Orwell en la España de Zapatero

José Carlos Rodríguez en Libertad Digital

Las 33 páginas del anteproyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación nos llevan, ya desde el tí­tulo, a un mundo orwelliano. sin ironías ni como una denuncia, sino como un objetivo deseable. En el planeta pajillesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.

Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en... bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos"de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.

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Mienten los calendarios, estamos en 1984.

El PSOE prepara su ley de blasfemia

Victoria Llopis en Libertad Digital

Desde que Moncloa emitió el 7 de enero la nota de prensa informando del anteproyecto de ley "antihumillaciones" impulsado por la ministra Pajín, la red se ha desparramado con todo tipo de chanzas al respecto: "multarán por llamar feo", prohibirán los piropos... Pero según se va leyendo más gente el siniestro anteproyecto, van saltando las alarmas: los colegios con la opción pedagógica de educación diferenciada serán excluidos de los conciertos, no podrás negarte a alquilar tu casa a, por ejemplo, un inmigrante sin trabajo, podrán cerrarse empresas que "discriminen", etc, etc. Como bien apunta la redactora de la noticia, teniendo en cuenta que esta ley se aplicaría prácticamente en todos los ámbitos –empleo, asociaciones de todo tipo, educación, sanidad, servicios sociales, bienes y servicios y medios de comunicación–, no habrá parcela libre de la amenaza de cierre o fin de actividad si comete una infracción que sea considerada como "extraordinaria".

Como la motivación oficial, al parecer, es evitar las humillaciones a los españoles, nos preguntamos: ¿es que hasta el anteproyecto Pajín los españoles estábamos humillados? ¿No teníamos quién nos defendiera? Es obvio que la Constitución española y su ordenamiento jurídico tenían suficientes instrumentos para impedir y castigar humillaciones y discriminaciones objetivas en cualquier campo. Por ahí no va el tema, pues. Lo confirma también el hecho de que esté contemplada una "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación", que al artículo 38 del anteproyecto prevé sea "organismo público de carácter unipersonal", y que –échense a temblar– tendrá potestad para investigar, por iniciativa propia, la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad o relevancia. También tendrá la facultad de ejercitar acciones judiciales, de solicitar la intervención de las administraciones y la Fiscalía. O sea, un super-comisario político, por encima del sistema judicial. Para rematar la amenaza, se contempla la llamada "inversión de la carga de la prueba", es decir, fin de la presunción de inocencia; cualquier acusado de haber discriminado a alguien, tendrá que demostrar que no lo ha hecho.

Algunos empiezan a ver que, curiosamente, gracias a esta ley-Pajín, se tendría que derogar, por ejemplo, la actual ley antitabaco, porque los fumadores estarían discriminados si quisieran fumar en cualquier local público, y eso no se puede consentir. La esquizofrenia y pulsión totalitaria de estos necios lleva a estas paradojas.

Como la Sra. Pajín invocó para presentar las bondades de su anteproyecto, ¡cómo no! a los países de nuestro entorno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de qué se hace por Europa y Estados Unidos con normas de este tipo llevadas hasta el extremo por los particulares talibanes que las promueven e interpretan. Y digo talibanes porque éste es justamente el punto clave: la motivación última es impedir en la sociedad la libertad de opinar, actuar y moverse con criterios diferentes de los propugnados por la "nueva religión" que empieza a imponerse en Occidente, y que gira en torno a tres parámetros fundamentales: laicismo agresivo con tintes cada vez más claros de cristianofobia, feminismo de género con promoción de la agenda del lobby gay, y odio a la sociedad abierta y el libre mercado.

Uno de los primeros casos que ya en 2004 alcanzó notoriedad fue el del pastor luterano Ake Green, que fue condenado a la cárcel por predicar en su iglesia sobre el pasaje de la Carta de San Pablo a los Corintios sobre la homosexualidad. Aunque se limitó a exponer la doctrina de San Pablo, fue denunciado y condenado por "incitación a la violencia".

En marzo de 2007 una asociación metodista de New Jersey no quiso dejar sus locales privados, que tenían unas bonitas vistas al mar, a unas lesbianas para que celebraran en ellos su "boda". El tribunal falló que la asociación había violado las leyes anti-discriminación de New Jersey, aunque admitía que se trataba de una propiedad privada.

En febrero de 2008, se multó con 63.000 euros a un obispo anglicano que se negó a contratar como monitor de jóvenes a un hombre homosexual, entendiendo que era una discriminación por razón de orientación sexual, sin atender a las razones del obispo: no quería contratar para cargos de confianza en las actividades de su iglesia a personas que están en contra de la moral cristiana.

El año pasado, un padre de familia americano terminó siendo encarcelado por pedir que en el colegio no inculcaran a su hijo de 5 años que las uniones homosexuales eran moralmente aceptables, porque eso iba a contra de sus convicciones.

Hace un año, la ministra de Igualdad británica soltó un globo-sonda similar, anunciando un proyecto de ley que expresamente tenía en el punto de mira a la Iglesia Católica en el país, y pretendía obligar a la jerarquía a no impedir que sus sacerdotes puedan casarse, tener abiertas conductas homosexuales, realicen operaciones de cambio de sexo, mantengan estilos de vida abiertamente promiscuos o realicen cualquier otro tipo de actividades que sean reconocidas como formas legales de expresión sexual. Y naturalmente, no podrán rechazar como candidatas a mujeres que se presenten para ser ordenadas. No hemos vuelto a tener más noticias del tema; suponemos que se debe a que la sociedad y la clase política británica no han perdido completamente la cordura.

Sin haberse aprobado aún la ley Pajín, en España ya es palpable que no hay libre circulación de ideas, si éstas chocan con la "nueva religión", como ha ocurrido también hace unos días en la Universidad de Sevilla, donde se ha impedido que se promocionara el libro de un terapeuta americano. La diputada Rosa Díez, el escritor Pío Moa, y otros muchos relevantes "disidentes" del discurso oficial hace tiempo que son violentamente acallados en sedes universitarias. Las razones son distintas del motivo tratado en este artículo, pero el clima que los propicia es hijo del mismo humus ideológico talibán que inspira a la Sra. Pajín y al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

"¿Qué ha hecho Mahoma por vosotras?". Esta simple pregunta ha condenado a muerte a la cristiana Asia Bibi, a tenor de lo que prevé la ley de blasfemia que marca en Pakistán una línea roja: todo lo que cuestione al islam, merece la muerte.

En España, todo lo que cuestione al laicismo radical, al lobby gay, al intervencionismo estatal asfixiante va a merecer la cárcel, la multa, la muerte civil.

El PSOE prepara su ley de blasfemia. Si se aprobara, la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y el derecho a la propiedad privada habrán muerto definitivamente en España.

La conexión murciana de Palin

Juan Manuel de Prada en ABC

ME ha flipado bastante el aquelarre que la prensa mundial ha montado, convirtiendo al Tea Party y a Sarah Palin en instigadores de la matanza de Tucson. Uno está acostumbrado a esa suerte de impunidad moral con que se desenvuelve la izquierda, repartiendo a discreción anatemas entre las filas adversas; también se ha habituado uno a que la izquierda asigne al adversario ideológico el papel de archivillano en la tragedia de la Historia, reservándose para sí el papel de corderillo pacífico, con desprecio olímpico de la realidad; pero este aquelarre desborda la copa de la verosimilitud, para derramarse por los lodazales del delirio rocambolesco. No es que Loughner, el mozalbete que se lió a tiros con la congresista Giffords, no tuviese relación alguna con el Tea Party; es que parece exactamente el antípoda del retrato-tipo del acólito del Tea Party con el que, durante meses, la prensa izquierdista ha estado apedreándonos las meninges. Y, más allá de que Loughner revelara —en sus hábitos, lecturas y aficiones— proclividades que lo aproximan más bien a la izquierda antisistema, lo que parece fuera de toda duda es que se trata de un tarado con manías paranoides que aliviaba su soledad eyaculando incoherencias y procacidades por las redes sociales.

A este elemento la prensa de izquierdas le ha adjudicado sin empacho la condición de secuaz de Sarah Palin; y, como si nos halláramos ante un caso inexplicable de abducción universal, tal majadería ha sido rumiada por sesudos analistas, glosada en tertulietas y, en fin, incorporada al inconsciente colectivo como si de un mantra se tratara. Lo de menos es que el tal Loughner jamás haya pertenecido al Tea Party, ni mostrado adhesión alguna a Palin, ni defendido ninguna de las posiciones por las que tal movimiento o tal señora se han significado. Basta con que tal movimiento o tal señora hayan editado un mapa en el que se señalaba con dianas a varios congresistas demócratas y a sus respectivas circunscripciones como objetivos electorales para que se les considere «autores intelectuales» de la matanza. Señalar a los adversarios con dianas tal vez sea una metáfora excesiva; pero aun aceptando, que es mucho aceptar, que tal mapa sea una «incitación al odio», para relacionar tal mapa con la matanza de Tucson es preciso establecer una asociación desquiciada que la razón repudia.

Y en ese tipo de asociaciones irracionales, manipuladas emotivamente, la propaganda izquierdista se ha revelado maestra. Claro que tales asociaciones serían imposibles si previamente no se hubiera impuesto la creencia de que la violencia es una suerte de tic o pulsión irrefrenable de la derecha, un ingrediente constitutivo de su código genético; o, dicho en términos teológicos: una mancha de pecado original que arrastrará mientras exista. De nada sirve que la realidad refute abrumadoramente tal creencia, prodigando por doquier —lo mismo antaño que hogaño— ejemplos de violencia ejercida por la izquierda como método válido de convicción social y asalto al poder. La violencia, en el imaginario colectivo, se ha convertido en patrimonio exclusivo de la derecha; y la propaganda izquierdista puede permitirse desahogos como este aquelarre montado en torno a la matanza de Tucson. Mientras escribo este artículo, leo que han aporreado al consejero de Cultura del Gobierno de Murcia, quebrándole la mandíbula. Siendo el instrumento de agresión un «puño americano», la prensa izquierdista no debería vacilar el atribuir la agresión a un secuaz murciano de Sarah Palin; y, tirando del hilo, tal vez descubra que en Murcia hay montado un Tea Party clandestino.

Nada es seguro en Túnez

Gabriel Albiac en ABC

NO basta con derrocar a un dictador para poner en pie una democracia. Los que tienen mi edad recuerdan el chasco de 1979. En un Irán donde iba a instalarse, desde entonces, el nudo de las tormentas de después de la guerra fría, tras el inicio de una guerra de religión —la declarada por la Yihad a los infieles— con la cual habremos de pechar aún por muchos años.

Con explícito apoyo norteamericano —y una imprevisión muy de Jimmy Carter—, la salida a la calle en masa de una población iraní hastiada de la crueldad cleptócrata del Shah, tenía todos los atributos para fascinar a los ojos occidentales. Unanimidad de la población frente a un tipo ciertamente odioso, entusiasmo de un pueblo en busca de su regeneración moral tras décadas de corrupción y de ejercicio tiránico del poder. Había, bien es cierto, unos pintorescos tipejos mezclados en la fiesta. Barbudos y uniformados de los pies a la cabeza. Clérigos que, en el primer momento, sólo nos daban risa. A fin de cuentas, ¿cómo un país tan profundamente occidentalizado como Irán iba a hacer demasiado caso de aquellas reliquias rancias del pasado? Con la inestimable ayuda de todo el occidente democrático, el guía espiritual de los barbudos, un tal Ruhollah Jomeini, fue restaurado en la primacía de los ayatollahs. Y la ciudad sagrada de Qom pasó a ser el único centro de gravedad iraní. Los primeros políticos que soñaron hacer del país recién salido de la tiranía una democracia fueron desapareciendo: algunos tuvieron la suerte de poder huir (es el caso de Bani Sadr, que fue el primer Presidente de la República, antes de entrar en conflicto con un Jomeini que lo fulminó). Otros fueron asesinados. En Irán mismo o bien fuera de sus fronteras. La sentencia dictada por un Guía Supremo (autoridad en Irán muy por encima de la del primer ministro) no conoce límites ni en espacio ni en tiempo. Al cabo de muy pocos meses, las mujeres con pantalón vaquero y sin velo desaparecieron de las calles. Y, al fin, el código islámico, la sharía vino a ser la única legalidad de la nueva República Islámica iraní. Se lapidó adúlteras. Se ahorcó homoexuales. Fueron cortadas manos de ladrones. Todo para gran espectáculo, regocijo y aprendizaje públicos. Hoy, un Irán a punto de construir sus armas nucleares es el mayor peligro militar del planeta.

La revuelta que ha acabado en Túnez con un gobernante corrupto (o sea, lo normal en la política del mundo árabe), Ben Ali, se parece demasiado a aquella entusiasta oleada de jóvenes iraníes del año 1979 como para no desasosegarme. Porque es cierto que, en las movilizaciones que acabaron con Rezah Pahlevi, participó lo mejor de la juventud ilustrada y democrática iraní. Como es cierto que fue aniquilada en los años que siguieron. Físicamente. En el paredón o en la horca. Y que quienes soñaron desde Europa ver en la chusma de Jomeini un aliado providencial del mejor futuro -el caso más amargo fue el de Michel Foucault- cargaron para siempre con el remordimiento de no haber entendido nada.

Ben Ali ha huido. Hostigado por quienes claman por la democracia en Túnez. Pero no son ellos quienes han recogido el poder. Es el ejército. Tan corrupto como Ben Ali. Los clérigos y Al Qaeda aguardan su hora.