Somos los primeros en reconocer que la parcialidad y el sectarismo progubernamental en los servicios informativos de RTVE –incluido Los desayunos de RTVE, que dirige Ana Pastor– no quedan muy a la zaga a los que se pueden detectar en los programas de La Sexta, cuyo director es, precisamente, el marido de Ana Pastor, Antonio García Ferreras. No nos extraña, en este sentido, que los socialistas –incluido el presidente de Castilla- La Mancha, cuya jefa de prensa es Mercedes Pastor, hermana de Ana– estén encantados con la "imparcialidad" del ente público que dirigen políticamente.
No seremos nosotros tampoco los que nieguen, entre muchos otros ejemplos, el desigual trato que se da en RTVE de los casos de corrupción, dependiendo del color político de sus protagonistas, o de la edulcorada imagen que transmiten de la crisis económica o de la práctica ocultación de asuntos tan graves e incómodos para el Gobierno como el chivatazo policial a ETA. Es más: el propio enfrentamiento dialéctico que la periodista Ana Pastor se ha permitido protagonizar –supuestamente como presentadora de su programa– contra la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la tibia y timorata denuncia que su partido ha hecho contra la falta de imparcialidad de RTVE, es también una elocuente muestra de esa falta de "neutralidad" que –se supone– debería imperar en un servicio público.
Sin embargo, y a diferencia del comunicado con el que el sindicato USO ha denunciado que Pastor se haya erigido indebidamente en "portavoz de plantilla", no consideramos que la periodista sea un "agente político". El problema ni siquiera es que Ana Pastor simpatice ideológicamente con el Gobierno y que se le note. El problema, que en modo alguno se puede circunscribir a esta o cualquier otro periodista, es que RTVE es un ente público que se financia coactivamente a cargo, en última instancia, del contribuyente.
En este sentido, la libertad de información y de opinión ampara la inevitable subjetividad, incluso el sectarismo y las simpatías ideológicas que podemos ver en algunos medios de comunicación, como otros podrían verlos en nosotros. Pero eso no es un problema porque nadie obliga a leer, ver, escuchar ni, sobre todo, a financiar a Libertad Digital, ni la La Sexta, ni a Público, ni a cualquier otro medio de comunicación privado. El problema, sin embargo, sí que existe cuando se obliga a los ciudadanos vía impuestos a financiar un medio de comunicación que, para colmo, tiende inevitablemente a alinearse con el Gobierno de turno del que depende.
La factura de esa innecesaria y anacrónica existencia de medios de comunicación estatales, abocada a la utilización partidista, es además escandalosamente elevada. Con un presupuesto que superaba con creces los 1.200 millones de euros –un importe que equivale al de la congelación de las pensiones–, RTVE cerró el ejercicio de 2010 con un déficit de 60 millones de euros. Otro tanto se podría decir del despilfarro y de la utilización partidista de las numerosísimas cadenas de televisión autonómicas, con independencia del color político de sus Gobiernos.
La solución tanto para esa falta de imparcialidad política como para el despilfarro del dinero del contribuyente que suponen las televisiones públicas pasa, pues, por la privatización de todas ellas. La existencia de televisiones privadas que emiten en abierto es la prueba más palmaria del obsceno despilfarro que, a cargo de todos, representa la existencia de unas televisiones que están al servicio del Gobierno de turno.
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