Basta con observar la última encuesta sobre política fiscal elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2010. Así, en general, la mayoría de los españoles valora satisfactoriamente los servicios públicos y justifica el pago de impuestos para su mantenimiento; de hecho, el 45% opina que el gasto público en sanidad, educación y servicios sociales debería incrementarse, incluso si eso significa que haya que subir los impuestos (sólo el 4,1% defiende lo contrario, menos gasto y menos impuestos); el 73% defiende que se incremente la fiscalidad a las rentas más altas; el 56% considera que el Estado debe esforzarse más en perseguir el fraude tributario; el 81% piensa que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos. Por último, un par curiosidades: casi el 79% de los encuestados estudió en un colegio público y el 18% trabaja en la Administración.
Con estos mimbres se explican muchas cosas, como el hecho de que el PP de Génova se escore a la izquierda para tratar de cosechar votos en eso que algunos llaman centro político, y que no es más que la típica socialdemocracia; o que la educación –de nivel medio o superior–, al estar mayoritariamente bajo el control del Estado, se haya convertido en una máquina muy eficiente para pulir a medida "ciudadanos" sumisos, dependientes y favorables al statu quo, es decir, al poder político. Sin ir más lejos, el movimiento 15-M de la Puerta del Sol, pese a que algunos lo tildan de antisistema, no deja de ser otro reflejo, aunque más evidente, del poso izquierdista que todo lo impregna en España. Y es que, estos jóvenes, acompañados de parados, hipotecados, pensionistas y algún que otro contribuyente bienintencionado, protestan contra el poder político sugiriendo como alternativa mucho más Estado y menos mercado con el ilusorio fin de cambiar las cosas... ¡A peor!
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