Vísperas catalanas

José García Domínguez en Libertad Digital

Como bien sostiene Pío Moa, uno de los lugares comunes más vacuos de la jerga política hispana es el cargante latiguillo que prescribe "mirar al futuro". Ocurre al invariable modo, en cuanto el mando desea saldar el menor atisbo de debate ordena, imperativo, husmear en el futuro. Ahora, con ocasión del fallo del Estatut, tanto Rajoy como Zapatero han vuelto a aferrarse a esa absurda convención retórica. Y es que nada hay que ver en el futuro por la muy prosaica razón de que allí no hay nada. Al contrario, quien aspire a comprender la realidad habrá de girar la vista hacia el pasado. Siempre, sin cesar, constantemente.

El verdadero derecho a internet

Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital

El poder no puede crear derechos. Estos pertenecen a todo ser humano por el hecho de serlo y son, como decía la Declaración de Independencia, inalienables. El poder lo que puede hacer es o bien reconocerlos y protegerlos o bien violarlos, que es lo que ha hecho casi siempre desde que el mundo es mundo. Son los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad; esos que se llaman "negativos" porque para respetarlos basta con no atacar a los demás.

Pero durante el siglo XX los socialistas de todos los partidos decidieron que, puesto que sus propuestas obligaban a violar estos derechos, debían llamar a todas las medidas que apoyasen "derecho", y así justificar que estuvieran cargándose nuestras libertades. Si el "derecho a una información veraz" está al mismo nivel que la libertad de expresión, entonces está justificado montar tribunales administrativos de orden público que impongan multas y quiten licencias de emisión a quienes no digan lo que los socialistas quieren que se diga.

La última moda, inaugurada por Finlandia pero que ya amenazan con seguir con entusiasmo las demás socialdemocracias europeas, consiste en considerar el acceso a internet a una velocidad mínima de 1 Mbps como un "derecho fundamental" que debe garantizarse a un "precio razonable", que ha cifrado en 30 o 40 euros. La traducción de este grandilocuente enunciado es que dicha conexión debe ofrecerse en régimen de "servicio universal", de modo que aunque uno viva en una cabaña de Laponia donde hace años que no llega nadie y ni siquiera se ha enterado de que las copas de Europa ahora se llaman champions lij, las operadoras de telecomunicaciones deben darte internet si lo pides a 40 euros al mes como mucho.

Cuando nos quitamos de encima la retórica socialdemócrata nos daremos cuenta de que esto es ni más ni menos que una redistribución de la renta, darle a unos lo que le quitamos a otros. En este caso es menos visible, porque no es el Estado quien lo hace, sino los operadores, que cobrarán más a los usuarios que viven en el centro de Helsinki a dos metros de la centralita para poder pagar las conexiones de quienes viven a tomar viento de la civilización occidental, y que los 40 euros al mes no son capaces de sufragar ni de lejos. Pero lo llaman "derecho", y todo son "ahs" y "ohs" de admiración por los grandes avances de los países escandinavos.

Eso no es dar derecho a internet, sino obligar a unos a pagar a otros. Que oye, que puedes estar a favor de eso, pero sería un detallazo que lo llamaras por su nombre.

Lo que sí es tener derecho a internet es que el Gobierno no pueda bajo ningún concepto prohibir a un operador dar servicio a un cliente si ambos están de acuerdo en los términos. Es decir, es reconocer que el Estado no nos puede quitar algo que los ciudadanos ya tenemos. Tener derecho a internet es la no existencia de leyes como la francesa de los tres avisos. Tener derecho a internet es que el Estado no censure los contenidos que no quiere que veas. Tener derecho a internet, en definitiva, es lo que disfrutamos en general en los países occidentales, y de lo que carecen en Cuba, China, Irán, Túnez y demás países admirados por el tenaz Moratinos. Hagan el favor de no desvirtuar algo tan valioso llamando "derecho" a la última ocurrencia de unos políticos parar lograr, dicen, que el 99% de los ciudadanos se conecten a internet, enorme salto cualitativo frente al 96% que lo hace en la actualidad.

Los insumisos no quieren competencia

Pablo Molina en Libertad Digital

La democracia sólo es aceptable para la izquierda cuando el resultado coincide con sus deseos. Si no es así se utiliza el accidente de un petrolero, una guerra lejana en la que no tenemos soldados o una masacre terrorista para hacer valer la voz de la calle, la misma que desprecia cuando ocupa el poder, vulnerando el estado de derecho y rebelándose contra los gobernantes legítimos.

Ocurre igual con la libertad de expresión, que sólo es aceptable cuando el sujeto expresa lo que dice la izquierda, quedando ese derecho inmediatamente suspendido si el ingenuo se atreve a opinar en fuera de los límites establecidos por el cotarro progresista.

Con la decisión del presidente murciano de no aplicar la nueva ley del aborto con carácter preventivo, asistimos al divertido espectáculo de unos profesionales de la rebelión contra el orden establecido exigiendo al díscolo representante de la derecha que se someta a los mismos principios que ellos rechazan de forma pública y contumaz cuando las decisiones no les convienen.

Los mismos que desde lo mediático justifican las huelgas salvajes que paralizan una ciudad a despecho de la normativa vigente en materia de servicios mínimos, y desde lo autonómico impiden a los ciudadanos ejercitar los derechos que las leyes les reconocen, exigen al partido rival que lleve a la práctica lo previsto en una ley pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional, aunque de ello dependa la vida de decenas de seres humanos no nacidos.

Y el caso es que tampoco es que Ramón Luis Valcárcel haya puesto en cuestión el sagrado dogma del "derecho al aborto" promulgado por Zapatero, porque la región de Murcia está entre las primeras en la clasificación porcentual de abortos y aquí se va a seguir abortando sin impedimentos en función de lo establecido por la anterior ley para seguir en la cabeza de la tabla.

Es sólo que a la izquierda le fastidia que los demás pongan en cuestión sus imposiciones, porque esa es una facultad que se ha atribuido en exclusiva como llevamos viendo desde hace ya demasiado tiempo. ¿Les molestan los insumisos? Pues que ordenen detener al alcalde del Puerto de la Selva, provincia de Gerona, y de paso que se entreguen a la autoridad todos los que llevan meses en abierta rebelión contra el orden constitucional. Entonces hablaremos de Valcárcel.

El Constitucional no puede llegar tarde de nuevo

Editorial de Libertad Digital

La del aborto, redactada por las feministas al servicio de Zapatero, es una ley más que discutible desde el punto de vista moral y de la fría perspectiva jurídica. El aborto no debe nunca ser un método anticonceptivo, ni una solución de urgencia para parchear una irresponsabilidad cometida por adultos en uso pleno de sus facultades. Tampoco debe ponerse al alcance de las menores de edad ni fomentarse desde el poder como una presunta liberación para las mujeres. La ley que entró en vigor ayer consagra todo lo anterior y lo hace violentando los principios jurídicos que, hasta el momento, han fundamentado todas las cuestiones relativas al aborto.