Los juristas podrán discutir a gusto en su terreno sobre la constitucionalidad o no de la decisión del Ejecutivo ante esta crisis, pero políticamente no deja de ser chocante la salida del Gobierno. Bien por su incapacidad negociadora, bien por querer dar una imagen de resolución y mando, se abandona todo el procedimiento laboral y civil más básico y se recurre a una alternativa tan radical como inusitada, parapetándose en el malestar de cientos de miles de ciudadanos.
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¿Va a recurrir de nuevo Zapatero y sus ministros a otro estado de alarma ante la próxima crisis laboral? De un Gobierno que tan poco democrático se ha mostrado en estos años y que supura una actitud de prepotencia, así como una creencia de que el Estado es su cortijo (¿no va a nombrar la ministra a quien le salga de los cojones?), concederle que puede comportarse como quiera, sin respeto a los procedimientos básicos de la democracia, es asumir un riesgo innecesario.
Quienes desde la oposición prefieren el fervor entusiasta de los afectados que se han quedado sin sus merecidas vacaciones al respeto a la más estricta legalidad cometen un gravísimo error por no denunciar al Gobierno. En democracia no todo vale. Y el manu militari como resolución de conflictos no es de recibo. Popularidad e ilegalidad pueden ir a veces perfectamente de la mano. Es de políticos responsables luchar contra esa unión nada racional por muy pasional que sea.
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