infamia

Editorial de Libertad Digital

Es lamentable que diversos diarios nacionales hayan ocultado este martes en sus portadas la enorme trascendencia que tienen las actas incautadas a ETA. Peor aún es, sin embargo, que El País haya hecho referencias a ellas, pero no para denunciar sino para maquillar el repugnante grado de degradación moral que alcanzaron los representantes del Gobierno con tal de mantener una falsa pero electoralista paz sobre la base de un mero alto el fuego que había sido previamente pactado con los terroristas a cambio de infames compromisos adquiridos.

Rayando en la complicidad con el Gobierno, la "información" del periódico progubernamental destaca en titulares que "los documentos incautados prueban la tensión de los contactos y que muchas supuestas cesiones del Gobierno no se llevaron a cabo". Reconoce en letra más pequeña que "las actas prueban algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA (supuestas órdenes a la Policia y Guardia Civil para que no hubiera detenciones, dejar en libertad a presos de ETA enfermos, prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda), aunque en muchas ocasiones esas cesiones no se hicieron o fueron incompletas". Así, pone de surrealista ejemplo de ello que "mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido".

Para empezar, que el Gobierno no cumpliera con todos y cada uno de los infames compromisos con ETA a cambio de su tregua no prueba, en modo alguno, que el Ejecutivo no los hubiera adquirido. Y que el Gobierno, a cambio de una tregua, estaba dispuesto a ofrecer a ETA "una salida a los presos", así como un "cambio del marco juridico-político" del País Vasco, para el que se contaría con la entonces "ilegalizada izquierda abertzale", es algo que las actas de dichas reuniones no vienen más que a confirmar. Si no es cierto ese compromiso, ¿por qué el Gobierno de Zapatero no lo negó tajantemente cuando así lo publicó, precisamente El País el 25 de mayo de 2005, meses antes de que ETA anunciara oficialmente el "alto el fuego" y citando a "fuentes socialistas"? ¿Por qué no negaron los emisarios del Gobierno que éste hubiera adquirido esos y muchos otros infames compromisos en el momento, una vez llegada la tregua, en el que los etarras les reprochaban sus incumplimientos?

Por lo demás, el vergonzoso nivel de detenciones a etarras durante el alto el fuego, al contrario de lo afirma El País, es un hecho que queda demostrado por las propias estadísticas, tal y como denunciaron los sindicatos policiales. Las actas sólo vienen a demostrar que era otro compromiso que el Gobierno intentaba cumplir, pero que no siempre lograba gracias a lo que quedaba de Estado de Derecho en nuestro país.

Lo más vergonzoso, sin embargo, es que El País diga, respecto a la decisiva cuestión de la derogación de la doctrina Parot que "la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido". Miente El País. La realidad es que el Gobierno, a traves de su servil Fiscalía, se alineó con la defensa de los etarras enjuiciados en contra de esa doctrina desde meses antes del inicio oficial del "proceso de paz". Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo lo impidió.

El periodista de El País comete también el inusitado ejercicio de comparar los acercamientos de presos que hizo Aznar (como también se hizo antes, después y ahora mismo) con los compromisos de impunidad ofrecidos por Zapatero a la banda terrorista. Se silencia así que los compromisos que llevaron a ETA a declarar la tregua del 98 no los adquirió el Gobierno de Aznar, sino los partidos separatistas de Estella a los que luego se sumaría Zapatero invocando la expresión batasuna del "derecho de los pueblos a decidir por sí mismos". Pero lo más grave, al tiempo que inútil, es que se trate de encubrir con la "tensión" de esas reuniones, lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo cometer, a favor de una organización terrorista, numerosos delitos tales como colaboración con banda armada,prevaricación, revelación de secretos o incumplimiento del deber de perseguir a delincuentes. Y todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar. Como para no estar "tensos".