El paro, la tragedia que no cesa

Editorial de Libertad Digital

Es hora de acometer reformas en profundidad sobre el rígido y obsoleto sistema de relaciones laborales que impera en España desde tiempos del franquismo. Un sistema que fomenta la improductividad, nos condena a liderar siempre y en cualquier circunstancia las listas de desempleo de la OCDE y que, por culpa de los privilegios adquiridos, envía de un modo masivo al paro a las generaciones más jóvenes, provocando un síndrome de expectativas disminuidas como los que padece la juventud de muchos países del Tercer Mundo.

Lo que nos debe quedar claro es que el problema del paro, que ya ha adquirido tintes de tragedia nacional, no se va a solucionar solo ni aplicando viejas recetas. Un desafío para nuestra clase política que, de una vez por todas, debe abandonar las supercherías autocomplacientes en las que retoza desde hace más de treinta años. Ha llegado el momento de que nuestro mercado laboral haga la transición a la democracia.

Viñeta de Montoro en La Razón

Los internautas criminales

Juan Manuel de Prada en ABC

A Manuel Gutiérrez Aragón se le ha atribuido una frase la mar de simpática: «No hay que dar ninguna tregua a los internautas, porque es como pactar con los terroristas». Frase que tal vez sea apócrifa, pero que desde luego es inconsecuente, pues si hay algo que distinga a terroristas e internautas es que con los primeros se ha pactado repetidamente.

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La llamada «ley Sinde» será un fracaso sin paliativos, porque no se puede poner puertas al campo ni mantener artificialmente la respiración de un muerto; a menos, claro está, que se pretenda encerrar a todos los internautas en un inmenso, desquiciado, pesadillesco campo de concentración, para intentar mantener vivo al zombi. Que eso es, al fin y a la postre, lo que pretenden quienes identifican a los internautas con criminales: convertir el mundo en una cárcel orwelliana.

Rubalcaba apunta a internet

Antonio José Chinchetru en Libertad Digital

Es un mal asunto que Rubalcaba vincule la existencia de internet con la del terrorismo "internacional". No se ha limitado a señalar algo que todos sabemos, que los terroristas utilizan la red para comunicarse y difundir sus mensajes (al igual que usan los teléfonos para hablar, los coches para desplazarse o las casas para esconderse). Muy al contrario, ha afirmado que sin la red no existiría ese tipo de terrorismo al que desde el Gobierno tanto cuesta calificar de "islamista" o "islámico" (sin que esto último quiera decir que todos los musulmanes sean miembros de Al-Qaeda, Hamas, Hizbollah y otras organizaciones similares).

Lo que ha hecho el ministro del Interior es criminalizar la red en su conjunto sin fundamento alguno. Las redes de terroristas que actúan en diversos países, con independencia de sus objetivos y naturaleza ideológica, existen desde mucho antes de la invención de internet. Grupos como la OLP y Septiembre Negro se dedicaban a asesinar, secuestrar aviones o barcos y capturar rehenes en todos los continentes desde antes de que se hiciera algo parecido a comunicar unos ordenadores con otros a través de la línea telefónica. Y no sólo eso. Durante la segunda mitad del siglo pasado, grupos terroristas como ETA, IRA, la Fracción del Ejército Rojo o las FARC colaboraban entre sí y con muchos otros sin necesidad de páginas web y correo electrónico.

Incluso limitándonos al terrorismo islamista, este es también anterior a la red. Sólo por poner un ejemplo, el iraní Hizbollah se fundó entre 1977 y 1979. De hecho, su patrocinador, el régimen de los ayatolás, lleva apoyando a grupos similares en varios países desde que Jomeini tomara el poder en Irán en 1979.

Pero lo más preocupante de las declaraciones de Rubalcaba no es la falta de conocimiento de la historia del terrorismo de la que hace gala. Lo peor es que si un ministro del Interior señala a "internet" como una de las causas de dicho terrorismo, puede tener en mente medidas coactivas para la libertad en la red. Durante la década pasada, y con la alarma mundial causada por los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, en todo el mundo se impusieron normas (en gran medida todavía vigentes) que lesionan los derechos de los ciudadanos en internet (como el secreto de las comunicaciones o la intimidad) al tiempo que no ofrecen una gran eficacia. Máximo ejemplo de eso son la Patriot Act en Estados Unidos junto a la directiva de retención de datos en Europa y su transposición a la legislación de los estados miembros de la UE.

Por tanto, nada bueno se puede esperar. Y menos aún si se tiene en cuenta el poco respeto por los derechos de los ciudadanos en internet que ha demostrado este Gobierno –con el apoyo final de un PP que ha preferido ponerse del lado de los cantantes y demás "culturetas" en vez de junto al resto de los españoles– en todo el asunto de la Ley Sinde.

Esperemos que la declaración de Rubalcaba se quede en una de esas muchas cosas (en numerosas ocasiones escritas por asesores) que numerosos políticos dicen en una conferencia para rellenar tiempo y no señale futuras normas lesivas para la libertad en internet. En definitiva, que tras una "Ley Sinde" con la excusa de los derechos de autor no venga una "Ley Rubalcaba" que traten de justificar con la lucha contra el terrorismo. También en internet hay que luchar contra el terror, por supuesto, pero sin dañar la libertad de expresión o la intimidad de los ciudadanos.

Méndez, Toxo y ZP nos hacen un "chamosa"

Pablo Molina en Libertad Digital

El régimen público de previsión social, eso que los pusilánimes llaman "uno de los vértices del Estado del Bienestar", es una estafa piramidal en función de la cual el Gobierno te roba una parte de tu salario para pagar los subsidios actuales, a cambio de la promesa de que cuando tú te jubiles habrá los suficientes pardillos en activo como para hacer lo propio contigo. En el proceso desaparece el ochenta por ciento de todo lo que has pagado a lo largo de tu vida laboral, pero asombrosamente es un robo que el español medio acepta con la mejor de sus sonrisas, porque encargarse de su propia jubilación le produce un pánico insuperable.

Queremos que López i Chamosa gestione nuestra jubilación y luego nos escandalizamos de la magnitud del latrocinio, una reacción absurda porque es lo que ocurre invariablemente cuando entregamos a los políticos la capacidad de decidir sobre nuestras finanzas. Si, además, en el conciliábulo parlamentario en que se decide la cuantía del robo una de las voces autorizadas es la de la oronda académica del PSC, el resultado no puede ser otro que el que finalmente han rubricado los sindicatos y ZP tras la tradicional cena copiosa y los dos paquetes reglamentarios de tabaco.

Es preocupante que los chamosas decidan cuándo tenemos que dejar de trabajar y a cambio de cuánto dinero, pero mucho más lo es que el borrador de intenciones surgido de la comisión parlamentaria de la que forman parte deba ser validado por los sindicatos llamados mayoritarios. Méndez y Toxo, junto al presidente del "sindicato de productores" y ZP, acuerdan la reforma del sistema público de pensiones aumentando la intensidad del robo institucional, y asombrosamente no hay una manifestación espontánea de los dieciocho millones de cotizantes actuales exigiendo a los cuatro que saquen sus sucias manos de nuestro dinero.

Está visto que la estafa de las pensiones públicas va a perdurar en España durante muchas generaciones, por eso lo único que cabe exigir es que nos dejen fuera del sistema a los que no queremos permanecer en él ni un segundo más. Queremos sufrir los rigores del capitalismo y depositar nuestro dinero únicamente en planes de ahorro privados como ZP, que los contrata a pares. Y si nos arruinamos lo asumiremos con gallardía. Preferimos compartir el destino financiero de ZP a continuar sometidos al despojo solidario del clan de los chamosas. Cuestión de gustos.