Juan Ramón Rallo en Libertad Digital Aunque cada vez son menos, todavía los hay que defienden planificar asambleariamente la economía: democracia económica, lo llaman. Al cabo, ¿no sería más lógico que todos los ciudadanos votaran en común cuáles son los bienes y servicios que debe producir la comunidad? ¿Por qué eso ha de determinarlo un grupo de empresarios sin escrúpulos que sólo buscan su lucro personal? Se trata, sin duda, de un pensamiento instintivo –tal vez correcto en grupos humanos de tamaño muy reducido– pero extremadamente erróneo cuando se trata de hacerlo un orden social tan amplio y complejo como son las economías actuales (en realidad, la economía actual, pues gracias al libre comercio la organización económica es internacional).
Los problemas de la democracia económica son dos: los primeros surgen a la hora de seleccionar qué bienes deben ser producidos y los segundos a la hora de escoger cómo deben ser producidos.
¿Qué bienes deben producirse? La cuestión podría parecer sencilla: basta con que la Asamblea someta esta cuestión a votación popular y asunto resuelto; los bienes más votados serán los que pasarán a ser producidos. De acuerdo, pero deténgase un momento y mire a su alrededor: ¿se da cuenta de la enormidad de bienes distintos que le rodean? No se fije sólo en el ordenador, la mesa o el televisor. Piense en los pomos de las puertas, en las baldas de las estanterías, en los cojines del sofá, en el papel blanco (o reciclado) de los libros, en los tornillos que mantienen unidas las piezas que conforman la silla, en las diversas lámparas, bombillas o velas que lo iluminan, en las muy variadas prendas de ropa que lleva puestas o que tiene en su armario, etc. Y todo eso sin salir de casa... ¿Son muchos, verdad? Muy bien, pues ahora piense en todos los bienes que no le rodean porque ni siquiera se han llegado a producir o a imaginar. El número es inabarcable.
Una Asamblea que pretendiera sustituir al mercado tendría que someter a votación qué cantidad debe producirse de todos los bienes que ahora mismo podemos observar (para aprobarlos) pero, también, de todos aquellos que no observamos (para rechazarlos). Y tendría que hacerlo para todas las variantes de esos bienes. Cojamos las camisetas: las hay (o puede haber) rojas, verdes, azules, blancas, negras, estampadas (¿qué tipo de estampado?), de algodón, de lana, de poliéster (o una combinación de ellas), con el cuello redondo, con el cuello en pico, grande, pequeña, mediana, de buena calidad, de mala calidad...
El número de variantes para todos los productos es casi infinito: aquí tiene una lista, no especialmente exhaustiva ni detallada con respecto a la realidad, de todos los productos que deberían como mínimo someterse a sufragio. En otras palabras, la Asamblea –compuesta por toda la sociedad– debería pasarse debatiendo, deliberando y votando la mayor parte de su tiempo. Pues, si de igualar al mercado se trata, no debería tratarse de una votación mensual, anual o decenal, sino diaria, al minuto, continuada.
Parece claro que la sociedad asamblearia debería estar tan focalizada en votar (y en informarse sobre qué votar) que a duras penas podría dedicarse a producir. Por mera división del trabajo, la Asamblea tendería a encargarle la ardua tarea de escoger qué producir a algún planificador central, como sucedía en los países comunistas. Pero, ¿dónde quedaría ahí la democracia asamblearia? ¿Deberíamos contentarnos con consumir lo que ese señor, o grupo de señores, imagina que deseamos?
Sin embargo, el problema de elegir qué producir es meramente trivial al lado del de seleccionar cómo producir los bienes. De nuevo, en principio ésta parece una dificultad meramente técnica: una vez votado que hay que erigir una casa, el arquitecto y el constructor se encargarán de todos los detalles.
Mas el problema sólo es en parte técnico; en su mayoría es económico. Dado que los recursos son escasos, habrá que redistribuirlos entre los bienes que se ha votado fabricar. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, puede que la Asamblea haya decidido a la vez producir 10.000 litros de leche de vaca y 5.000 pares de botas de cuero, pero para manufacturar las botas habrá que sacrificar las vacas, con lo que nos quedaremos sin leche... a menos que criemos más vacas retirando trabajadores de la producción de, verbigracia, colchones. ¿Es preferible la leche, las botas o los colchones (o distintas proporciones de los mismos)? Pero los conflictos entre recursos no terminan ahí: recordemos que más producción de bienes de consumo hoy implica menos producción de bienes de consumo mañana (pues mientras fabricamos bienes de consumo no fabricamos bienes de capital); es decir, también hay que distribuir intertemporalmente los bienes de consumo a fabricar.
¿Debería la Asamblea someter a votación todos los millones de conflictos que surjan entre los usos competitivos de los recursos? Fijémonos en que esto no es un asunto técnico: los técnicos señalan qué recursos necesitan ellos para su línea productiva, pero no pueden valorar si esos recursos son más valiosos en otros procesos fabriles donde también son requeridos. En otras palabras, la Asamblea debería conocer al detalle todos los procesos técnicos y votar dónde cada recurso resulta más valioso. Y, de nuevo, esta tarea no es en absoluto delegable pues, ¿de qué modo podría saber un planificador central cuáles de los millones usos alternativos de los recursos prefiere la sociedad sin siquiera preguntarle?
Queda claro, pues, que la inmensidad de la información necesaria para someter la economía a una democracia asamblearia la haría del todo inviable. El mercado, por suerte para todos nosotros, funciona de un modo radicalmente distinto: no es la colectividad la que tiene que decidirlo todo, sino que cada individuo, de manera descentralizada, es el que tiene la opción de hacer sus propuestas de producción a la sociedad y someterlas en cada momento al sufragio continuado y permanente de los intercambios mutuamente beneficiosos. Cada individuo no tiene que conocerlo todo, sino que basta con que se especialice en una línea productiva muy concreta que atiende a un perfil muy determinado de consumidores.
Estos son los dos obstáculos económicos fundamentales que abocarían al fracaso a cualquier economía asamblearia. Luego hay otro problemilla menor, que no interesa en absoluto a la izquierda pero que sí debería concernirnos a los liberales: la hipótesis implícita a todas las votaciones asamblearias anteriores era que todos los individuos se sometían sin rechistar a los designios de la Asamblea. Si ésta establece que hay que extraer hierro de una mina profundísima para fabricar los motores de los automóviles que se ha votado fabricar, alguien tendrá que extraerlo aunque nadie quiera. Es decir, el tiempo de los distintos miembros de una comunidad pasa a ser un recurso que la Asamblea distribuye como ella escoge: no hay espacio para la libertad, pues la libertad –la autonomía de negarse a realizar la función encomendada por la Asamblea– resulta equivalente a sabotear el plan de producción que ésta ha trazado.
Mucho me temo que la tan democratizadora economía asamblearia es igualita a una tiranía política: miseria generalizada y nula autonomía personal. Todo lo contrario, por fortuna, de lo que ofrece un mercado libre.
