Credibilidades

Ignacio Camacho en ABC

Este Gobierno que niega toda credibilidad a los terroristas de ETA fue el primero en otorgársela cuando se sentó con ellos en una negociación política. Y muy amena, según los indicios. Cuando te sientas con un puñado de asesinos en una mesa formal, rodeado de intermediarios internacionales e intérpretes —de euskera, cabe colegir—, cualquiera pensaría que los tomas en serio. Ellos también lo pensaron, sin duda, al punto de que levantaron unas actas igual que los mediadores redactaron las suyas. Rubalcaba dice que esos papeles no tienen crédito porque los han escrito unos canallas. Puede ser. Pero más que creer o no creer, lo razonable es verificar si lo que dicen es falso o es cierto. Si nadie comprobase nunca las declaraciones de los malhechores, muchos crímenes, incluidos los de ETA, quedarían impunes porque la justicia se basa a menudo en los testimonios de los delincuentes. El caso GAL, sin ir más lejos, se aclaró gracias a la confesión de un rufián con todas las letras, un policía corrupto, un sicario cuya revelación resultó ser cierta. También entonces el portavoz del Gobierno se defendió diciendo que no había que creer a un truhán de esa especie. Y, qué casualidad, ese portavoz era… el mismo Rubalcaba.

En punto a credibilidad, y salvando las amplísimas distancias comparativas, este Gobierno tampoco tiene mucha que digamos. Ha mentido tanto y se ha contradicho tantas veces que resulta imposible encontrarle un discurso coherente. El propio presidente dejó dicho que para él las palabras están al servicio de la política. Es decir, que se utilizan a conveniencia finalista, al margen de su significado y, por supuesto, de su adecuación a la verdad. Verdad, mentira, qué conceptos tan elásticos, tan relativos en boca de un hombre para el que la política es la ultima ratiomoral. Maquiavelo era un becario. ¿Tiene credibilidad un político capaz de pasarse un año entero negando una evidencia tan palmaria como la crisis? Si fue capaz de negar eso contra toda razón y toda lógica, ¿por qué no habría de negar una secuencia mucho más secreta y oscura como la de las negociaciones con ETA?

Las palabras al servicio de la política. Pongamos dos palabras, pronunciadas inmediatamente después del atentado de Barajas. Una: el sustantivo «accidente». Dos: el verbo «suspender», empleado respecto al diálogo con los terroristas. Sendos lapsus de un hombre abrumado por la tragedia, cabía pensar. ¿O tal vez se trataba de dos mensajes cifrados que daban a entender que estaba dispuesto a continuar negociando más allá de la línea roja de la tregua?

Conjeturas, sí. Pero conjeturas verosímiles e indicios acumulados que dejan el rastro de una amarga sospecha. Para disiparla no bastan abstractas negativas amparadas en secretos de Estado o epistemologías de cartón. Hacen falta explicaciones. Muchas. Contundentes. Claras. Es el precio que tiene haberse juntado con un hatajo de canallas.

La banalidad, el mal

Bernd Dietz en Libertad Digital

¿Qué tienen aquí en común el político, el vendedor, el predicador, el intelectual, el actor o el chamán de éxito? Lo que llamamos labia, desvergüenza, carisma, elocuencia, zalamería y ojito. La aptitud de llevarse el gato al agua, cual flautista de Hamelín. De arrastrar ratas, niños y demás voluntarios hasta ahogarlos, embelesados en entusiástica bandería. Mas junto al reconocimiento de que lo que opera es la maña para decirle a la gente lo que ansía oír, analicemos nuestro prurito de resultar engañados. No tanto el perfil profesional de los gurúes y la panoplia de destrezas que determinan su cotización, cuanto la contextura biológica y cognitiva de los resueltos primos. ¿Por qué nos reconforta que nos mientan? ¿Por qué nos repatean el realismo y la razón responsables?

La función crea el órgano. La demanda el producto. La oportunidad el negocio. Si el liberalismo rechaza la prohibición de las drogas no es porque éstas no acarreen adicción o su consumo efectos perjudiciales. Es porque compete a cada individuo renunciar al autoengaño y la servidumbre. Administrar su libertad. Ello no se logra con medidas represivas, que multiplican astutamente la hipocresía y el crimen, según enseñan el Chicago de Capone o el México actual. ¡Cómo hemos degenerado desde que Kant imaginara al hombre dejando atrás una minoría de edad en la que penaba por deméritos propios! Se evidencia en qué pocilga hozamos. La de una clac subalterna, ávida de recibir directrices sobre lo que nos conviene. Una grey que compra lotería anticipando cómo gastará el premio, se conmueve con los telediarios y vota con el prejuicio a flor de piel.

"Miénteme, dime que me has esperado estos cinco años", le pide Sterling Hayden a Joan Crawford en Johnny Guitar. La fe del carbonero. El éxtasis de triunfar en Gran Hermano exhibiendo supina catetez. La confianza en los sacamantecas institucionales, en el humanismo progresista, en el agua bendita. La actitud que adoptamos al conservar esperanza en el fondo de bondad de quienes no paran de regalarnos testimonios de su incombustible vileza. Recordemos a esos alemanes, genuinamente crédulos, sinceros y obedientes, en quienes los nacionalsocialistas avivaron el gusanillo del comunitarismo popular. ¡Qué hermoso fue sentirse conformando una gran familia, sin barreras de clase o rango académico, aunados por un destino manifiesto! Apenas sobraban los judíos, cuyo talento era desmoralizador y mataron a Cristo, como hoy persiguen a los palestinos.

En el timo de la estampita, el más siniestro es el estafado. El tontaina con ínfulas. Verbigracia, los cuatro mil quinientos docentes gallegos quijotescamente pertrechados para lo peor, con tal de no dar clase en español. La función pública, escudilla en ristre. O el tierno eurodiputado del PP, presto a favorecer a los falsos lobbistas. Otros colegas no tuvieron ocasión de picar, pues la tentación les pilló sin el pinganillo y lucen inglés de garrafón. Si estalla este país, o incluso si tras arraigar la lobotomía progresista queda mansurronamente para vestir santos y servir cubalibres, con nuestro solar hecho migas, la culpa no será de los Rajoy o Rubalcaba, que listos como teas rentabilizarán la ruina.

Sin atajos

Eva Miquel Subías en Libertad Digital

Cazo al vuelo y gracias a Twitter la entrevista que José María Aznar le concede a Pedro J. en Veo7. Menudo par. Como para perdérsela.

Así que preparo una bebida estimulante –prefiero obviar sus ingredientes no vaya a ser que pase a engrosar en breve la lista de lo prohibido- y procuro tener a mano lápiz y papel, por si acaso.

Voy a seguir la línea del ex presidente, así que no me andaré con ningún rodeo. Iré directamente al grano. Con lo que, pese a quien le pese, estoy en condiciones de afirmar que disfruté del encuentro en su plenitud. Vamos, me chifló. Fuera corsés, puños apretados para una mayor contención, miradas de dudosa credibilidad, medias sonrisas que dicen sí pero esconden un casi no. Desátame o apriétame más fuerte, parecía pedirle el presidente de FAES al director de El Mundo, tal y como rezaba la canción. Claro, no. Cristalino. Y no saben cómo se agradece en mitad del actual panorama más que sombrío.

Sin apenas pestañear recordó cómo Alfredo Pérez-Rubalcaba había violado la jornada de reflexión previa a las elecciones generales de 2004, algo que la mayoría parece haber olvidado pero cuyo episodio recordamos algunos de manera muy nítida sin haber ocurrido nada al respecto. Apuntó a la búsqueda permanente de atajos por parte del Ejecutivo socialista, con tal de no aplicar el estado de Derecho, con lo que se refirió de manera contundente a la negociación con ETA, a SORTU y la Ley de Partidos. Sin ambages.

Por supuesto se refirió al tiempo político ya agotado por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, habló de la importancia de convocar a los españoles a unas elecciones y señaló cómo el único que realmente tiene algo que decir al respecto de su sucesión se mantiene en silencio. En un misterioso e irresponsable silencio, añadiría.

Sin desperdicio su comentario sobre la cuestión de Libia y sus similitudes o no con Irak, poniendo sobre la mesa, con la aplastante seguridad que te da la experiencia de haber pilotado solito la nave, que la principal diferencia es que él no envió ni una sola tropa de combate, ni un soldado, ni un submarino, al tiempo que mostraba su indisimulada extrañeza al respecto de cómo se puede proteger a la población civil de Bengasi mientras se bombardea Trípoli. Remítanse –apuntó con mirada socarrona- a la página web del Ministerio de Defensa. Oído cocina.

Algunos podrían acusarle de ir de "sobradete". Quizás si. Pero cuando se ha tratado a alguien de forma tan manifiestamente injusta y se ha empleado el "todo vale" contra su persona, es lo mínimo que se le puede permitir. Y el tiempo, además, no sólo ya le está dando, sino que acabará por darle enteramente la razón en muchísimos aspectos tan sectariamente tratados. Otro día los enumeraremos.

"Probablemente contra Bush estaba todo justificado aunque la doctrina sea la misma", apuntó José María Aznar casi al final de su intervención. Y contra ti, también, presidente. Aunque mucho me temo que, por fortuna, el tesón castellano, el criterio y la coherencia le habrán ayudado a mantenerse en la posición que en su día decidió adoptar y permanecer, buscando siempre el camino óptimamente trazado, sorteando uno a uno cada obstáculo y sin caer en la tentación de buscar senderos facilones. Porque así es cómo se gobierna. Sin traicionar los postulados que te permitieron en su día manejar los destinos de una nación.

Aquí lo dejo. Desmelanada, ya. Y aplaudiendo.

Sentencia pírrica

Fernando Herrera en Libertad Digital

Saludaba con alborozo el internauta, mejor, el ciudadano medio, la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el canon sobre soportes digitales, y entonces se empezó a conocer su contenido. Una vez más, caía el gozo del ciudadano en el pozo de la arbitrariedad.

Porque tras la alharaca de los titulares se esconde la cruda realidad de una sentencia que se puede calificar como pírrica, y que nos deja moralmente satisfechos, pero de nuevo a los pies de lo que quieran hacer con nosotros los políticos.

Vayamos por partes. Empecemos por lo más obvio: los jueces han decidido que, aún siendo un canon ilegal, el dinero indebidamente cobrado mientras los jueces deliberaban no se devuelve. O sea que si este canon era un robo, ahora ya ha dejado de serlo. Se consolida gracias a esta sentencia el expolio realizado a cada individuo y a la sociedad. Mal vamos.

Pero no ha de terminar aquí la desilusión. Si no vamos a poder recuperar lo que nos quitaron, podríamos consolarnos pensando que al menos no nos quitarán más. Pero tampoco parece que vaya a ser así.

En efecto, la sentencia de la Audiencia en realidad no anula ni declara ilegal el canon. Se limita a anular la Orden Ministerial donde se listan los soportes y aparatos a los que hay que cargar el canon, y cual ha de ser su importe. Y ni siquiera lo hace por cuestiones de fondo, simplemente la anula por aspectos formales, esto es, porque no se cumplieron determinados trámites antes de aprobar la citada Orden.

En concreto, la tramitación de esta Orden requería un informe del Consejo de Estado, y sendas memorias justificativa y económica. Los jueces de la Audiencia no han encontrado ninguno de estos documentos en el expediente asociado, tras una infructuosa búsqueda que les ha llevado dos años y medio, ni más ni menos. Y es esta ausencia la que les lleva a anular la Orden, que no el canon.

Así pues, el panorama no es nada halagüeño. En primer lugar, porque a los jueces les ha llevado 30 meses (¡30 meses!) percatarse de que estos documentos no existían, periodo durante el cual los ciudadanos hemos pagado religiosamente un dinero que no tendríamos que haber pagado y que nadie nos va a devolver. Y digo yo que cómo puede llevar tanto tiempo juzgar y decidir sobre la inexistencia de unos informes.

Y en segundo lugar, porque la redacción de dichos documentos no supone ningún obstáculo relevante para la aprobación una nueva Orden en lugar de la anulada. La elaboración de las pomposas memorias no le llevará a un buen funcionario más de un par de tardes, aunque el informe del Consejo de Estado requerirá más fárrago administrativo y retrasará un algo la aprobación.

Por supuesto que la nueva Orden podrá ser llevada de nuevo ante la Audiencia, y forzar a los magistrados a resolver sobre el fondo de la cuestión. Pero para cuando hagan esto ya habrán pasado otros cuantos añitos en que los ciudadanos habremos seguido sufriendo el expolio de un canon eventualmente ilegal, y en todo caso no restituible.

Con todo, lo más divertido es que hay gente que, gracias a sentencias como ésta, se cree que el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Y, sin embargo, lo que demuestran es justo lo contrario: son la prueba evidente de que el Estado puede hacer lo que quiere en nuestro país.

El ajedrez de la Paz

Cristina Losada en Libertad Digital

Tranquilícense, todo era un juego. Los negociadores del Gobierno mantuvieron con la ETA una partida de ajedrez con dos clases de piezas, a saber, medias verdades y mentiras completas. Así, por esa esquina lúdica, se evadieron los mensajeros de la Paz de la curiosidad del juez. Y, desde el mismo ángulo, se neutraliza ahora la publicación de las actas que los terroristas hicieron de aquellas sesiones de "a ver quién engaña a quién". En suma: nada de cuanto ponen en boca del trío de ajedrecistas oficiosos iba en serio. A tal aprendiz mayor, o sea, Rodríguez Zapatero, tales aprendices del difunto Bobby Fisher, Karpov y Kasparov. De haber algún cinéfilo entre ellos, igual se identificaría con el caballero que reta a la Muerte al ajedrez para alargar su vida en El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman. Con la partida que abrió el presidente, sin embargo, se alargaba la vida de una banda terrorista.

No conviene desechar la frívola analogía a primera vista. Como ha contado Mikel Buesa, hay una autoría intelectual de la negociación fundada en la teoría de juegos. Aunque la ingeniería social revestida de lenguaje matemático fascinaría a Zapatero en la medida en que se adaptaba a un puñado de prejuicios ideológicos y al interés rastrero. El problema es que nada de eso es aún materia para la arqueología. Y frente a la costumbre de pasar página, tan arraigada en la democracia española, será preciso instaurar el hábito liberal, cívico, de la responsabilidad. Sea política, sea penal. Por mucho que suenen ya la melodía de la salvación por las buenas intenciones, siempre supuestas, y la dulce nana de la unidad; esa que induce al olvido alegando que la división beneficia únicamente al terrorista. ¡Más le benefician las cesiones! Y la mayor de todas consiste en hablar de política con una banda tal. Es eso lo que alarga su vida. La expectativa de negociar un precio engrasa su maquinaria. Hacerlo, con o sin engañifas, alienta la convicción de que el terror funciona y, entonces, ¿por qué lo van a dejar?

Este retorno de un pasado insepulto corre, no obstante, el riesgo de degenerar en un episodio de vuelo bajo y nulo coste. A ello contribuye que el Partido Popular, de natural dispuesto a "mirar al futuro" y más cuando el futuro parece suyo, se incline por reducirlo a una escaramuza contra Rubalcaba, vislumbrando quizás la "sucesión". Pero no es asunto éste para un despliegue de agit-prop de amateur. Ni tampoco para acabar en el juego del gallina.

La letra de Rajoy

Javier Somalo en Libertad Digital

Ya dijo Mariano Rajoy que, en ocasiones, le cuesta entender su propia letra. Pero no parece que sea esa la razón que le impida leer punto por punto el argumentario que ha elaborado el PP sobre la rendición ante la ETA. Si esta es la postura oficial del PP –lleva su membrete–, ¿por qué no la expresan públicamente?

Mariano Rajoy asomó firmeza ante los suyos devolviéndole a Rubalcaba la famosa frase de que no nos merecemos un Gobierno que mienta, la que le apeó del poder que rozaba con los dedos un 13 de marzo de 2004. O sea, que Rajoy ya no cree a Zapatero en la lucha antiterrorista aunque haya dicho decenas de veces que sí. Aunque haya dejado en la estacada otra decena de veces a Jaime Mayor Oreja. Según parece, ahora volvemos a ese 4 de julio de 2007 en el que Rajoy espetó a Zapatero: "O muestra las actas de la negociación con ETA o debe tomar el camino de la Zarzuela". Quizá vuelva a esa otra sentencia, pronunciada como la anterior en un Debate sobre el estado de la Nación. Fue un 5 de mayo de 2005: "Usted ha traicionado la memoria de los muertos". Recomiendo leer aquí un extracto de su discurso escrito y leído en su integridad.

Pero, de momento, este miércoles hemos asistido a otro frenazo. Sólo seis minutos para despachar el cóctel chivatazo-actas. Rajoy, ni palabra. Sólo economía. Soraya hizo amago pero se quedó en una vaga alusión al "Ministerio del Interior" para dejar paso a la "tradicional pregunta del diputado Gil Lázaro"... y a la tradicional respuesta-burla de Rubalcaba, que siempre acaba en las filas en las que militó su padre cuando todavía no había televisión. A veces da la sensación de que en el PP dan por amortizado a Gil Lázaro y no quieren compartir sus angustias.

El argumentario escrito del PP contra la política antiterrorista del Gobierno –que es de rendición y traición– es impecable. El argumentario hablado sigue inédito, salvo el arranque ciclotímico del otro día.

Digan lo que escriben. Cabe suponer que es lo que piensan. Si no, abren la sospecha de que es verdad que no entienden –léase comparten– su propia letra. Aunque sea mecanografiada y lleve el membrete de la gaviota.

Traición sin consecuencias

Francisco José Alcaraz en Libertad Digital

Cuando en el verano del 2004 empecé a denunciar el proceso de negociación del Gobierno con la ETA, algunos por incrédulos y otros por descubiertos empezaron a marcar distancias y ponerme en el punto de mira de sus críticas.

Después de la primera manifestación de la rebelión cívica convocada el 22 de enero del 2005 las posiciones empezaron a ser mucho más claras: había que deslegitimar a Alcaraz y para ello recurrieron a la calumnia. Pero hay un momento donde la campaña se recrudece coincidiendo con las elecciones en la AVT del año 2006 y donde se articula, con la complacencia del Ministerio del Interior, el asalto a la AVT utilizando a algunas víctimas del terrorismo que actuaban como punta de lanza del Gobierno.

Como la jugada no les salió bien pasaron a subir el nivel desde periódicos, shows de televisión, radios y revistas afines al poder, y algunas víctimas del terrorismo haciéndole el caldo al Gobierno iniciaron una campaña demoledora no sólo contra mi persona, sino también contra mi esposa.

Pero no era suficiente y encontraron en la asociación ADADE presidida por José Mariano Benítez de Lugo una oportunidad para acallarnos. Interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra mi persona por decir cosas contra el jefe del Ejecutivo como:

"El proyecto de ETA es el proyecto asumido por el Gobierno", "la declaración de tregua del ETA es una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda" o "es indignante que encontremos al Gobierno y partidos afines defendiendo a terroristas".

Esa querella fue justamente archivada y El País, de forma abyecta, atacó sin escrúpulos a la sección cuarta de la AN integrada por Fernando Bermúdez, Teresa Palacios y Flor María Sánchez. De haber prosperado aquella querella mi defensa tenía previsto pedir a la Audiencia Nacional las actas de la negociación con ETA, actas que respaldarían todas y cada unas de las denuncias que realicé y que años después habiendo conocido algún dato más creo que aún está más justificadas si cabe.

En multitudes de ocasiones, tanto en entrevistas como en artículos, he denunciado durante años que el arma más poderosa que tiene ETA contra el Gobierno son las actas de la negociación y así queda reflejado con el conocimiento que tenemos de algunas partes de las actas.

Y ahora ¿que pasa? Esa es la gran pregunta y no podemos permitir que la respuesta sea que "no pasa nada", porque en la medida que estos hechos tan graves y bajo mi punto de vista delictivos puedan quedar impunes sin que tenga las consecuencias políticas y penales que merecen, estaremos destruyendo gran parte de nuestra democracia y la libertad estará condicionada a los pactos entre políticos y terroristas.

Viñeta de Montoro en La Razón

Intervención internacional (II)

César Vidal en La Razón

Señalaba yo en mi último artículo mi inquietud ante la desviación jurídica que significa la intervención en Libia en la que se encuentra inmersa España. La mutación del derecho internacional vino directamente de la mano de ese desastroso secretario de la ONU llamado Kofi Annan que, en la década pasada, decidió pasar por alto un sistema que había funcionado bien casi cuatro siglos y sustituirlo por una vaga doctrina del derecho a la defensa de la comunidad internacional. Annan argumentaba que, ciertamente, esa interpretación chocaba directamente con el art. 2.7 de la Carta de la ONU y que además implicaría participar en multitud de guerras civiles. Sin embargo, consideraba que razones humanitarias justificaban ese retorcimiento de la legalidad y los precedentes del derecho internacional. En apariencia, la intervención de los «buenos» contra los «malos» sólo podía ser motivo de albricias y parabienes. En la práctica, la solución ha sido muy distinta. De entrada, la intervención internacional en aplicación de la novedosa «doctrina Annan» no ha garantizado en un solo caso el establecimiento de regímenes más democráticos o más respetuosos con los derechos humanos. En buena medida, es lógico que así sea porque a una dictadura se puede enfrentar un movimiento revolucionario no menos totalitario y porque nadie puede garantizar que la Historia, como ha sucedido tantas veces, vaya a peor. Esta mutación de la legalidad internacional ha permitido –eso sí– que los rebeldes pudieran matar con la misma profusión que el gobierno establecido, que recibieran armas y que el conflicto se alargara con su siniestra secuela de muerte y desolación. Nada más. No sólo eso. La intervención militar internacional ha tenido otras consecuencias nefastas para las naciones en que se ha producido. Por ejemplo, el reparto de ayuda humanitaria no se ha realizado una sola vez de la manera esperada sino que ha terminado por generar la aparición de nuevas mafias locales y corrupciones sin cuento que no han garantizado nunca el abastecimiento de la población civil, pero sí que distintas redes de delincuentes amasaran cuantiosas fortunas. En directa relación con esto, el aparato del Estado se ha colapsado al nacer nuevos poderes, nada democráticos, por otra parte, del reparto de comida o medicamentos. Por añadidura, los cerebros de la nación en cuestión, sumidos en el caos, acaban siendo absorbidos por otras. Finalmente, las tropas de intervención –incluso de la ONU– no pocas veces se han comportado de manera brutal o han intentado garantizar más los contratos para sus respectivas naciones que proteger a los civiles. Añádase a esto el infierno sufrido por los refugiados, la aniquilación de la economía y la prolongación de la guerra civil con dos bandos ya discretamente pertrechados y se verá que la doctrina Annan no ha mejorado precisamente los resultados –por modestos que resultaran– de la interpretación tradicional del derecho de intervención. Por si fuera poco, esta doctrina ha sentado un peligroso precedente y es el de que cualquier grupo de rebeldes podría iniciar sin legitimidad alguna una rebelión armada en cualquier parte del mundo –unos moros en el Albaicín o unos vascos en Eibar– en la seguridad de que será reconocido y contará con la esperanza de recibir la ansiada intervención internacional en su favor. Así sucedió en Kosovo y podría suceder en una Libia dividida en dos para beneficio de algunas potencias.

Faisán

Alfonso Ussía en La Razón

Se habla y se discute del problema sucesorio en la cúpula del PSOE. Se habla y se discute de los tiempos previstos y los momentos oportunos. Pudiera darse el caso de que los planes se derrumbaran por completo si se confirma la verdad de las actas etarras de la negociación. El faisán, a punto de ser abatido. Sistema democrático y Estado de Derecho son sinónimos. Independencia de los tres Poderes, con mayúscula. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro, que el Gobierno haga pública las suyas–, el Poder Ejecutivo ha ayudado, a espaldas de la sociedad, al poder terrorista, aún después del atentado de la T-4 de Madrid. Según las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro que el Gobierno nos muestre las suyas–, el Poder Ejecutivo ha invadido sin sobresaltos ni prudencias los espacios reservados al Poder Judicial. No sólo se trata de la repugnante gravedad que se reúne en un Gobierno que ha podido colaborar con la ETA. Se trata de un atentado contra el sistema democrático, al intentar convertir al Poder Judicial en un títere del Poder Ejecutivo. No es fácil, como recogen las actas, porque siempre existirán jueces honestos y decididos dispuestos a mantener intacta la independencia de la justicia. El antiguo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional no ha tenido reparos en ser claro y contundente: «Fui cesado por exigencias de los terroristas». Hasta aquí podíamos llegar. Un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional es cesado porque así lo exige una banda terrorista. Se ha confirmado la presencia del comisario Ballesteros en el Bar Faisán el día del soplo. Y se habla de la sucesión, de los tiempos oportunos, de las cajas de ahorro del plutonio del reactor de Fukushima, de la guerra de Libia y del patatal del estadio lituano donde va a jugar la Selección española. Se habla de todo, cuando de confirmarse el contenido de las actas de los terroristas –hora es, por su bien y el de todos los españoles, que el Gobierno las desmienta con las suyas–, nos hallaríamos ante el atentado antidemocrático más grave de nuestros tiempos de libertad. Más aún que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, de tan infausto recuerdo. Un Gobierno pactando con la ETA y avisando a los terroristas de los movimientos policiales que podrían dar lugar a su detención, es decir, un Gobierno que procura la fuga de los asesinos humillando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es un Gobierno que no puede continuar ni un día más con la responsabilidad de gobernar España. Entonces, de confirmarse la veracidad de las actas etarras, ni sucesión, ni tiempo, ni oportunismo ni reforma laboral ni vainas. Ese Gobierno, en una nación normal y democrática, caería por su propio peso de irresponsabilidad en menos de veinticuatro horas.

No confío en algunos jueces y fiscales, pero sí en la Justicia. La independencia de la Justicia personalizada en un juez que no se deja atemorizar ha sido la vía que ha abierto la puerta del escándalo. Eso y, no podemos olvidarlo, la impecable e implacable investigación de un periódico, «El Mundo», que ha suplido la nula investigación oficial. ¿Cómo va a investigar el investigado?
¿Cómo va a pretender que resplandezca la verdad quien no ha hecho otra cosa que mentir? Si el Gobierno de España no demuestra fehacientemente que las actas de la ETA son burdas mentiras –y no parecen tener ese cariz–, la única solución es la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y todos a la calle. El problema es que más de uno puede terminar en la cárcel.

Acta final

Gabriel Albiac en ABC

ES 21 de mayo de 2007. Cinco meses después del atentado en la T4. La delegación de ETA, reunida con la del Gobierno español «en una ciudad europea», plantea su «última propuesta» de abrir «la tercera fase» —la pactada como conclusiva— en la negociación que se abriera el 2005. Fracasa. Extractos de las «actas» de aquello, a lo cual sus protagonistas se referirán elípticamente como «el proceso», serán publicados por Gara un mes más tarde, entre el 21 y el 24 de junio de 2007. De allí las tomé yo, al escribir en 2008 mi libro Contra los políticos. Pero cualquiera pudo consultarlas en estos años sin más que visitar la hemeroteca. Recuerdo cuatro pasajes:

—«El 21 de mayo se celebró la reunión definitiva… Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Dos días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores internacionales, a desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares, si se lograba un compromiso global y el proceso llegaba hasta el final».

El «compromiso global» se asienta sobre dos cesiones que ETA explicita en su documento:

—«La unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro».

Fija también ETA un procedimiento de reforma constitucional, consensuado con el Gobierno, para conducir sin traumas ese trayecto:

—«Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio».

La propuesta de culminar el camino de dos años era ya irrealizable: los dos cadáveres de Barajas pesaban demasiado. Llegarían tiempos mejores algún día. Es lo que, en su despedida ante los observadores internacionales, formula la delegación de ETA:

—«La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo».

Eso sabemos desde la primavera de 2007. Casi todo. Cuadra con los pasajes nuevos que ahora se hacen públicos de esas mismas «actas». El Gobierno de Zapatero siguió manteniendo conversaciones con ETA tras la T4. El hombre clave de ese juego, a caballo entre legalidad y delito, fue un ministro con larga experiencia en esa variedad de la «razón de Estado» que imperó en los años GAL de Felipe González: Alfredo Pérez Rubalcaba. Dar por toda respuesta que «ETA no es creíble» es tomarnos por idiotas: las actas de ETA no están dirigidas a nadie al cual engañar; son una constancia interna, y engañarse deliberadamente a sí mismo es un oxímoron.

Pero no podemos tampoco sorprendernos ahora. O hacer como que nos sorprendemos. Podemos y debemos confesar que, durante cinco años, nadie se ha atrevido a formular lo que los hechos imponen: que, una vez más, un poder socialista se puso fuera de la ley y actuó sin atenerse a norma. Avisar a los del «Faisán» del riesgo que corrían, les debió parecer una minucia después de todo lo hecho… También Al Capone tenía por minucia no pagar a Hacienda.

Rubalcaba y el Estado de Derecho

Juan Morote en Libertad Digital

Rubalcaba tiene una gran propensión a la mentira: es prácticamente imposible saber si en algún momento siente pulsión de decir la verdad. Tan cierto como lo anterior es su tendencia a la demagogia, y no menos comprobada es su inclinación a asumir el papel de ventilador en medio de un estercolero. De toda esta guisa se comportó ayer el supervice en su comparecencia en comisión. El sustituto in pectore de Zapatero representa lo peor de la izquierda española. Este demagogo detesta profundamente el sistema democrático.

La democracia se basa la libertad como un bien individual, en su titularidad y en su ejercicio, y consecuencia de lo anterior es la sacralización del Estado de Derecho, como instrumento imprescindible para garantizar un igual uso de la libertad por parte de todos los ciudadanos. Ayer compareció el supervice, visiblemente contrariado por tener que dar explicaciones sobre sus flirteos con la ETA. El señor Rubalcaba no asume, por no entender la democracia, que el ejercicio del poder político debe hacerse con transparencia, y que los votantes no encajan que el Estado esté para cobijar a los asesinos, en lugar de empeñarse en perseguirlos.

Rubalcaba no admite que nadie le diga para qué está el Estado, ni que la primera y principal misión del mismo es la garantía de la libertad de los ciudadanos que lo componen. Al segundo de Zapatero estas cosas le parecen zarandajas nimias. El desprecio que siente por la ciudadanía le lleva a recurrir a la mentira como herramienta de acción política cada vez que lo cree necesario; en esto es fiel seguidor de Lenin, quien ya dijera que la mentira podía ser una gran arma revolucionaria. Nunca faltan excusas a aquellos que se sitúan por encima de la ley en su quehacer. Al modo nietzscheano, estos socialistas piensan que la ley está para proteger al mediocre, y no es más que un dique a la acción del que está llamado para una gran misión. Se trata de una visión pseudomesiánica de la realidad, al estilo de las películas del inspector Harry Callaghan. Esta es la razón de fondo que ha llevado a Rubalcaba a no contestar a las preguntas sobre su rol de prima donna en la relación del Gobierno con la ETA.

El supervice ha contestado que ha actuado con responsabilidad, no ha defendido que su actuación se ajustó a la legalidad, ni siquiera que ETA hubiera mentido. Si sabíamos que Zapatero es un iluminado que se cree alguien con la misión encomendada de redimir a España de su propia historia, ahora conocemos que su colaborador más cercano y posible sucesor también comparte la autopercepción mesiánica. Espero que algún juez se tome todo esto en serio porque lo es. Es necesario que los ciudadanos recuperen su fe en el Estado de Derecho con tanta urgencia como conviene que Rubalcaba salga para siempre de la política española.

Terrorismo, un bien de Estado

José Antonio Martínez-Abarca en Libertad Digital

No recuerdo quién dijo aquello de que abandonó Alemania, entonces bajo las botas relucientes del NSDAP (y ya decía Woody Allen que es difícil satirizar a un tipo con botas relucientes), cuando en la sede superior de la Justicia ya no podía distinguir a los que la administraban de los criminales que eran conducidos ante ella. En España, en los bares del País Vasco, ya no podemos distinguir al Gobierno de la nación de los terroristas a los que aquellos teóricamente persiguen. O a los que más bien suplantan. Son tan difíciles de distinguir los enviados del Gobierno al lado de los terroristas que éstos, con menos conchas que estos quelonios del delito institucionalizado, apuntan maneras algo menos patibularias.

Leer las actas de ETA sobre sus encuentros con pacificadores gubernamentales convida a un buen exilio, antes de que sea tarde, como aquello que ocurría en la Alemania de entreguerras. En esas actas de ETA los más moderados parecen ser los propios terroristas, a los que los pacificadores del Gobierno pasan cumplidamente en entusiasmo por el crimen. Menos si acaso la maquinación para alterar el precio de las cosas, los emisarios del Gobierno en el proceso de paz con ETA tocan todos los palos del Código Penal, incluidos varios parágrafos de traición a la patria. Los Gobiernos del señor X quisieron matar a los malos acabando con la legalidad, pero los de ahora, sobre acabar con la misma legalidad, estaban dispuestos a darles el dinero de los impuestos a los terroristas para pagarnos nuestro propio entierro. Los malos, para los enviados del Gobierno de la "democracia bonita", éramos nosotros.

Muchos Gobiernos occidentales han hablado con terroristas, menos han negociado nada con ellos y ninguno ha sufrido una identificación con los asesinos como ha hecho éste, hasta el punto que resulte preferible caer en manos de un comando etarra que de algunos cargos del Ministerio del Interior español. Si hay suerte, en los zulos a veces dan de comer medianamente. En cambio, cuando un Gobierno socialista persigue un fin político para asegurarse el poder es mejor escapar si en algo tienes tu alma. Lo advierten las guías turísticas mexicanas: si los delincuentes no nos vienen con chapa identificativa, todo va bien, porque cualquier percance es preferible a un encuentro con la policía. En España ya cualquier cosa, por lóbrega que sea, es preferible a un encuentro en el callejón del "interés de Estado" con los hombres buenos de las alcantarillas de Interior.

Porque eso ha sido exactamente lo que ha venido ocurriendo en los contactos del Gobierno con ETA, según el diario de sesiones que la banda ha ido escribiendo con desconfiado celo de tendero de ultramarinos. Que, leyendo lo que aportaban "al proceso" unos y otros, se debería desde luego haber detenido en primer lugar a los teóricos garantes del Orden, los más peligrosos. Que en esa especie de "proceso hacia la paz por el crimen" los representantes de la Ley, a juzgar por la inmoderada alegría de saberse impunes y la llaneza confianzuda de sus palabras, parecen más terroristas aún. Todo se puede arreglar, presumían: desde que un Gobierno subvencione a los que matan a sus gobernados hasta que el propio Gobierno se pase al otro lado de la mesa a enseñarles a estos tipos duros cómo se hacen las cosas contra España.

Y Rubalcaba dice que "hice lo que tenía que hacer". Si se coincidiera con Rubalcaba en una convalecencia de lo de la próstata, a nadie le gustaría quedarse con él a oscuras.

El miedo a no estar en la foto

Pablo Molina en Libertad Digital

Como todo en esta vida tiene una explicación, también ha de tenerla esa aparente inacción del Partido Popular ante las revelaciones periodísticas que presentan al Gobierno como cómplice de una banda terrorista. El que los socialistas vulneren el Estado de Derecho y traicionen a todos los españoles cuando llegan al poder es algo que ya todos archivamos a beneficio de inventario, pero lo que resulta intrigante es que el PP haya actuado con displicencia culpable durante dos días, para salir tímidamente de ese sopor tan rajoyesco sólo cuando el escándalo mediático se ha tornado monumental.

Aún hoy, cuando los españoles asisten atónitos a la evidencia periodística, corroborada por la secuencia de los hechos, de que el Gobierno ha llegado en sus tratos con la ETA mucho más allá de lo que se puede esperar incluso del PSOE, los populares se limitan a pedir educadamente alguna explicación a Rubalcaba rogándole que por una vez no mienta, ¡a Rubalcaba!, cuando lo que deberían hacer, si escucharan a los que les votan, es exigir inmediatamente su cese y posterior procesamiento, evitando acudir al parlamento hasta que las dos circunstancias, política y judicial, se sustancien en los foros adecuados.

Algo saben en Génova que los demás españoles desconocemos, o bien una mayoría con poder en las altas magistraturas populares está de acuerdo con la forma en que el Gobierno ha llevado este asunto. Esas son las dos únicas posibilidades que surgen de forma intuitiva, porque ni siquiera la torpeza consustancial al equipazo orgánico de Mariano explica el estupor político a que han estado sometidos sus miembros en estos dos últimos días.

Alguien con mucho peso debe estar aconsejando a Rajoy que no se encele en la embestida al capote rubalcábido, tal vez pensando que, en última instancia, si hay una foto final del "conflicto", con dos encapuchados con chapela entregando un tirachinas roto a Mayor Zaragoza y Jimmy Carter, el jefe del PP tiene que estar dentro del encuadre, no sea que Zapatero consiga lo que se ha dado en llamar "la paz" y vuelva a ganar las elecciones.

A mí se me ocurre un nombre, perejil de todas las salsas, que conoce bien estos asuntos porque fue un representante de Aznar en su particular intento de negociación. Sí; es el mismo en quien está pensando ahora mismo usted. No era tan difícil ¿Verdad?

A la cárcel con ellos

Pío Moa en Libertad Digital

Una de las habilidades más destacadas de los analistas políticos españoles es la de dejar de lado las evidencias cruciales para perderse en detalles más o menos insignificantes. Que tenemos una casta política mafiosa y delincuente es algo que salta a la vista: es corrupta económica e intelectualmente, supedita los intereses de la nación a los de sus partidos (a los cargos y poltronas que puedan conseguirle sus partidos), colabora con el terrorismo, se burla de la ley, ha acabado con la Constitución y el Estado de Derecho, arruinado la independencia judicial, facilita un proceso de descomposición de España por todos los flancos: Gibraltar, Ceuta y Melilla, nuevas "naciones" y "hechos nacionales", etc. Los dos grandes partidos, en especial el PSOE, tienen un historial delictivo impresionante, incomparablemente más dañino que el de cualquier delincuente común: en cualquier país serio sus jefes habrían ido a la cárcel hace tiempo. Ya ocurrió cuando González, y el propio González se libró por poco.

Entre esas fechorías, el caso Faisán es casi una anécdota, aun si una anécdota con valor de categoría. Como bandas mafiosas que son, el Gobierno y la ETA llevaban sus chanchullos en secreto, y todos sospechamos que hay ahí mucha más podredumbre que la que ya se apreciaba fácilmente desde fuera. Desde la Transición, grupos de presión proetarras, sobre todo El País, propiciaron la nefasta "solución política", consistente en hacer a la ETA las suficientes concesiones para que dejase de matar. Concesiones que corroían el Estado de Derecho y la unidad nacional, justificando implícitamente el asesinato como forma de hacer política. En tal "solución" entraba el engaño a la opinión pública, negando la existencia de negociaciones que ponían en el mismo plano a los asesinos secesionistas y al estado democrático... hasta que la ETA, en eso más veraz y honrada que la chusma política, dejaba a esta en evidencia al informar a los ciudadanos de que sí las había. Y ha vuelto a pasar con lo del Faisán. La ETA dice la verdad y el Gobierno miente, esto puede afirmarse a ojos cerrados. El Gobierno no ha hecho otra cosa que mentir desde el comienzo del "proceso de paz". Y su pertinaz obstrucción a la justicia en el caso Faisán supone una confesión del crimen.

Cabe aceptar que la "solución política" fuera un error y no un delito, pese a haber durado ese error tantos años –buena muestra de la calidad intelectual de tales gobernantes–. Pero desde que Aznar la arrumbó para seguir la democrática solución policial, consiguiendo así acorralar a la ETA, volver a las andadas ya no supone un error, sino un acto evidente de colaboración con el terrorismo y de traición a España.

Los separatismos se han convertido en el reto más grave que afronta nuestro país. Y la palanca que los ha elevado a tal peligrosidad ha sido la ETA. Mejor dicho, la política demencial y sin principios seguida por los políticos hacia la ETA. Y muy especialmente por los Gobiernos del PSOE, partido con su propio historial terrorista y afinidad ideológica a la banda armada. Repito: o la democracia acaba con ellos o ellos acabarán con la democracia. Y de paso con la nación.

Catarsis

Agapito Maestre en Libertad Digital

Gobierno y ETA estuvieron negociando, durante dos años, de igual a igual. No es nueva la información. Por el contrario, gracias al esfuerzo y dedicación de la prensa más seria y libre de España, era un secreto a voces que el Gobierno había negociado, cedido, transigido e incluso, presuntamente, colaborado con la banda criminal a través del "chivatazo del Faisán" para que los pistoleros de la banda no fueran detenidos. Entonces, ¿cuál es la novedad sobre esa negociación publicada ayer por El País? Quizá que haya sido publicada por primera vez el acta entera de la negociación. Quizá.

Pero, en mi opinión, lo genuinamente novedoso es que el propio diario de PRISA ofrezca ese acta de ETA. Aparece, sí, toda la información de la negociación por extenso y sin guardarse ningún dato relevante. Es como si este periódico tratase de pasar página sobre un asunto tan escabroso y duro. Se trata de contemplar la "tragedia" de un golpe y salir purificados. El País quiere que su candidato salga fortalecido a través de la katharsis. ¿Conseguirá El País ese objetivo catártico para su candidato? Desearía que fracasará, pero, por desgracia, y sin caer en ningún tipo de derrotismo, posiblemente, logren convencer al respetable de que fue lo mejor que pudieron hacer Zapatero y Rubalcaba. Contarán, sin duda alguna, con el apoyo de la oposición del PP a la "política antiterrorista" del Gobierno, que ha sido, aparte de tibia, muy poco inteligente a la hora de su coordinación con los medios de comunicación más críticos del Gobierno.

Por otro lado, no creo que los medios críticos con el Gobierno puedan hacer frente a los embates que vienen del bloque socialista, es decir, del Gobierno y todos sus medios de comunicación, que sigue funcionando sin fisuras y, sobre todo, alimentando con sus consignas a una población, casi salvaje desde el punto de vista democrático, que no ve mal que se negocie con ETA, si así se acaba con el problema. En fin, con la publicación del acta de ETA, El País entra, definitivamente, en la pelea electoral con una cuestión decisiva que afecta a su candidato, Pérez Rubalcaba, para zanjar el asunto de golpe. De acuerdo, dicen coordinadamente los socialistas y El País, negociamos con ETA, pero gracias a ese trabajo sucio hoy, y esa será una argucia clave de los socialistas en este período, ETA está más débil que nunca. Rubalcaba no sólo ha desmentido lo publicado por El País, sino que incluso lo avala al decir: "Hice lo que tenía que hacer" y, precisamente, por eso ETA está acorralada por el Gobierno. ETA está más débil que nunca.

Es obvio que por la calidad de la democracia, es decir, por la defensa de la nación española denunciaremos de todas las maneras a nuestro alcance esta negociación. Otra cosa será el resultado.

La pedagogía del cinismo

José García Domínguez en Libertad Digital

Años después lo reveló, divertido, un alto funcionario de la Policía que había participado en aquellas conversaciones de Zurich. Llegado el momento del primer encuentro, quienes allí encarnarían la dignidad del Estado comparecieron, como corresponde, impecablemente vestidos. Frente a ellos, tres gudaris adornados con sendas telas a cuadros de leñador, pantalones de pana con el sello inconfundible de Saldos Arias, y, huelga decirlo, las preceptivas chirucas, tan prácticas en el agro. Únicamente les faltaba un tractor Perkins aparcado a la puerta del hotel. Así, palmario, el contraste entre la elemental tosquedad abertzale y la plástica urbana de los emisarios del Gobierno conmovió, según parece, al vocero de ETA. Al punto de correr a comprarse aquella misma tarde varios trajes y sus respectivas corbatas.

En la segunda ronda, la civilización, aunque solo fuera estética, había ganado su primera escaramuza. Qué distancia infinita con esa promiscuidad ética, formal y retórica, la que certifican las actas del indiscreto grafómano Thierry, ya indistinguibles unos de otros. Tan complacientes, tan colegas, tan refractarios a los fundamentos mismos del Estado de Derecho, tan predispuestos de grado al delito y a la alta traición, diríase que a los emisarios de Zapatero apenas les faltaba un arete en cada oreja y la chupa siempre negra de Otegi. Acaso también el tatuaje de la serpiente en el antebrazo. En el fondo, nada nuevo. De antiguo se propala aquí la pedagogía del cinismo, ese permanente escarnio de las leyes frente al capricho del poder político que, poco a poco, ha carcomido la legitimidad de los cimientos jurídicos del régimen constitucional.

Por algo, su sórdido corolario: el sometimiento del Estado de Derecho a la razón de Estado. Llámese GAL, Mister X o Carlos G., que tanto monta. ¿A qué extrañarse luego de que notorios estafadores y delincuentes comunes anden impartiendo magisterio moral en el foro público? Con lo que los viejos anarquistas llamaban la propaganda por el hecho, la recurrente impunidad de los gobernantes ha precipitado el descrédito del sistema todo. Que de ahí el esperpento. Y es que el problema no consiste en que España merezca o deja de merecer un Gobierno que mienta. ¿Es España acreedora de otro Ejecutivo que tampoco se atreva a perseguir, procesar, juzgar, condenar e inhabilitar a los perjuros? Ésa, don Mariano, es la cuestión.

El País maquilla la infamia

Editorial de Libertad Digital

Es lamentable que diversos diarios nacionales hayan ocultado este martes en sus portadas la enorme trascendencia que tienen las actas incautadas a ETA. Peor aún es, sin embargo, que El País haya hecho referencias a ellas, pero no para denunciar sino para maquillar el repugnante grado de degradación moral que alcanzaron los representantes del Gobierno con tal de mantener una falsa pero electoralista paz sobre la base de un mero alto el fuego que había sido previamente pactado con los terroristas a cambio de infames compromisos adquiridos.

Rayando en la complicidad con el Gobierno, la "información" del periódico progubernamental destaca en titulares que "los documentos incautados prueban la tensión de los contactos y que muchas supuestas cesiones del Gobierno no se llevaron a cabo". Reconoce en letra más pequeña que "las actas prueban algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA (supuestas órdenes a la Policia y Guardia Civil para que no hubiera detenciones, dejar en libertad a presos de ETA enfermos, prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda), aunque en muchas ocasiones esas cesiones no se hicieron o fueron incompletas". Así, pone de surrealista ejemplo de ello que "mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido".

Para empezar, que el Gobierno no cumpliera con todos y cada uno de los infames compromisos con ETA a cambio de su tregua no prueba, en modo alguno, que el Ejecutivo no los hubiera adquirido. Y que el Gobierno, a cambio de una tregua, estaba dispuesto a ofrecer a ETA "una salida a los presos", así como un "cambio del marco juridico-político" del País Vasco, para el que se contaría con la entonces "ilegalizada izquierda abertzale", es algo que las actas de dichas reuniones no vienen más que a confirmar. Si no es cierto ese compromiso, ¿por qué el Gobierno de Zapatero no lo negó tajantemente cuando así lo publicó, precisamente El País el 25 de mayo de 2005, meses antes de que ETA anunciara oficialmente el "alto el fuego" y citando a "fuentes socialistas"? ¿Por qué no negaron los emisarios del Gobierno que éste hubiera adquirido esos y muchos otros infames compromisos en el momento, una vez llegada la tregua, en el que los etarras les reprochaban sus incumplimientos?

Por lo demás, el vergonzoso nivel de detenciones a etarras durante el alto el fuego, al contrario de lo afirma El País, es un hecho que queda demostrado por las propias estadísticas, tal y como denunciaron los sindicatos policiales. Las actas sólo vienen a demostrar que era otro compromiso que el Gobierno intentaba cumplir, pero que no siempre lograba gracias a lo que quedaba de Estado de Derecho en nuestro país.

Lo más vergonzoso, sin embargo, es que El País diga, respecto a la decisiva cuestión de la derogación de la doctrina Parot que "la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido". Miente El País. La realidad es que el Gobierno, a traves de su servil Fiscalía, se alineó con la defensa de los etarras enjuiciados en contra de esa doctrina desde meses antes del inicio oficial del "proceso de paz". Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo lo impidió.

El periodista de El País comete también el inusitado ejercicio de comparar los acercamientos de presos que hizo Aznar (como también se hizo antes, después y ahora mismo) con los compromisos de impunidad ofrecidos por Zapatero a la banda terrorista. Se silencia así que los compromisos que llevaron a ETA a declarar la tregua del 98 no los adquirió el Gobierno de Aznar, sino los partidos separatistas de Estella a los que luego se sumaría Zapatero invocando la expresión batasuna del "derecho de los pueblos a decidir por sí mismos". Pero lo más grave, al tiempo que inútil, es que se trate de encubrir con la "tensión" de esas reuniones, lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo cometer, a favor de una organización terrorista, numerosos delitos tales como colaboración con banda armada,prevaricación, revelación de secretos o incumplimiento del deber de perseguir a delincuentes. Y todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar. Como para no estar "tensos".

Comunión de intereses

Hermann Tertsch en ABC

SORPRENDE pero es habitual en las cataduras más torvas. Cuanto más soberbios y arrogantes son frente a los adversarios legítimos, más obsequiosos y serviles en turbios cambalaches clandestinos con socios vergonzantes. Resulta casi conmovedora la angustiosa necesidad de complacer a sus interlocutores que muestran los negociadores del Gobierno de España en la última entrega de la larga historia de la infamia de la negociación con ETA que ayer publicaba «El Mundo». Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas. Con una mínima fracción de la misma hacia la oposición, en los últimos siete años, no estaría nuestro país en su actual estado de postración económica y social, crispación política ni deriva cainita. Pero a cada uno hay que tratarlo como lo que es. Los etarras son unos socios para un proyecto conjunto, a llevar a cabo con discreción y malicia, no vayan a saber los españoles lo que estamos cocinando. «Hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso; lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario». Lo que es malo para ETA es malo para Rodríguez Zapatero, le intentan convencer al etarra. Que no se fía mucho. No se le puede reprochar. ¡Menuda tropa! Si engañan así a sus electores y a la población. Si tratan a sus propias leyes y a la opinión pública como obstáculos para su negociado. ¡Cualquiera se fía de sus promesas de impunidad! Pero las hacen con insistencia. «Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertztaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones, y ha sido muy difícil pues estas órdenes no se dan por escrito». Ya saben, no se fíen de la Policía. Puede surgir un arrepentido y sacar un papel. Si no lo hay, basta con tacharlo de mentiroso y amenazar con liquidarlo profesionalmente. Alfredo es experto en esto del terror disciplinario en Policía y Guardia Civil. Al fin y al cabo, está para eso. «El Gobierno ha hecho modificaciones con la intención de blindar el proceso: cambios de Gobierno, cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional». Es cuando hubo que cargarse a Fungairiño, ya saben, el facha de la silla de ruedas que se empeñaba en derrotarles. En fin, todo por el buen rollo. «El Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura (…) pero el PP ha encontrado su agarradero en jueces y víctimas». Qué remedio, hay que hablar de los enemigos de la paz. «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT». «Los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían». Por eso ETA debe saber que si cree que hay más represión, «de ninguna manera obedece a un plan diseñado por el Gobierno». Hay que recordarles que se les ayuda a ocultar el impuesto revolucionario. «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pida». Y no preocuparse, que tenemos el erario público. «Si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar a través de una organización internacional». A cambio, un poco de comprensión para mantener las formas. «El Gobierno, por medio del fiscal ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope. Con la Policía, antes del juez, el Gobierno puede actuar, pero al revés no». Poco cabe añadir. Esto, señores, no es el protocolo de una colaboración, no. Esto es más. Es comunión de intereses.

Al servicio de ETA

Editorial de Libertad Digital

Las nuevas revelaciones sobre el soplo a ETA en el bar Faisán muestran con toda su crudeza la claudicación del Gobierno y de los aparatos del Estado que controla ante la banda terrorista. En síntesis, las actas que minuciosamente levantaban los negociadores de ETA de sus conversaciones con los interlocutores del Gobierno desvelan un amplio repertorio de concesiones: desde una supuesta orden a las fuerzas de seguridad, tanto españolas como francesas, para que no se produjeran más detenciones hasta la posibilidad de engordar las finanzas etarras al margen del mal llamado impuesto revolucionario, así como las quejas del propio Gobierno sobre las víctimas, algunos jueces, el PP y determinados medios de comunicación o los cambios de ministro y de fiscal como pruebas evidentes de la voluntad gubernativa de superar cualquier obstáculo en la negociación con ETA.

La única reacción del ministro Rubalcaba ha sido el silencio, un espeso mutismo con el que pretende desacreditar la fuente de estas informaciones. Es obvio que ETA carece de toda credibilidad democrática, pero también es obvio que sobre la veracidad de las actas de ETA hay un consenso generalizado en atribuirles características cuasi notariales. Sobre esa premisa, los nuevos datos procedentes de los documentos incautados a la banda describen un contexto en el que todo valía con tal de asegurar el éxito de una negociación que la banda decidió abandonar con la bomba en la T-4 que causó dos víctimas mortales.

Pedir explicaciones a Rubalcaba sobre esas negociaciones es un esfuerzo que no por inútil deba dejar de practicarse, así como exigir su dimisión, otro desempeño tan frustrante como inevitable ante el cariz del caso Faisán y las grotescas y groseras implicaciones del titular del ministerio, de su número dos y de algunos responsables policiales.

No parece factible que el ministro deje de cantar bajo la ducha para cantar ante un juez, pero eso no debería ser óbice para que el jefe de la oposición le dedicara algo más que una pregunta de rigor en la próxima sesión de control. Los últimos datos sobre esa negociación con ETA deberían provocar en el PP una seria reflexión sobre el apoyo que Rajoy presta al Gobierno en materia antiterrorista. No se trata de romper ningún consenso entre otras razones porque el propio Rubalcaba y los enviados gubernativos hacen befa y mofa del Pacto Antiterrorista, sino de ejercer la oposición con la contundencia necesaria para que, al menos, Rubalcaba no se crea que está por encima del bien y del mal, que no le afectan los supuestos delictivos que se infieren de lo acontecido en el bar Faisán y en los contactos con la banda armada.