Marta Pérez-Cameselle en Libertad Digital
Un caso flagrante de la desconexión entre representantes y representados es el proyecto de ley de aborto, que Bono no sólo pasa por alto, sino que apoya a pesar de la oposición de la mayor parte de la sociedad. Y es que en el caso de este mal que es el aborto, y así debe siempre calificarse, el Gobierno actual pretende imponer por ley a la sociedad su reconocimiento como derecho, lo que por lógica implicaría el fomento de su práctica, al propiciar su aceptación social, lo más grave que ha acontecido en el s XX según Julián Marías. Otra cosa no debe esperarse del revestimiento legal del aborto, que, de delito, pasa a calificarse como derecho. Este rotundo vuelco legal modifica radicalmente el contenido y la configuración del principal derecho fundamental de todo ser humano: su derecho a la vida, incurriendo en un claro caso de inconstitucionalidad, al estar reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Constitución debe respetar.
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