Antonio José Chinchetru en Libertad Digital
Ángeles González-Sinde no tiene prisa en corregir el abuso que, en opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), supone el cobro indiscriminado del canon digital en España. Al contrario, la ministra de Cultura se ha dado a sí misma el nada desdeñable plazo de seis mesespara adecuar la "compensación por copia privada" existente en España a la sentencia emitida por la Justicia comunitaria. Dice un antiguo refrán castellano que "las cosas de Palacio van despacio". Razón no le falta en un caso como este, en el que la encargada de hacer que la situación cambie apuesta por la lentitud en vez de por la necesaria premura para poner fin a una situación que nunca debería haberse dado.
La ministra insulta a la inteligencia de los ciudadanos cuando sostiene que se va actualizar la normativa que regula el canon (la Ley de Propiedad Intelectual) "de manera serena, eficaz, consensuada y lo más rápidamente posible". Nada que tenga que ver con este impuesto privado en beneficio de la SGAE y compañía se ha hecho ni debatido jamás de forma "serena". Las entidades de gestión llevan años insultando, amenazando con los tribunales e incluso criminalizando a quienes se oponen al mismo. Tampoco se ha hecho nunca de forma "eficaz", excepto para los intereses de Teddy Bautista y los suyos.
En cuanto al consenso, suena a broma. Nunca se ha consultado a los consumidores. Y en cuanto a las empresas cuyos productos se gravan con el canon, o se les ha impuesto sin consultarles o se les ha obligado a una negociación trucada en la que el árbitro gubernamental estaba junto a la otra parte. Y la máxima "broma" es sostener que se va a hacer "lo más rápidamente posible". Cuando ya ha pasado más de un mes desde la sentencia, González-Sinde propone un plazo de medio año para modificar la situación. Si pretende que alguien crea que no quiere tomar el pelo a los españoles, va por un camino muy equivocado.
Puede aducir la señora ministra que ha enviado un "cuestionario técnico" sobre la cuestión a los expertos en propiedad intelectual de la UE y a los 21 Estados miembros en los que se aplica el canon. Puede también decir que hay que estudiar la cuestión en profundidad debido a que las diferentes soluciones al problema presentan dificultades. Pero todo eso suena a excusa.
Más bien pareciera –y ahí están los antecedentes de ella misma como directiva de una de las entidades beneficiadas por el canon y de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero con independencia de quien fuera ministro de Cultura– que se quiere prolongar lo máximo posible el abuso institucionalizado vía BOE de la SGAE y compañía. Todo parece indicar que González-Sinde retrasa la aplicación de la sentencia para regalar a las entidades de gestión al menos otro medio año de canon indiscriminado.
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