Merced a un convenio suscrito el pasado 26 de mayo –cuatro días después de las elecciones municipales– entre la Agencia Tributaria y la Diputación Foral de Guipúzcoa, Bildu podrá acceder sin cortapisa alguna a la información fiscal de todos los españoles.
Si ya debería resultarnos inaceptable que cualquier político pueda acceder a datos tan privados de un ciudadano como son los fiscales, el hecho de que una banda terrorista disponga de ellos supone un escándalo mayúsculo. Pensemos en la muy sensible información que año a año estamos obligados a trasladarle a la Agencia Tributaria: relaciones de bienes, actividades, fuentes de renta, propiedades... La ETA dispondrá de todos estos vitales datos –con los que perfeccionar la planificación de sus atentados o de su actividad de extorsión– simplemente solicitándoselos a un organismo estatal.
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