La publicación de unos documentos de procedencia ilícita, clasificados por motivos de seguridad en una democracia, en un Estado de Derecho, sólo tiene una justificación si revelan un delito mayor que su filtración. Y por tanto un interés general por la revelación del delito. Por ejemplo, sería deseable que se publicaran aquí en España todos los documentos y grabaciones y confesiones aun por hacer de todos los implicados en el caso «El Faisán». Quienes ahora publican el gossip (cotilleo) del departamento de estado son los que más posibilidades tienen de hacerlo dada su íntima relación con el protagonista del escándalo, que no es otro que nuestro vicepresidente y ministro del interior. Aquí sí existe un genuino interés general por saber quién dio la orden aberrante a mandos policiales de colaborar con ETA, los asesinos de sus compañeros y subordinados. Eso sí sería un «scoop».
(...)
Sabemos que es inútil pedir un poco de responsabilidad y cultura de defensa a quienes juegan desde la impunidad a héroes periodísticos de «Watergate» o los «Papeles del Pentágono». Desde su relativismo total, no parecen creer necesaria una defensa común de nuestro sistema de libertades. Quienes sí creemos en la necesidad de esa defensa abogamos porque este tipo de filtraciones, un atentado contra nuestra seguridad, no queden impunes. A ellos, muy ufanos por violar las comunicaciones secretas occidentales, hay que animarles a hacer lo mismo en China, Rusia o Irán. Allí no se atreven. Porque quien filtra paga. Y a quien difunde, lo mismo
vienen a buscarle. Y hasta ahí no llega el coraje de estos intrépidos reporteros.
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