sábado, 5 de diciembre de 2009
Juicio islámico en una masía
Nueve detenidos por condenar a muerte a una mujer en Reus
¡Por adulterio! Si es que está claro que lo que más necesita Estepaís es retirar los crucifijos de las escuelas.
Con razón quieren acabar con internet
Pablo Molina en Libertad Digital
En la sociedad actual sólo se produce un escándalo mayúsculo cuando el protagonista no es de izquierdas o el asunto concreto no está incluido en la agenda progresista. En caso contrario, los grandes medios disimulan y siguen hablando de las mariposas hasta que el estruendo es tan enorme que se ven obligados a realizar una breve reseña. La línea editorial no la modifican, claro, que para eso son medios "independientes", y así podemos asistir a la divertida situación de ver un periódico nacional informando de que la teoría del cambio climático de origen antropogénico es un fraude que no creen ni sus propios valedores, mientras en la sección de ciencia el calentólogo de nómina sigue alertando a la humanidad su próximo fin (los progres son propensos a la grandilocuencia) si no se reducen las emisiones de CO2.
De todas formas, los españoles no podemos quejarnos demasiado, porque nuestros dos principales periódicos sólo tardaron una semana y media en acusar recibo del Climagate, mientras en Gran Bretaña, país del que surgió la noticia, lo han hecho seis semanas más tarde de conocer la información.
Ahora que estamos seguros de que Zapatero va a realizar una política liberticida en internet (ha afirmado dos veces lo contrario) es un buen momento para recordar que es precisamente este medio el que ha permitido que la verdad de la estafa climática salga a la luz, como anteriormente ocurrió con otros escándalos que los políticos y sus medios afines decidieron ocultar.
En España hemos estado solos durante muchos días informando a los lectores de esta canallada seudocientífica subvencionada por los políticos. En lo que respecta a los medios de comunicación profesionales, Libertad Digital ha estado en solitario cumpliendo con su deber, que es la forma más elegante y honesta de disfrutar la soledad, junto con centenas de blogs particulares que se han hecho eco de este escándalo aportando valiosa información en muchos casos. Se comprende que el fenómeno de internet preocupe mucho a los políticos, porque les priva del monopolio de decidir qué pueden o no conocer los ciudadanos, y a los medios tradicionales, cuyos peajes ideológicos les obligan a difundir únicamente las "verdades" tamizadas del poder. Precisamente por eso, los intentos de intervenir en la red arrogándose el derecho de cerrar los sitios incómodos debería preocuparnos a todos. Han empezado amenazando a las páginas que enlazan contenidos audiovisuales, pero no cabe dudar de que es sólo la puerta por la que el poder político entrará en internet y una vez dentro, expulsarlo será una misión casi imposible.
No se puede tolerar el menor ataque de los gobiernos hacia las nuevas tecnologías de la información, porque nuestra libertad es lo más importante. Incluso más que la discografía completa de Ramoncín y las obras completas de Suso del Toro, lo más descargado de internet a escala mundial desde hace décadas como es bien conocido.
González-Sinde, escudo de Zapatero
Antonio José Chinchetru en Libertad Digital
La ministra González-Sinde ha sido derrotada en su intento de colar de rondón la creación de una comisión del Ministerio de Cultura que pudiera cerrar sin intervención judicial páginas web por supuesta violación de derechos de autor. Ese iba a ser, por lo que parece, el famoso modelo español para combatir las denominadas descargas ilegales por internet. Sin embargo, ¿es eso cierto? No del todo.
El problema del anterior planteamiento es que no identifica de forma correcta a los actores. Por mucho que Rodríguez Zapatero haya salido a desautorizar a su ministra de Cultura, no es creíble que él no supiera de la inclusión de la famosa cláusula. Para empezar, el propio jefe del Ejecutivo había anunciado a bombo y platillo, y como para mayor gloria de él mismo, el proyecto de ley en cuestión. ¿Acaso haría algo así si no conociera su contenido? Una respuesta positiva a esta última pregunta sería como para ponerse a temblar al implicar una gran irresponsabilidad por parte del inquilino de La Moncloa.
Pero no queda ahí la cosa. Aunque muchos parezcan haberlo olvidado, la polémica medida había sido incluida en un proyecto de ley de un ministerio diferente al de González-Sinde. En concreto, el texto entra dentro del ámbito de responsabilidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Resultaría extraño que Elena Salgado no informara a su jefe de la inclusión de contenidos procedentes de otro departamento. Si hubiera actuado de esa manera, Zapatero debería plantearse muy en serio su inmediata destitución.
Recordemos además que no es la primera vez que desde un Gobierno presidido por Zapatero se intenta sacar adelante una medida así. Los borradores del proyecto de la LISI, con la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, eran todavía peores. Llegaban a incluir a las entidades de gestión de derechos de autor entre las "autoridades competentes" para cerrar páginas web. Y en aquel entonces la ministra de Cultura era Carmen Calvo, no Ángeles González-Sinde. Quien sí ocupaba su cargo actual era el jefe del Ejecutivo. Esto suena a reincidencia.
Rodríguez Zapatero ha mostrado una gran cintura política. Se intenta colar de rondón una medida tan impopular como violadora de derechos fundamentales en una norma en la que nadie se la espera. Cuando se descubre, quien da en principio la cara es la más impopular de todos los ministros, González-Sinde. No le queda más remedio que convocar una reunión a un grupo de periodistas on line, blogueros y empresarios de internet (que, como ellos mismos recuerdan, acudieron a título propio y no como representantes de nadie). El encuentro fue, por lo que contaron los asistentes, de todo menos agradable e incluyó el intento de comprar voluntades.
El escenario estaba listo para que se focalizara en la ministra de Cultura el enfado de miles de ciudadanos y Zapatero pudiera vender su inocencia. No nos engañemos, es posible que en el futuro vuelvan a intentarlo, con Sinde o sin ella. El presidente encontrará a quien culpar si las cosas vuelven a salirle mal.
Arrogarse y descargarse
Maite Nolla en Libertad Digital
Zapatero no sólo es el promotor del estatuto de Cataluña, en el que cualquier ilegalidad tiene acomodo, sino que su partido preside, dirige y cobra del famoso CAC, que ya dijo que quería extender sus atribuciones, es decir, su censura, a internet. Y el CAC es lo mismo que el consejo que quieren crear la ministra y Zapatero: un órgano administrativo capaz de censurar a un medio –en este caso, una página– sin intervención judicial.
La prensa ahora encubre el Watergate
Una cosa es que la ecología sea importante y que el cambio climático pueda llegar a suponer un problema en el futuro: son asuntos abiertos a un intenso debate científico que en absoluto hay que rechazar o perder de vista. Otra, muy distinta, es dar pábulo a cualquier información tergiversada, sin base científica alguna, para justificar el cercenamiento de nuestras libertades. La tragedia precisamente está en que hace unos 35 años, la prensa libre e independiente destapó el Watergate y hoy ha contribuido a encubrirlo.